La pandemia ha recrudecido la situación de las personas migradas en Catalunya y el Estado, sometidas a una precariedad y racismo estructurales que dificultan tirar adelante su proyecto vital. Este año se han cumplido 20 años de una victoria histórica para el movimiento. En 2001, tras 47 días de encierro –15 en huelga de hambre– en la Església del Pi, en Barcelona, se consiguió la regularización de medio millón de personas en el Estado.

Dos décadas más tarde, aquel sigue siendo el mayor éxito del movimiento. En 2017 la campaña Volem Acollir sacó a la calle a medio millón de personas a favor de la acogida de refugiados, pero más allá de crear conciencia ciudadana, no consiguió cambios reales. Aunque hay mucha autoorganización, las últimas iniciativas no han salido adelante y los colectivos migrantes ven como sus demandas siguen sin ser escuchadas mientras el racismo aumenta.

El encierro en el Pi empezó con una modificación del gobierno de José María Aznar de la Ley de Extranjería, que establecía la expulsión de todas las personas en situación administrativa irregular en cuanto entrara en vigor, el 23 de enero de 2001. "Decidimos que haríamos un encierro simbólico", cuenta Norma Falconi, portavoz de Papeles para Todos y firmante de los acuerdos que se derivaron de aquel encierro. "Entramos 350 personas, y por la tarde ya había una fila de personas que quería entrar", explica la activista. Al final hubo alrededor de una decena de iglesias ocupadas en Barcelona y Cornellà de Llobregat, entre las cuales una de mujeres, y más de 1.500 personas dentro. También hubo encierros en el resto del Estado.

"Decidimos que no salíamos de ahí hasta que nos dieran los papeles", explica la activista, una de las caras visibles de la protesta. Y así fue. Después de una larga mediación del entonces presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, como "garantía", el 7 de marzo de 2001 los migrantes decidieron salir, "con el resguardo [del permiso de residencia] en la mano. Al día siguiente, Falconi firmó el acuerdo por el que se regularizaba a alrededor de medio millón de personas en toda España. "Le dimos un golazo al gobierno del PP".

"Fue una primera victoria muy importante, significó papeles para muchos y un ejemplo de que los migrantes pueden conseguir cosas", señala Enrique Mosquera, miembro de Papeles para Todos y también presente en el encierro. Ambos apuntan a la "solidaridad" recibida, tanto de parte de vecinos como colectivos y personas relevantes, como Oliveres. Antes no había habido una movilización tan grande, pero la dureza de la reforma impulsó una reacción "que no se esperaban".

En 2005 se consiguió otra vez una regularización masiva, que benefició a alrededor de 600.000 personas. "Pero se quedó ahí", lamenta Falconi. No ha habido otra igual, ni tampoco mejoras sustanciales de la Ley de Extranjería. "Siempre que se ha reformado ha sido para peor", critica Mosquera. Solo se han conseguido "mínimas flexibilizaciones", añade Falconi.

Crisis de refugiados

Años después y a raíz de la crisis de refugiados en Europa, en 2017 hubo una gran movilización con la campaña Volem Acollir. El colectivo Casa Nostra Casa Vostra organizó un concierto en el Palau Sant Jordi y sacó a más de medio millón de personas a la calle en una marcha por los derechos de los refugiados que recorrió el centro de Barcelona.

"Con unas 200 entidades conseguimos organizar la manifestación a favor de la acogida más grande del mundo", señala Xavi Rossinyol, uno de los fundadores. Pese a la movilización, "es evidente que esto no se tradujo en un cambio de políticas y que hay mucho trabajo por hacer", añade. Todos los activistas entrevistados coinciden: "Fue un esfuerzo enorme que no llegó a nada".

También en 2017, la Tancada Migrant en la antigua escuela Massana recogió el testigo de encierros previos. Aunque la apoyaron decenas de organizaciones, fue perdiendo fuerza y la mayoría se retiraron. A día de hoy, algunas decenas de personas siguen viviendo en el edificio ocupado, pero desarrollan actividad política de forma puntual. "La gente no tiene lugar donde vivir, es preferible vivir ahí que en la calle", apunta Esteban Yanischevsky, uno de los activistas que sigue implicado.

Con la pandemia, la regularización masiva volvió a la agenda con la campaña Regularización Ya, impulsada por más de cien organizaciones. Llegó al Congreso, pero fue tumbada. Falconi señala que fue "un golpe" porque después del esfuerzo de salir a la calle en pandemia para "luchar", “el gobierno se atrevió a decir que no". "Como el PSOE no quería regularizar, no ha regularizado", añade Mosquera.

"La sensación es desoladora", señala Mohamed, miembro del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona. La Ley de Extranjería prevé la regularización en situaciones excepcionales, como una pandemia: "No se solicitaba un favor, era cumplir la ley". El mantero apunta como el lema de "No dejar a nadie atrás" ha quedado en papel mojado: "Los inmigrantes y refugiados no solo han quedado atrás, sino fuera del circuito".

Más autoorganización

En los 20 años desde el encierro en el Pi, los activistas señalan que la autoorganización de las personas migradas ha aumentado. "Es muy importante para pelear contra la invisibilidad y la falta de derechos", afirma Falconi. Se han creado sindicatos como Sindihogar/Sindillar, de trabajadoras del hogar, y el Sindicato Popular De Vendedores Ambulantes de Barcelona, entre otros.

Los manteros dieron este paso en 2015 tras la muerte del mantero Mor Sylla en Salou, pese a que ya estaban organizados antes. "Se autoproclamó un sindicato para defendernos y defender la vida", afirma Mohamed. Pese a esto, los entrevistados lamentan también un aumento del racismo, con una fuerte campaña de "criminalización" de los migrantes por parte de partidos y gobiernos.