El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que la ley de Castilla y León, que permitía la caza del lobo ibérico, viola el derecho europeo. La legislación autonómica, aprobada en 2019, declaraba este animal como especie cazable en terrenos situados al norte del río Duero entre 2019 y 2022, lo que ponía en peligro a 339 ejemplares. La sentencia contradice la postura del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que defendía unas políticas ineficaces para asegurar la conservación de este animal.

En concreto, la corte europea ha determinado que el lobo ibérico no puede ser declarada cazable en una región de un país miembro cuando su estado de conservación es desfavorable a nivel nacional. El TJUE ha respondido así a una consulta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, originada por un recurso interpuesto por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).

La portavoz nacional de PACMA, Yolanda Morales, ha considerado que la noticia es "muy positiva", en declaraciones a este diario. "Hay que respetar el estado de conservación de las especies con independencia de la acción humana", ha subrayado.

Según un informe presentado por España a la Comisión Europea en 2019, el estado de conservación del lobo en el período 2013-2018 era "desfavorable-inadecuado" en las regiones Mediterránea, Atlántica y Alpina, que incluyen a Castilla y León.

La legislación española, en consonancia con la directiva sobre los hábitats, protege rigurosamente a las poblaciones de lobos situadas al sur del Duero, mientras que las del norte pueden ser gestionadas. Sin embargo, el TJUE aclara que esta gestión no implica necesariamente un estado de conservación favorable y que las medidas deben enfocarse en mantener o restablecer la especie en condiciones adecuadas.

"Nos parece una decisión acertada y adecuada", ha celebrado Morales en declaraciones a este medio. Además, la de PACMA ha denunciado la desinformación en torno a los animales que mueren por ataques del lobo ibérico. "Normalmente se requieren estudios de ADN para comprobar si un animal ha muerto como resultado del ataque de un lobo y eso se está haciendo de manera muy residual", explica.

Ante la incertidumbre, protección de la especie

La corte europea enfatiza que cualquier decisión que permita la caza debe estar justificada y basada en datos científicos sobre el estado de conservación de la especie. En el caso de Castilla y León, las autoridades no consideraron el informe de 2019 que señalaba un estado de conservación desfavorable del lobo en España. El TJUE subraya que, en situaciones de incertidumbre sobre los riesgos para una especie, se deben implementar medidas de protección como la restricción o prohibición de la caza.

La sentencia recalca que la finalidad de las medidas de gestión debe ser la conservación favorable de la especie. Si dichas medidas incluyen la caza, deben restringirla y no ampliarla, y pueden llegar a prohibirla si es necesario. La corte europea insta a que las decisiones sobre la caza de especies en peligro se basen en la vigilancia continua y datos actualizados proporcionados por los Estados miembros.

El TJUE también señala que las autoridades deben adoptar medidas para mejorar el estado de conservación de una especie cuando se encuentra en condiciones desfavorables. Estas medidas deben asegurar que las poblaciones de la especie alcancen un estado de conservación sostenible.

En conclusión, la sentencia del TJUE invalida la ley de Castilla y León que permitía la caza del lobo ibérico, destacando la importancia de proteger especies en estado de conservación desfavorable y la necesidad de basar las decisiones en datos científicos actualizados. La sentencia insta a las autoridades a tomar medidas de protección estrictas para garantizar la conservación y recuperación de estas especies.