"Estoy absolutamente convencido que las autoridades competentes actuaron con el convencimiento pleno de ajustar su actuación al ordenamiento jurídico e inspirados en todo momento por el interés del menor". Así ha reaccionado el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, a la sentencia del Tribunal Supremo que certifica que las devoluciones de varios menores marroquíes llegados a Ceuta en 2021 fueron ilegales y se realizaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería y el el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe "de manera lapidaria" este tipo de retornos.

En declaraciones a los medios, previas a su comparecencia en la comisión de Interior en el Congreso, Marlaska ha asegurado que respeta la decisión judicial. Sin embargo, trata de eludir cualquier responsabilidad propia o de la Administración ceutí insistiendo en que todo el proceso se llevó a cabo pensando que se ajustaba a la ley.

Marlaska, juez de carrera, estaba al corriente de proceso de devolución de estos menores en agosto de 2021, que se saldó con unos 50 chicos devueltos a Marruecos hasta que un juzgado de Ceuta las paralizó por no seguir de ninguna manera la legalidad vigente.

Tras dejar claro que el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, Marlaska ha defendido que las autoridades competentes en la materia "actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor".

El mismo argumento ha deslizado este martes el Gobierno de Ceuta (PP). Su responsable del área de menores, Alberto Gaitán, ha asegurado que el Gobierno Local "estaba convencido que se actuaba conforme a la Ley debido la magnitud y gravedad que vivía Ceuta tras la crisis migratoria de mayo 2021". Justifica el error en la necesidad de agilizar los mecanismo de devolución de menores, para lo que la ciudad autónoma necesitaba la ayuda del Estado.

Diferentes colectivos llevaron el caso ante los tribunales alegando precisamente lo contrario, y la propia Fiscalía de menores coincidía en que no se siguieron los requisitos que la ley marca para efectuar devoluciones de menores no acompañados. 

Las posturas de Marlaska y del Gobierno de Ceuta contrastan con la de la entonces directora del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, que, a la vista del operativo, comunicó a las autoridades implicadas sus visos de ilegalidad: "A la vista de que el procedimiento no es acorde a la legislación nacional, europea e internacional, lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos", dijo en un email el 12 de agosto de 2021. A pesar del aviso, al día siguiente comenzaron las devoluciones de menores en grupos de 15 tras haberse celebrado varias reuniones entre autoridades españolas y marroquíes.