Detenidas 142 personas tras 73 registros en una macrooperación contra la mafia armenia

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra están desarrollando una operación contra la mafia armenia en España en la que se han ordenado 142 detenciones, en su mayor parte de ciudadanos de esa nacionalidad, y 73 registros en Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid y Albacete.

La investigación se inició en 2016, está bajo secreto de sumario y tres de los investigados están ya en prisión provisional comunicada y sin fianza desde hace meses.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha coordinado la investigación policial, ha ofrecido estos datos sobre la operación que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarrasa y que ha permitido destapar una red dedicada, entre otros delitos, al amaño de partidos de tenis, tráfico de drogas, contrabando de tabaco y blanqueo de capitales.

La investigación también ha desvelado la comisión de delitos de organización criminal, contra el patrimonio, corrupción entre particulares, extorsión, amenazas y coacciones, tentativa de asesinato y lesiones, receptación, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y falsedad en documentos oficial y mercantil.

Se ha detectado que en Europa y en España convivían ladrones en ley (jefes) de origen armenio "con poderosas estructuras en el primer escalón delincuencial de estas organizaciones, quienes controlaban y supervisaban actividades criminales hasta ahora desconocidas por la policía, con ámbito en todos los países de la Unión Europea".

Anticorrupción sostiene que esos ladrones en ley gobiernan uno o más territorios, que pueden coincidir o no con las fronteras políticas establecidas y son los responsables últimos y directos de las actividades delictivas que se desarrollan.

Los acuerdos para el reparto y asignación de territorios, así como las especialidades delictivas a desarrollar, se adoptan en las llamadas skhodkas, marco en el que los ladrones en ley establecen las líneas estratégicas donde tienen lugar las nuevas "coronaciones", según la misma fuente. 

Desde el punto de vista económico, estas asociaciones delictivas funcionan y se financian con una caja común ("obschak") que maneja el dinero y lo blanquea, gestionada por el ladrón en ley y a la que todos los integrantes deben contribuir con un porcentaje de los beneficios obtenidos de las actividades criminales que desarrollan.

También deben hacer aportaciones periódicas por el mero hecho de su pertenencia a la organización y cada caja territorial tiene que destinar parte de sus ganancias a la obschak o caja común global.

Por parte de la Policía Nacional, han participado agentes del Grupo II de Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), de la Brigada Central de Delincuencia Especializada, de la Unidad Central de Drogas y Contra el Crimen Organizado, de la Comisaría General de Policía Judicial, del Grupo 3º de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona y del Servicio de Control de Juegos de Azar.

En cuanto a los Mossos d'Esquadra, han tomado parte agentes de la Unidad Central de Organizaciones Criminales Trasnacionales (OCT) del Área Central del Crimen Organizado, de la Comisaría General de Investigación Criminal, y de la UCB, del Área Central de Delitos Económicos de la Comisaría General de Investigación Criminal.