Pobreza energética: 4,5 millones de españoles esperan el frío sin recursos para combatirlo

Más de un 10% de la población española afronta en una situación de pobreza energética la llegada del frío, una avería social que no va a quedar resuelta con el recién aprobado nuevo bono social eléctrico y que va a tener uno de sus escasos paliativos en las previsiones meteorológicas de la Aemet, que pronostican un otoño con temperaturas suaves previo a un invierno menos crudo que la media.

También fue cálido el anterior, aunque eso no evitó que el termómetro se situara por debajo de los 10 grados negativos en lugares como Salamanca y Albacete ni, tampoco, sucesos luctuosos como la muerte de una anciana en Reus al incendiarse su casa: utilizaba velas para iluminarla después de que Gas Natural le cortara la luz por impago y sin consultar a los servicios sociales.

“Aproximadamente, unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética”, reconoce el Gobierno en el decreto por el que pone en marcha las nuevas normas para acceder al bono social eléctrico, una medida que, según admite el propio Ejecutivo en la memoria previa a su aprobación, no va a atajar ese problema social: calcula que menos de la mitad (el 45%) de los hogares que pueden beneficiarse de esas ayudas se acogerán a ellas, y la cifra de partida incluye, además de a las familias en situación vulnerable por motivos económicos, a las numerosas (más de 200.000 lo tienen concedido) y a aquellas cuyo único ingreso sean pensiones mínimas de jubilación y/o viudedad.

Esos 4,5 millones de personas viven en el 10% de los hogares que no pueden abonar en fecha las facturas de la luz o que, directamente, no tienen medios para mantener su vivienda a una temperatura adecuada. “Es improbable que la totalidad de ellos” llegue a solicitarlo, señala la memoria, mientras varios organismos y agentes sociales critican la complejidad burocrática de las solicitudes, según recoge un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

“No se trata de ampliar sin más”

El Gobierno, por su parte, califica la nueva normativa como “más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España”. “En rigor –añade-, no se trata de ampliar sin más el colectivo de consumidores bajo la protección del bono social, sino de garantizar que la cobertura del bono social atienda eficazmente a todos los consumidores que realmente lo necesitan”.

El nuevo formato del bono social, que eleva de dos a cuatro meses el periodo de impago que permite a las compañías cortar el suministro de electricidad, vincula la concesión del bono a las rentas familiares y elimina perversiones como las que hacían que casi un tercio de los anteriores beneficiarios (706.000 de 2,5 millones fueran segundas residencias) o que dos tercios de las ayudas (100 millones de 173) no tuvieran ninguna vinculación con los ingresos de quienes las recibían.

Sin embargo, incluye lagunas como valorar los ingresos de los hogares sin tener en cuenta su número de miembros, limitar los beneficios a tramos de consumo muy inferiores a los reales y penalizar en la práctica a quienes residen en zonas con climatología extrema.

El Gobierno elude pagar

El Ministerio de Industria revisó el bono social después de que el Supremo tumbara el anterior modelo de financiación, que obligaba a las compañías eléctricas a asumir un factura de entre 180 y 200 millones anuales.

Sin embargo, el Ejecutivo no va a asumir el coste del nuevo sistema, que estima en 236 millones anuales, sino que se lo carga a los servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los cuales, sin recibir ninguna aportación presupuestaria, deberán tramitar las solicitudes y asumir el pago de parte de los recibos de las familias en situación de vulnerabilidad.

De hecho, el Ministerio de Energía ya preveía en la memoria que “el coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias”.

El desmantelamiento del bienestar

“Es una canallada; las eléctricas nunca pierden, van a cobrar de las administraciones, y la responsabilidad de los cortes, cuando los haya, va a ser de los servicios sociales”, señala José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, entidad que estima el coste real de la medida entre 285,9 y 329,9 millones de euros y que calcula que al menos 916.486 hogares están en situación de vulnerabilidad severa por sus bajas rentas.

La configuración del nuevo bono social eléctrico es un episodio más del adelgazamiento del Estado del bienestar en la Administración central en los últimos años, un proceso en el que el abandono del sistema de la dependencia alcanza niveles de tragedia con casi 200.000 muertos en lista de espera en seis años mientras el Gobierno aporta apenas un tercio del dinero que debería, lo que obliga a las comunidades autónomas a asumir una factura millonaria. “En esta legislatura se han mantenido los recortes de los años de plomo, que ascendieron a 5.000 millones a partir de 2012 con el Programa de Estabilidad”, recuerda Ramírez.