Los tres juzgados de instrucción que ejercen las funciones de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche han emitido un auto en el que rechazan de forman unánime la intención de ese centro de limitar el derecho de los internos a recibir visitas de las ONG.

La Dirección del CIE de Aluche había emitido una comunicación a los juzgados en la que se proponían mayores barreras burocráticas para las ONG que quisieran acceder al centro para visitar a los internos, y que solicitaba asimismo eliminar el carácter confidencial de las visitas.

Pero los magistrados, en un auto del 11 de diciembre, consideran que “no se aprecian motivos que justifiquen la conveniencia de modificar el sistema actual de visitas de las ONGs al Centro” y requieren a la Dirección que dé cumplimiento al vigente auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de 13 de enero de 2011, que regula el derecho de las visitas de las ONG al CIE, refrendado por la propia Dirección.

No es la primera vez que el CIE de Aluche intenta poner trabas a la labor de las ONG en el centro. En otro auto de agosto, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ya pidió al director que no restringiera este tipo de visitas, después de que hubiese modificado unilateralmente y sin previo aviso las condiciones. 

Las ONG SOS Racismo Madrid, Karibu, Pueblos Unidos y Coordinadora de Barrios Madrid, que trabajan asiduamente con los internos del centro, han recordado a través de un comunicado conjunto que su labor en los CIE ha demostrado que “se vulneran los derechos de las personas internas especialmente en lo relativo al internamiento de niñas/os y adolescentes, el acceso a la asistencia sanitaria y jurídica o el internamiento de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad”.

“Es este trabajo de denuncia que contribuye a desmontar la impunidad y la opacidad del CIE el que incomoda a la Dirección del centro que persigue incansablemente la posibilidad de reducir o incluso fulminar el papel de las organizaciones de apoyo a las personas migrantes, eliminando así la posibilidad de que las personas retenidas ejerzan sus derechos”, señalan.