UltraderechaUn limbo legal deja impune el acoso ultra a 400 cargos públicos en Zaragoza

La concentración ilegal de ultras que el 24 de septiembre acosó la asamblea de parlamentarios convocada por Unidos Podemos en Zaragoza, en la que participaron 400 cargos públicos estatales, autonómicos y locales de una docena de partidos y confluencias, lleva camino de quedar impune como consecuencia de un limbo legal.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía identificaron a quince de las 600 personas que esa mañana participaron en una concentración sin autorización de más de tres horas a las puertas del pabellón Siglo XXI durante la que se cometieron varios delitos que investiga la Policía: uno de atentado, por el botellazo que recibió la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, y otro de daños, por los destrozos perpetrados en un coche de TV3.

Y, posiblemente y según apuntan fuentes jurídicas, otro de coacciones o de desórdenes, ya que, por una parte, los 400 cargos públicos se vieron obligados a permanecer recluidos durante varias horas en el pabellón por indicación de las fuerzas de seguridad para evitar ser agredidos y/o insultados y, por otra, varias decenas de ellos tuvieron que ser escoltados para garantizar su integridad física cuando se dirigieron a la estación de tren tras la asamblea.

Sin embargo, los datos de los quince identificados en la concentración ultra (“en política, extremista”) no han llegado todavía a la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, según confirmó un portavoz de esta, por lo que no ha podido abrirles sendos expedientes sancionadores de la Ley de Seguridad Ciudadana, que castiga con multas de hasta 30.000 euros la participación en concentraciones no autorizadas. Y nada apunta a que ese atestado vaya a serle remitido a corto o medio plazo.

Un atestado atascado en un limbo

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón explicaron que esas identificaciones serán remitidas al juzgado (Instrucción 9 estaba ese día de guardia) como parte del atestado de las investigaciones de los delitos de atentado y de daños. Sería el juez quien, tras valorar su relación indiciaria con el atentado y los daños, decidirá si los encarta en la causa penal o se las comunica a la Subdelegación para que esta les abra expedientes sancionadores por participar en la concentración ilegal. Fue convocada a través de las redes sociales por organizaciones del espectro de la ultraderecha, como el MSR, y en ella participaron algunos cargos locales del PP.

El informe sigue en Jefatura, cuyo archivo opera como limbo jurídico tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las fuerzas de seguridad solo deben remitir los atestados a los juzgados cuando estos señalen a algún sospechoso, y eso no se ha producido en este caso al no haber sido identificados el agresor de Barba ni quien atacó al coche de TV3.

Hay dos excepciones a esa regla que tampoco se dan. Una es que reclame las pesquisas un juez o un fiscal. La otra, que se trate de homicidios o asesinatos, de delitos sexuales, de casos de corrupción o de ataques a la integridad física. El atentado a la autoridad, aunque sea perpetrado mediante un botellazo a una persona, es un delito contra el orden público y los daños no entran en esa lista.

Prescripciones y confesiones

En este caso, el tiempo corre a favor de los quince identificados, ya que se enfrentan a una eventual sanción por una infracción leve o grave, las cuales caducan, respectivamente, a los seis meses y al año de su comisión si antes no se ha puesto en marcha un expediente sancionador.

Por otro lado, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Zaragoza ha citado para el próximo viernes al coordinador de IU, Alberto Garzón; al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique; a la diputada de esa formación María Teresa Arévalo, a la periodista Rosa María Artal, al dirigente Ezker Anitza-IU Xabier Pombo y al catedrático Francisco Javier Lucas para un acto de conciliación previo a la demanda civil que les han interpuesto varios participantes en esa concentración, que consideran injurioso que utilizaran el calificativo de “nazi” para referirse a ellos.

Fuentes policiales admiten que esa demanda puede acabar con los denunciantes expedientados, ya que supone confesar que participaron en una concentración no autorizada.