Atentado contra la autoridad y lesiones. Son dos cargos tan comunes después de una manifestación con detenidos que muchos activistas los consideran sistemáticos, sobre todo en momentos de auge de la protesta social. Pero, cuando el ciclo de movilizaciones acaba, llegan las peticiones de cárcel y los juicios, todos basados en atestados e informes policiales que, en un gran número de casos, se están demostrando falsos.

Atentado y lesiones son los cargos por los que Óscar, Cristóbal y José Manuel pueden acabar en la cárcel. Este martes se sientan en el banquillo de los Juzgados de lo Penal de Getafe. Allí se enfrentarán a una petición de ocho años de cárcel en total y multas por valor de 2.600 euros por, supuestamente, agredir a seis policías en octubre de 2013. “Rechazamos estas acusaciones que calificamos, sin ambages de ningún tipo, como falsas, defendemos su inocencia y solicitamos la libre absolución de nuestros compañeros”, afirma en un comunicado el grupo de apoyo a estos tres manifestantes que ya son conocidos como Los 3 del pregón.

El grupo de apoyo a 'los 3 del pregón' convoca a una concentración el día del juicio en Getafe.

Eras las fiestas de San Nicasio, un barrio de la ciudad madrileña de Leganés. Durante el pregón, en el que participaba el entonces alcalde del PP, Jesús Gómez, un grupo amplio de personas decidió hacer visible su protesta. “Había gente de muchos colectivos. De la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), residentes en bloques de pisos del IVIMA que el Gobierno regional estaba vendiendo al fondo buitre de Goldman Sanchs, afectados por las preferentes, por la educación pública”, recuerda José Manuel Barbé, uno de los acusados. Cuatro años después, José Manuel es concejal en el Ayuntamiento de Leganés, a donde llegó por la candidatura de unidad popular Leganemos, aunque ahora es edil no adscrito por problemas internos. “En aquella época ni siquiera imaginé que iba a ser concejal”, afirma.

Incoherencias y listas negras de activistas

“Dicen que di patadas y puñetazos a dos policías nacionales y me piden dos años de cárcel. En total se cita a seis policías nacionales a los que supuestamente golpeamos repetidas veces, pero vemos muchas incoherencias entre la acusación y los atestados policiales”, explica José Manuel, que denuncia “un montaje policial contra personas señaladas por su activismo”.

“Hicimos ruido durante los discursos del alcalde y los concejales y algunas personas siguieron protestando cuando terminó, junto a la caseta de fiestas del PP. Vimos que hubo gestos y conversaciones entre concejales del PP y los policías y entonces llegó una carga policial inesperada. Varios menores resultaron heridos y hubo tres detenidos. Nosotros”, rememora el concejal.

Denuncia que las detenciones fueron arbitrarias, pero no casuales. Sabían a quién tenían que detener. “Era la época en la que aparecieron las listas negras de activistas de Cifuentes”, afirma este acusado, alarmado porque existan “ficheros policiales paralelos de personas sin antecedentes de ningún tipo”. De hecho, José Manuel, con el tiempo, está convencido de que había órdenes para detenerle. “Antes del pregón, un inspector de policía me increpaba de buenas maneras. Me preguntaba que cómo iba a terminar la noche, que si la iba a liar. Yo intentaba pasar de él, pero cuando me llamó por mi nombre y apellidos fue evidente que me seguían la pista”, lamenta.

Es más, a Óscar, otro de los detenidos aquél día, le señalan directamente durante la carga, explica José Manuel. “Hay testigos que oyen al mismo inspector decir “a por Óscar, a por ese” a varios policías de paisano. Y le detienen esos policías. Le golpean, le patean, le arrastran por el recinto ferial y se lo intentan llevar detrás de una caseta. Por suerte estaba mucha gente alrededor, pero era evidente que iban a golpearle”, denuncia.

Un torturador franquista, al mando del operativo policial

Para estos activistas, hay una coincidencia clave. Una semana antes de las detenciones se conocía que Jesús González Reglero, entonces comisario jefe de la comisaría de Policía de Leganés, fue uno de los torturadores en las cárceles del franquismo. Su nombre aparecía en la querella argentina, junto al de Billy el niño  o Jesús Muñecas. Una de las víctimas aseguraba que era él quien le “golpeaba en la cara y en la entrepierna con cadenas” en los calabozos.

Hoy está en busca y captura internacional, está jubilado con honores y aquel día estaba al mando del operativo policial que cargó con los activistas. “Estábamos denunciando que siguiera como comisario siendo un torturador buscado por la justicia”, recuerda José Manuel, que a estas alturas no cree en las casualidades. “No teníamos antecedentes ni problemas con la justicia. En cuanto difundimos y denunciamos esa noticia fuimos detenidos sin motivo, a la vista de todo el mundo. Era un claro escarmiento”, apunta el encausado.

“El primer mes consiguieron lo que buscaban: dejé de militar, de ir a manifestaciones, a huelgas y actos públicos. Pero llegó un momento en el que dije que esa falsa acusación no podía callarme ni cambiar mi estilo de vida”, asegura. Cuatro años después, confía en la absolución porque “estamos viendo como las versiones policiales se van cayendo durante los juicios”, pero recuerda que no se puede confiar del todo. “Soy consciente del país en el que vivo, condenado por no respetar del todo la legalidad europea, por violar derechos humanos, que no ha depurado responsabilidades por los crímenes del franquismo. Un país corrupto. Pero sí me queda la tranquilidad de que, durante el pleno del Ayuntamiento veo a gente de un partido imputado por corrupción. Ése es un delito grave y dañino para los ciudadanos, y no el mío, manifestarme pacíficamente”, concluye.