Desde hace dos años, despacio pero de forma aparentemente imparable, se abre paso en el seno de la Unión Europea una propuesta de Directiva sobre Derechos de Autor de la Comisión que pretende actualizar la existente —de 2011— al mundo de los contenidos digitales. Como viene siendo habitual, el choque entre la protección del copyright de los contenidos y la libertad de información es inevitable.

En teoría, la Directiva de Derechos de Autor es un intento de remodelar los derechos de autor de Internet, para sobre todo "reequilibrar" la relación entre los titulares de derechos de autor y las plataformas en línea.

No obstante, son muchas las voces que se están levantando contra estas medidas que, de prosperar, no se pondrían en marcha hasta el próximo año, como muy pronto. Los críticos contra esta futura normativa consideran errónea la forma en que aborda la interacción de los usuarios con los contenidos, ya que puede abrir la puerta a la eliminación de contenidos previo a su publicación y de forma automática. Es decir, denuncian que sería la creación de la perfecta "máquina de censura".

De hecho, existen ya campañas paneuropeas de creadores de contenidos e iniciativas para contactar directamente con los europarlamentarios, con el fin de detener la tramitación de esta normativa que, si no se modifica a tiempo, podrían "destruir internet tal como lo conocemos".

En España, el colectivo XNet, uno de los más críticos y activos contra la propuesta de directiva, también llama a la acción contra lo que consideran "censura algorítmica", también con herramientas que buscan contactar y convencer a los europarlamentarios, uno a uno, de que tumben el texto.

La Asociación de Internautas se suma a las reivindicaciones y anima a todo el mundo a contactar con los eurodiputados de cada país de tres formas diferentes: "Enviando un e-mail, tuiteando en el perfil de los parlamentarios o incluso haciendo una llamada telefónica gratuita para decirles personalmente cuál es el Internet que queremos para el futuro", informan en una nota.

En concreto, existen dos artículos que preocupan mucho a los defensores de las libertades y derechos de los usuarios: el 11 y el 13.

El artículo 11

El artículo 11 del texto de la Directiva propuesta otorga un nuevo derecho de autor complementario a los editores, algo parecido al #canonAEDE en España. El impuesto propuesto en la Directiva consiste en dar a los editores derechos exclusivos sobre todos los fragmentos de datos —que vayan más allá de una cita breve, lo que quiera que ello signifique— durante 20 años.

Este artículo se refiere a un nuevo "derecho accesorio" para los editores de prensa. Esto restringiría el derecho a citar cualquier cosa más que breves fragmentos (de duración indefinida) de noticias que se hayan publicado en los últimos 20 años.

Algunos, como la Electronic Frontier Foundation (EFF), denuncian que, tal y como está redactado dicho artículo, "cada estado miembro podrá crear un nuevo copyright sobre noticias". "Si se aprueba, para enlazar a un sitio web de noticias se deberá hacer de forma que cumpla con las limitaciones y excepciones de 28 leyes [tantas como países hay en la Unión Europea], o tendrá que obtener una licencia", alerta, y añade: "Esto es totalmente incompatible con cualquier tipo de wiki (obviamente), y mucho menos con la Wikipedia", ya que, entre otras cosas, vería limitada seriamente la capacidad de citar sus propias fuentes.

Estas medidas ya se han probado en España (el tristemente célebre canon AEDE) y Alemania, y los editores se han dado cuenta de que no funcionan. ¿Adivinan qué país ha abrazado este concepto? China, cuyas autoridades son famosas por su férreo control de los flujos de información.

El (muy temido) artículo 13

De la propuesta, el artículo 13 se lleva la palma como el más “peligroso” para el futuro de las comunicaciones electrónicas abiertas. Con carácter general, este artículo establece que los proveedores de plataformas deben "tomar medidas para garantizar el funcionamiento de los acuerdos celebrados con titulares de derechos para el uso de sus obras". ¿No suena esto peligrosamente a censura previa?

Los críticos dicen que esto, en efecto, requerirá que todas las plataformas de internet filtren (como si fueran los nuevos ‘ciberpolicías’) todo el contenido publicado por los usuarios —usted y yo—, lo que podría ser considerado, directamente, una restricción excesiva a la libertad de expresión.

Lo cierto es que existen muchas razones legítimas para que los usuarios de Internet carguen trabajos protegidos por derechos de autor. Por ejemplo, ¿y si subimos un vídeo de una protesta en el que suena una canción de ambiente al fondo? ¿Y si pongo mi casa en alquiler y en las fotos sale la portada de un libro? Los ejemplos son infinitos.

También existe la preocupación de que las soluciones para adaptarse a esta normativa ultraprotectora con los derechos de autor se basen en opacos algoritmos (esa palabra mágica) programados para barrer y eliminar todo lo que constituya un riesgo para la plataforma. Plataformas como YouTube los usan y fallan constantemente, por no hablar de sus criticados sesgos ideológicos.

Así, los memes (ojo, cuyas imágenes originales ya están protegidas por las leyes de copyright existentes actualmente en la mayoría de los países), las obras derivadas, las remezclas y otros contenidos generados por los usuarios podrían verse eliminados de entrada. Adiós al ‘alma’ de internet.

Memes como este peligran. ALAMY

En declaraciones a la cadena británica BBC, Jim Killock, director ejecutivo del Open Rights Group del Reino Unido, denunciaba que ”el artículo 13 creará un régimen de 'robo de copyright’ en el que las máquinas borrarán cualquier cosa que identifiquen como violación de los derechos de autor”. "Desafortunadamente, aunque las máquinas pueden detectar cargas duplicadas de canciones de Beyoncé, no pueden detectar parodias, comprender memes que usan imágenes de derechos de autor ni emitir ningún tipo de juicio cultural sobre lo que las personas creativas hacen; esto lo vemos con demasiada frecuencia en YouTube”, lamenta.

Casi 60 organizaciones de defensa de derechos digitales buscan presionar a los legisladores europeos, mientras crecen las movilizaciones contra una manera de legislar que, en opinión de estos grupos, genera incertidumbre y puede abrir la puerta a la censura previa de contenidos.