Samar nació en Bélgica por casualidad, cuando su madre, Omaima Hayon, estaba visitando a su familia. Pero desde los siete meses la niña ha vivido en España. Primero en Madrid, por poco tiempo, y después en València. Ya tiene 11 años, estudia sexto curso de primaria y "se le da muy bien", añade su madre. Cuesta creer que Samar sea la única de la familia que siga en situación irregular. "No podemos entender por qué no le dan los papeles", lamenta Hayon.

Tanto la madre como el padre, Morad Mestour, tienen residencia legal en el país desde hace más de diez años (20 en el caso del padre) y están tramitando la nacionalidad. Tienen otra hija de seis años que nació en València y "no tuvo problemas", su nacionalidad es española. En cambio, Samar no existe oficialmente para muchos de los aspectos de su día a día. Por ejemplo, no figura en los registros de la Seguridad Social, comenta la madre, porque no tiene permiso de residencia.

Es menor y sus padres son residentes legales, por lo que puede ir al colegio o al médico con normalidad. Sin embargo, cada trámite supone un esfuerzo extra para sus padres, "un certificado especial, un papel más, siempre es así para todo", desde obtener la tarjeta sanitaria hasta pedir una beca, comenta Hayon. "Lo peor es que no puede viajar. No podemos salir de España sin papeles. Ni siquiera ha podido conocer a sus abuelos ni a sus tíos en Marruecos, y tiene muchas ganas de verlos por primera vez", añade la madre. "A veces se pone triste, claro. Pregunta que por qué su hermana tiene papeles y ella no. No lo entiende", sostiene Hayon.

Tres intentos fallidos

Las razones por las que la niña sigue en situación irregular han ido cambiando desde 2019, cuando comenzaron los trámites para solicitar su autorización de residencia. Reúne todos los requisitos, insiste Francisco Solans, su abogado y portavoz de Extranjeristas en Red. Por eso ha decidido denunciar el caso ante los medios después de tres intentos fallidos ante la Oficina de Extranjería de València, a la que acusa de obstaculizar "con exceso de celo" no solo este caso, sino gran parte de los trámites más habituales en Extranjería.

En esta ocasión, la solicitud de la familia ha sido archivada porque falta un documento: el certificado de empadronamiento. "No es que la niña no está empadronada. Lleva casi toda la vida. Pero el documento que exigen es el empadronamiento específico para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar", explica. Ese detalle no figura en ningún reglamento. De hecho, la web del Portal de Inmigración del Gobierno simplemente detalla que, en su caso, se requiere "documentación acreditativa de la permanencia en España durante un mínimo de dos años".

El papel que le exigen es exactamente igual que el padrón habitual salvo por tres palabras: "Para reagrupación familiar". Solans tilda esta decisión de "absurdo", sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una niña, por lo que darle documentos legales va en línea del interés superior del menor aplicado en estos casos. Este documento no se consigue tan fácilmente como el padrón normal. Hay que pagar unas tasas, pedir cita previa para solicitarlo y recogerlo presencialmente en el Ayuntamiento, razón por la que lo presentaron fuera de plazo. Extranjería denegó la residencia y se archivó la petición.

La primera vez que la familia pidió los papeles para Samar, su padre estaba en paro y no pudieron acreditar los medios económicos requeridos para conseguir sus papeles. Otra vez, denuncia Solans, en una aplicación "demasiado estricta del reglamento". Recurrió la negativa de Extranjería, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià lo denegó y tuvieron que empezar de cero los trámites.

También hubo problemas para acreditar que residían en una vivienda adecuada, ya que la familia vivía de alquiler, pero sin contrato. Solans presentó facturas del pago de suministros y el informe correspondiente, pero tampoco dio resultado. "¿Cuál es el sentido de negarle los papeles una y otra vez a una niña que lleva aquí toda la vida junto a su familia?", se pregunta Solans.

El Defensor del Pueblo pide que rectifique

Tras interponer una queja ante el Defensor del Pueblo, este pidió a la Oficina de Extranjería que revisara el expediente, levantara el archivo y lo admitiera a trámite, ya que tenía todo lo necesario y debía primar el interés superior de la menor. Pero Extranjería no cambió de criterio y el Defensor del Pueblo ha requerido ahora a la Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se pronuncie expresamente sobre este caso. Sin embargo, Extranjería depende del Ministerio del Interior y en última instancia de la Delegación del Gobierno, por lo que Solans tiene poca fe. "Ya ha pasado otras veces, Migraciones se pronuncia a favor de los solicitantes, pero ni con esas ha cambiado de postura esta Oficina de Extranjería", lamenta Solans.

El abogado también ha expuesto el caso a la subdelegada del Gobierno en València, Raquel Ibáñez, de quien depende finalmente aprobar o denegar los permisos de residencia. Solans le envió la carta a mediados de diciembre, pero no ha tenido respuesta. Desde la Delegación del Gobierno aseguran que tienen conocimiento del caso y que confían en que se solucione cuando se "subsane la falta de documentación".

La oficina más restrictiva 

Para Solans, hay una "clara intención obstructiva" por parte de esta oficina de Extranjería que, en su opinión, ha llegado a "extremos intolerables", tanto en los grandes retrasos para resolver expedientes como en sus resoluciones.

Según datos del Portal de Transparencia que solicitó este abogado, las oficinas de Extranjería del País Valencià muestran unos porcentajes de denegación de permisos de residencia bastante superiores a la media del resto del país. En concreto, las oficinas de València, Alacant y Castelló rechazan alrededor del 50% de los expedientes de residencia por arraigo y más del 40% de los expedientes para familiares de ciudadanos de la Unión Europea, dos de las vías más comunes para conseguir los papeles. En el resto de España, se deniegan alrededor de un 32% en el caso de los arraigos y un 20% en el caso de familiares de ciudadanos europeos.