Los activistas ambientales están indefensos. Así lo asegura la organización Greenpeace, que, en un informe titulado el Precio del activismo, destaca que los últimos años han asesinado a más de 340 activistas medioambientales y de derechos humanos, lo que supone una muerte cada poco más de dos días. La ONG subraya que estas cifras revelan la indefensión global a la que se enfrentan aquellos que luchan por defender sus tierras.

América Latina es el país donde más asesinatos se producen: en 2015 fueron asesinados 185 activistas, y 122 fueron en América Latina, de acuerdo con el informe de Global Witness En terreno peligroso, que Greenpeace recoge en su estudio. 

La mayoría de asesinatos se producen en la industria minera y extractiva, con 42 asesinatos, seguidos de la agroindustria, la tala de madera , las presas hidroeléctricas y la caza furtiva.

"Los datos son escalofriantes, y para 2016 esperamos una tendencia al alza, lo cual es terrible. América Latina es el país donde la situación es más grave" denuncia Laura Furones, portavoz de Global Witness.

La corrupción política que sacude los pueblos es el principal motor de estas muertes. Según las ONG's los gobiernos tienen una gran responsabilidad. "Los asesinatos suceden porque estamos conviviendo con proyectos que son impuestos y las comunidades se ven abocadas a protestar por la invasión de tierras" afirma Laura Furones. 

Además, las organizaciones señalan que la falta de consulta por parte de las instituciones a los pueblos sobre que quieren hacer con sus tierras son otro de los problemas. Las empresas imponen acuerdos y negociaciones con grandes empresas que explotan los territorios a los pueblos, sin tener en cuenta a quienes viven de esas tierras y de esta forma se desatan numerosos conflictos.

Asimismo, desde las ONG's señalan a la impunidad de los gobiernos y las autoridades judiciales como la base de esta problemática. "Hoy en día seguimos viviendo la impunidad del crimen, vemos como los autores tanto intelectuales como materiales del crimen siguen impunes y esto abre la puerta a que se siga atentando contra luchadores y activistas" señala Laura Zúñiga hija de Berta Cáceres, activista hondureña asesinada el año pasado.

Honduras es el país que tiene el riesgo más alto del mundo, está considerado el país menos desarrollado y más pobre de Latinoamérica. La situación de empobrecimiento afecta especialmente a la población rural, mientras que,según ha denuncia Global Witness, las élites políticas, empresariales y militares del país participan activamente en megaproyectos nocivos para el medioambiente.

Selva amazónica en el estado de Amazonas. REUTERS / Bruno Kelly

"En Honduras desde 2009 se han otorgado una serie de concesiones a empresas privadas que atacan los territorios las comunidades indígenas, la militarización de la sociedad es fuerte y tenemos que habitar enfrentándonos a un estado frágil, con empresas cargadas de poder", denuncia Laura Zúñiga. 

En este país trabaja el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) para detener la construcción de la presa de Agua Zarca, infraestructura que podría causar la destrucción de bosques nativos y territorios indígenas de Honduras. Esta campaña se ha cobrado en el último año la vida de tres activistas: Berta Cáceres, Nelsón García y Lesbia Yanet Urquía.

Además, Brasil es el país más peligroso para el activismo ambiental con 50 personas asesinadas. El conflicto en este país tiene que ver con el precio de la madera, las comunidades agrícolas están siendo invadidas por plantaciones agrícolas o campamentos madereros ilegales. Según el informe El precio del activismo,  presentado por Greenpeace, la tala ilegal está arrasando la selva tropical y se calcula que el 80% de la madera de Brasil es ilegal y representa un 25% de la madera ilegal de los mercados mundiales. 

Greenpeace denuncia en su informe que en España se está asistiendo en los últimos años a un retroceso imparable tanto de normativas ambientales como de la restricción del derecho a la libertad de expresión. En los últimos años se están llevando a cabo numerosos proyectos de infraestructuras, construcciones y modificaciones que dan cabida a agresiones medioambientales.

El riesgo de ser mujer y activista

En los últimos años muchos de estos atentados contra la vida de los activistas se tuvieron su objetivo en mujeres activistas, Ser mujer supone una amenaza constante sobre sus cuerpos, y muchas de las mujeres que luchan por defender sus tierras son estigmatizadas y perseguidas "el poder siempre ataca con más fuerza a las mujeres y a las diversidades" añade Laura Zúñiga.

"En una sociedad militarizada hay una masculinización de la población, el poder sobre los cuerpos de las mujeres se ha incrementado y esto se agrava cuando son luchadoras, porque se intenta criminalizar a las mujeres por el mero hecho de serlo", denuncia la hija de Berta Cáceres.

En estos países muchas son las mujeres encargadas de defender sus tierras y cuidar de sus casas y familias, "los feminicidios van aumentado de una forma escandalosa y esto se ve agravado por la privatización de las tierras" comenta Gustavo Castro, activista mexicano miembro de Amigos de la Tierra

En los últimos años se han asesinado a decenas de mujeres activistas,además de las ya citadas, Berta Cáceres, Nelsón García y Lesbia Yanet Urquía, Mia Manuelita o Wangari Maathai son algunas de las víctimas del terrorismo contra el activismo ambiental.

Una mujer sujeta un cartel en Honduras en protesta por el asesinato de Berta Cáceres. INTI OCON (AFP)

El 3 de marzo de 2016 se acabó con la vida de Berta Cáceres, ésta fue asesinada como resultado de su campaña para paralizar la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca. Unos hombres armados entraron en su casa y la asesinaron, en el momento del asesinato estaba con ella Gustavo Zarca, activista mexicano, que resultó herido, quien denuncia la irregularidad y falta de transparencia con el que se está investigando el tema.

"Las investigaciones estuvieron llenas de irregularidades e inconsistencia, lo que generó que el gobierna decretase secreto en la investigación, dejándonos fuera de la investigación. En octubre del año pasado le robaron el expediente a la magistrada y tras eso pedimos más transparencia, y participación de la familia y en la investigación. Este asesinato no puede quedar impune" relata Gustavo Castro.

Este asesinato recibió gran atención mediática y se demandó una investigación internacional independiente del asesinato. "Mi madre se tuvo que enfrentar a la criminilzación que la llevó a la cárcel, a las amenazas  durante su vida y al asesinato. Pensar en Berta Cáceres es un símbolo colectivo que representaba un fuerte liderazgo en Honduras, con su asesinato se buscaba acabar con ese símbolo y se atentaba contra nuestra vida y la de planeta" denuncia Laura Zúñiga, hija de la activista.