Impuesto al solGreenpeace coloca placas solares en el Ministerio de Energía

Varios activistas de Greenpeace han escalado esta mañana la fachada del Ministerio de Energía, en la calle Poeta Joan Maragall, en Madrid, para colocar placas solares en protesta por la “falta de apoyo del Gobierno a las energías renovables”. Los ecologistas han mostrado asimismo pancartas con los lemas: “El sol es de todos” y “No impuesto al sol” para denunciar “el boicot” y la falta de instalaciones fotovoltaicas en los edificios oficiales.

“Ya que no lo hace el Gobierno, hemos decidido hacerlo nosotros. En el país del sol, el autoconsumo no es un coste. Sí lo es desaprovechar las únicas fuentes autóctonas de energía que tenemos y quedar a la merced de los mercados energéticos internacionales”, ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de energías renovables de Greenpeace. “El Gobierno ha de priorizar a las personas y al planeta frente a los beneficios de las grandes empresas eléctricas aquí y en las negociaciones internacionales”, ha señalado.

Greenpeace estima que solo con el 50% de los tejados de los 15 ministerios se podrían generar cada año 9,7 GWh de energía limpia con una reducción de 2.500 toneladas de CO2 anual. Al autoabastecerse con energía solar, estos edificios, ahorrarían casi 27 millones de euros en 25 años a las arcas del Estado y, con la revocación del impuesto al sol, la cifra subiría a casi 33 millones, calcula la ONG.

Además, los activistas han entregado en el registro del Ministerio más de 100.000 firmas recogidas para pedir al presidente Mariano Rajoy el fin del “impuesto al sol” y una apuesta por leyes que dejen de priorizar a las eléctricas.

La acción en Madrid sucede de forma paralela a otra que Greenpeace está realizando en la fachada del Parlamento Europeo, coincidiendo con la penúltima ronda de negociaciones trilaterales entre Consejo, Comisión y Parlamento Europeo sobre la nueva Directiva Europea de Energías Renovables que marcará el papel de las energías limpias en el sistema energético comunitario hacia 2030, así como los derechos de las personas que quieran producir, almacenar, compartir y vender electricidad renovable.

Aunque el Parlamento Europeo ha defendido los derechos de las familias, las pequeñas empresas o las autoridades locales para colocar paneles solares en sus techos o unirse a parques eólicos cooperativos, sin “impuesto al sol”, sin tarifas punitivas ni excesivos trámites burocráticos, la mayoría de los gobiernos, y especialmente el de España, siguen apostando por mantener el sistema energético actual, en manos de un pequeño grupo de compañías eléctricas.

“Rajoy sigue prometiendo liderazgo en la lucha contra el cambio climático mientras en realidad su ministro de Energía ataca el derecho ciudadano al autoconsumo y sigue apoyando con dinero público las fuentes más contaminantes de energía como el carbón, el gas o la energía nuclear. Es hora de transformar las palabras en acción”, ha dicho Pizzinato.