El cuerpo sin vida de Mamadou Barry fue enterrado en Melilla el pasado 20 de marzo. Tenía 17 años, era de Guinea Conakry y residía en el Centro Educativo de Menores Infractores de Melilla, conocido como Centro de Reforma Baluarte. El 22 de diciembre de 2017, el joven moría en el Hospital de Melilla después de pasar 20 días en coma.

Llegó a la UCI directamente desde el centro, donde se desvaneció al entrar en parada cardiorrespiratoria al pelearse con otro compañero y ser reducido por el personal de seguridad, según explicó en su momento el consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura. El presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, denunció que el chico tuvo que ser trasladado al hospital tras “recibir una paliza en el centro”. Las declaraciones no sentaron bien al Gobierno local, que anunció una querella contra Palazón, aunque a día de hoy, aún no se le ha notificado.

Ahora, el Defensor del Pueblo ha emitido un informe en el que advierte “cierta rudeza” por parte del personal del centro a la hora de contener a Mamadou. La observación forma parte del informe realizado tras varias visitas multidisciplinares al centro en las que los técnicos del Defensor del Pueblo pudieron examinar las instalaciones, entrevistarse con los menores y con el director.

En el documento, el órgano indica que tuvo “problemas para acceder a las grabaciones de los incidentes”, aunque posteriormente le fueron remitidas por la Consejería de Bienestar Social, y recuerda al personal que deben aplicar los medios de contención física y mecánica siguiendo los principios de respeto a la dignidad personal, proporcionalidad, intervención mínima y temporalidad, tal y como establece el protocolo.

Un protocolo que, por otra parte, no se ha trabajado con los encargados de aplicarlo tras el fatal desenlace, según aprecia el Defensor del Pueblo. En el documento, el órgano también sugiere que se especifique el número de personas que deben aplicar el protocolo para inmovilizar a los menores en situaciones así.

Según comunicó la Fundación Diagrama, encargada de la gestión del centro, fueron cuatro empleados los que aplicaron la maniobra de contención al joven fallecido que, acto seguido, cayó al suelo sin pulso y sin respiración. Fue atendido por los servicios médicos del centro y trasladado al hospital, donde acabó falleciendo 20 días después.

Sin autopsia forense

Ventura explicó que Mamadou sufría una enfermedad cardíaca congénita, aunque nunca ha mostrado documentos que lo acrediten. De hecho, la causa de la parada cardiorrespiratoria sigue siendo un misterio. Según José Palazón, al menor guineano se le realizó una autopsia clínica, que “solo determina que la muerte se produjo por una parada cardiorespiratoria, que es como muere todo el mundo”. "Para determinar el origen de la parada se tendría que haber hecho una autopsia forense, pero posiblemente no se haga nunca porque el chaval fue enterrado rápidamente, sin el consentimiento de su madre ni su abogada”, lamenta el presidente de Prodein.

El informe del Defensor del Pueblo también detalla malas condiciones en las instalaciones del centro como humedades, bajas temperatura en las estancias y ausencia de agua caliente en las duchas, la falta de un sistema centralizado de apertura mecánica de puertas e interfonos en las habitaciones. Señala que no se realizan analíticas de sangre ni control de enfermedades de transmisión sexual a la llegada de los menores al centro y pide que se preste atención psicológica individualizada a los internados que la requieran. Sugerencias que aún están a la espera de respuesta por parte de la Consejería.

Ante las observaciones del Defensor del Pueblo, Daniel Ventura ha criticado el informe porque “siembra una duda muy preocupante” entre la población y entre los propios menores acogidos por Bienestar Social, declaró al Faro de Melilla Para el Consejero, “los trabajadores que llevaron a cabo la contención del joven lo hicieron siguiendo el protocolo establecido y fue por una mera cuestión de seguridad”, e insiste en que Mamadou murió por una parada cardiorrespiratoria. “Si las autoridades judiciales tuvieran que seguir investigando, nosotros estamos a favor de que hagan su trabajo”, recalcó el consejero.

Respecto a las demás apreciaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo, Ventura ha afirmado que suponen un “círculo vicioso y muy complicado”, ya que reciben gran cantidad de ellas y responderlas “provoca una ralentización importante de los procedimientos administrativos que tienen que ver con los menores, como llevar a cabo los registros, la escolarización, documentarlos o sacarles la tarjeta sanitaria”.