Medio ambienteEquo lleva ante la Fiscalía una posible trama de incendios en vertederos

El partido Equo ha llevado ante la Fiscalía de Medio Ambiente las decenas de incendios que se vienen produciendo en plantas de tratamiento de residuos de toda España para que investigue si existe una trama corrupta detrás de estos sucesos.

“Pensamos que el número de incendios es excesivo y que su incremento no es casual, porque no hay ninguna razón natural que pueda explicarlo. Pedimos a la Fiscalía que investigue si puede existir un nexo común en todos ellos, un mismo modus operandi o determinados intereses económicos”, ha explicado el diputado de Unidos Podemos y coportavoz de Equo, Juantxó López de Uralde, a la salida de la Fiscalía General del Estado este martes.

Aunque hay algunos casos sonados, como el del vertedero de neumáticos de Seseña, la planta de reciclaje de productos industriales de Chiloeches (Guadalajara) o el más reciente en una planta de reciclaje de Córdoba, los incendios en este tipo de instalaciones son numerosos y cada vez más frecuentes. Según la página BlogSOStenible, que lleva contabilizándolos desde 2012, en los últimos cinco años se han producido al menos 145 fuegos en plantas de tratamiento de residuos de todas las comunidades autónomas a excepción de Cantabria. Unos sucesos que además han ido en aumento: fueron 10 en el año 2012, 17 en 2013, 12 en 2014, 18 en 2015, 32 en 2016 y han superado el medio centenar (53) en lo que va de 2017. Algunos casos, como el Chiloeches, que ha ardido siete veces en dos años, son especialmente llamativos. El recuento, no obstante, no es exhaustivo –advierten los autores- que creen que seguramente habrá más casos que no hayan sido reportados por la prensa.

En la mayor parte de ellos no se conocen las causas y pocos o muy pocos han derivado en un proceso judicial.

En 2017 los incendios en vertederos se han disparado hasta los 53

“Llama mucho la atención el silencio que rodea a estos casos, que todas las administraciones miren para otro lado y que muy pocos hayan acabado en los tribunales”, señala López de Uralde, que ha recordado que se trata de sucesos que provocan “emisiones altamente tóxicas cerca de poblaciones”.

Algunas organizaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción, llevan años pidiendo que se investiguen las causas de estos incendios y denunciando las “mafias organizadas” que existen detrás de la gestión de residuos. La denuncia presentada por Equo apunta también a que “pudiera esconderse un interés económico para deshacerse de unos residuos por la vía rápida sin darles el tratamiento adecuado”.

Un modelo deficiente

El modelo de gestión es, cuando menos, cuestionable. Por lo general, las administraciones y productores de residuos pagan a las empresas por adelantado por hacerse cargo del servicio de reciclaje, aunque los controles y el seguimiento que se hacen posteriormente de ese material es casi inexistente. Como gestionar los residuos una vez recogidos es caro, los denunciantes sospechan que algunas empresas puedan optar por quemarlos y ahorrarse los costes. Otras veces se almacenan en grandes cantidades, para hacer más rentable el proceso, con el consiguiente riesgo de que finalmente termine ardiendo.

“En Chiloeches se ha demostrado que los residuos tóxicos iban de Madrid a Guadalajara y después volvían a un vertedero de Madrid ocultos entre escombros, ahorrándose un dinero importante. Madrid pagaba por la gestión de unos residuos en Guadalajara que no eran tratados y terminaban de nuevo aquí”, ha señalado Alejandro Sánchez, diputado de la formación en la Asamblea de Madrid.

El último incendio en una planta de Córdoba el pasado octubre también ha revelado irregularidades en la gestión del servicio que prestaba la empresa Recicor XXI.

El sistema, además, es deficiente. El propio Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (Pemar) advierte de la baja eficiencia de las plantas de tratamiento en España, debido, en gran medida, a que la mayor parte de los residuos que llegan están mezclados. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por albergar una treintena de vertederos ilegales distribuidos por todo el territorio nacional y que hace años que debían haber sido acondicionados o clausurados.