El pequeño Nicolás, ¿de Gran Hermano a Soto del Real?

MADRID.- Sólo 30 kilómetros separan la casa de Gran Hermano en Guadalix de la Sierra de la prisión de Soto del Real. En los dos centros hay cámaras y reclusión las 24 horas, eso es lo que le han debido recordar sus abogados al conocido como pequeño Nicolás que ha anunciado que tenía ganas de regresar al concurso de Telecinco. Algunas fuentes cercanas a la cadena explicaban a Público que estaba ya pactado que entre y salga a declarar, para después regresar al encierro televisado.

Y así ha sido, este viernes por la mañana, tras ser repescado anoche por la audiencia del reality, ha acudido al titular del juzgado de instrucción número 2, Arturo Zamarriego, para que de cuentas de los delitos de usurpación de funciones públicas, estafa, cohecho, falsificación de documentos, según se relata en el informe de los policías comisionados por el juez para la investigación. Es la tercera vez que es llamado a declarar y las dos anteriores se negó a hacerlo apelando a que parte del sumario está bajo secreto, lo que le perjudica su defensa.

Sin embargo, el juez ha decidido dividir el caso en piezas separadas. La de este viernes se conoce como Viaje a Ribadeo y las imputaciones por las que tienen que dar cuenta Francisco Nicolás Gómez Iglesias y su portavoz en el reality, el cabo de la Policía Municipal de Madrid Jorge González Hormigos, no están bajo secreto de sumario. Intentan esclarecer la utilización de material de los ayuntamientos de Madrid y Ribadeo (Lugo) para intentar estafar al presidente de ALSA, Jorge Cosmen, haciéndose pasar por enviados de Casa Real, falsificando documentos de organismos oficiales, y anunciando incluso que el rey Felipe VI también asistiría al encuentro.

Sólo por los delitos de esta parte del caso Nicolay puede enfrentarse a entre 5 y 10 años de prisión, una vez sea juzgada en la Audiencia Provincial de Madrid. Esta pieza del caso Nicolay será enviada después de las declaraciones de mañana para que sea juzgada, según aseguran fuentes personadas en la causa consultadas por Público. Pero sus abogados han recurrdio la decisión de dividir el caso en piezas porque cree que de esta forma se puede condenar a su cliente por el mismo motivo, por ejemplo usurpación de funciones públicas o falsificación, en varios procesos y no en una sola causa.

Aunque el órdago que lleva más de un año echándole el presunto estafador al procedimiento podría acelerar su paso por prisión de forma preventiva. De no haberse presentado esta mañana en el banquillo de Plaza de Castilla estaría obligando al juez a enviar a algún cuerpo policial a la casa de Gran Hermano para ser trasladado a la declaración. “Lo que habría sido un circo”, según expresan a Público defensas y acusaciones.

Según explican fuentes de los letrados, “si vuelve a negarse a declarar esta tercera vez y alguna acusación lo pide, ya sea fiscalía o popular, el juez tendría en su mano la posibilidad de enviarle a prisión preventiva debido a su falta de disposición a colaborar con el proceso y por contaminarlo con sus declaraciones públicas”. Es decir, que fiscalía y la acusación popular representada por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) podrían pedir el ingreso en prisión aunque, reconocen algunas de las partes personadas, “que estando dentro de la casa el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas a estas alturas parecen nulas”.

Al margen de esto, aún se siguen investigando diferentes piezas como la relacionada con una presunta revelación de secretos o la que se refiere a sus negocios con el ex presidente de los empresarios madrileños y presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández; y la que sería la causa principal relacionada con diferentes negocios y empresas en España y en Guinea Ecuatorial, sus conversaciones con Javier de la Rosa y la falsificación de documentos tanto del CNI como de la Policía Nacional o vicepresidencia del Gobierno.

Además, tiene abierto otro procedimiento que ya está a la espera de juicio oral por injurias y calumnias tras una querella del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por el que la fiscalía le pide 180.000 euros.