Mujeres discriminadas por la sanidad pública: "Tenemos que pedir créditos de 6.000 euros para tener un hijo"

MADRID.- Cientos de mujeres son discriminadas cada día cuando quieren quedarse embarazadas a través de los tratamientos de fertilidad de la sanidad pública. El motivo: la Orden Ministerial 2065/2014, impuesta y repartida a las comunidades autónomas hace un año por la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, que excluye de los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres sin pareja masculina.

"Tenemos que pedir créditos de 6.000 euros para tener un hijo", explica a este diario Mª Carmen, quien no quiere hacer público su apellido ni el nombre de su mujer. Es la historia de dos ciudadanas que optaron por acudir a una clínica privada y pedir un crédito para quedarse embarazadas, al ser excluidas del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid.

Al igual que ellas, Patricia y Laura (quienes también prefieren mantener sus apellidos en el anonimato) recibieron la negativa de varios hospitales públicos madrileños y por ello eligieron la vía privada para someterse al tratamiento de reproducción asistida. “Pensamos en denunciar, pero preferimos invertir ese dinero en tener a nuestro hijo por lo privado”, cuenta Patricia.

Vivencias que también comparten madres solteras como Pilar Peces, portavoz además de la asociación Madres Solteras Por Elección (MSPE): “Cuando quise tener a mi hijo hace siete años había mucho secretismo al respecto y muchos doctores que no estaban dispuestos a hacerlo”. Madre de un niño de siete años –que tuvo con un tratamiento privado de reproducción asistida–, Peces explica lo difícil que es acceder como madre soltera a estos procesos de fertilidad públicos.

“Las mujeres víctimas de esta discriminación prefieren invertir ese dinero en quedarse embarazadas, antes que gastárselo en tasas judiciales”, explica Isabel Gómez, responsable en la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) de las Políticas de Mujer, Familia y Juristas. Tal y como cuenta esta portavoz, la falta de información sobre si tienen o no derecho a acceder a los tratamientos públicos y el miedo a meterse en los tribunales hacen que estos casos sean prácticamente desconocidos.

Sin embargo, la Justicia ha dado la razón a aquellas mujeres que han decidido denunciar. Es el ejemplo de Verónica y Tania (nombres ficticios para preservar la intimidad de las demandantes), a quienes el Juzgado de lo Social número 18 de la Comunidad de Madrid dio la razón tras su denuncia contra la Consejería de Sanidad y la Fundación Jiménez Díaz por quitarles su derecho a ser madres, tachando la Orden Ministerial de Ana Mato como “discriminatoria”.

A pesar de que la Orden Ministerial es de rango inferior y contraria a la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida –donde se establece el derecho a este tipo de tratamientos con independencia de la orientación sexual– en autonomías como la madrileña los hospitales públicos continúan sin aceptar a parejas del mismo sexo en la reproducción asistida.

Una portavoz del Ministerio de Sanidad consultada por este diario señala que la actual legislación vigente que regula los tratamientos de fertilidad "no tiene el objetivo de discriminar a nadie, sino de unificar criterios y requisitos mínimos para establecer un sistema más efectivo a nivel nacional". Esta fuente señala que la edad –hasta los 40 años– junto con otros factores como la absoluta incompatibilidad para quedarse embarazada, deben cumplirse necesariamente para acceder a estos servicios.

La idea que defiende la portavoz de Sanidad es que la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud está en constante revisión y que su cambio en la época de Ana Mato siguió criterios “estrictamente económicos”. Así, esta fuente del ministerio destaca que "sólo se atenderá a quienes no sean fértiles y demuestren la ausencia de consecución de embarazo, tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal y sin empleo de métodos anticonceptivos".

Este punto en concreto de la Orden Ministerial ha sido muy criticada por parejas del mismo sexo, juristas y colectivos en defensa de los derechos básicos de la mujer, que entienden que tener que justificar un año de relaciones sexuales con un hombre es discriminatorio para lesbianas o madres solteras.

Además, estos criterios económicos no se sostienen si tenemos en cuenta que en una pareja heterosexual en la que el varón es infértil o cuyos gametos son incompatibles con los de su mujer, el tratamiento de fertilidad al que accede esa mujer es el mismo al de una soltera o una pareja de lesbianas. Asimismo, en el caso de madre única o personas del mismo sexo, esta prueba de fertilidad se realiza a una sola persona y no a dos, reduciéndose a la mitad los gastos sanitarios.

Doctores como Santiago Barambio Bermúdez ya se han posicionado ante esta injusta medida, que tachan de “inconstitucional” y de entrar en conflicto con el código deontológico de muchos profesionales de la medicina. “En la época de Ana Mato se impidió que una mujer sin varón pudiera ser madre y estas decisiones siguen vigentes hoy en día”, critica este doctor, que considera este reglamento una medida ideológica.

Así, Barambio Bermúdez explica cómo la Orden Ministerial de Mato contraviene pactos previamente aceptados en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, donde 180 países entre los que se encontraba España pusieron como meta el año 2015 para lograr el acceso universal a los servicios de salud de la reproducción.

Mientras Andalucía, País Vasco, Asturias o Canarias se opusieron a esta normativa de Ana Mato, por entender que independientemente de si se es o no fértil, si dos mujeres son pareja necesitan un tratamiento de fertilidad para poder ser madres; en otras autonomías como la madrileña sigue siendo imposible acceder a estos tratamientos.

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, la presidenta Cristina Cifuentes anunció a principios de octubre que la administración regional dará entrada de forma inmediata a todas las mujeres en los tratamientos públicos de reproducción asistida, con independencia de su orientación sexual y de si tienen o no pareja. Declaraciones que, según Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres y portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres, solo demuestran como hasta ahora en esta comunidad “muchas mujeres han sido discriminadas”.

Todas las mujeres que se ven obligadas a acudir al sistema privado de fertilidad tienen que pagar, por la medicación y el proceso de fecundación, cifras altísimas de dinero. En el caso de que sólo necesitasen una inseminación –teniendo en cuenta las pastillas correspondientes– tendrían que pagar un mínimo de 1.800 euros por un solo intento para ser madres, según cifras facilitadas por MSPE.

En el caso de una fecundación in vitro, una pareja del mismo sexo o una madre soltera tendría que ahorrar aproximadamente entre 6.000 y 7.000 euros sólo por el proceso, a lo que hay que sumar unos 1.200 euros de la medicación correspondiente. Por último, si la paciente necesitara un óvulo donante, la cifra podría ascender a los 8.000 euros.