"Empecé a trabajar en el Instituto de la Mujer en 2005 con un contrato por obra y servicio que fui renovando y renovando hasta ahora. La ley marca que este tipo de contrato no puede superar los 3 años, y yo llevaba más de 11 en esta situación. Así que en abril de 2016 (hace ahora 1 año) yo y otras siete compañeras en situación similar decidimos demandar al Instituto de la Mujer por la ilegalidad que supone la concatenación de contratos que en teoría son para la realización de una obra o servicio puntual, pero que en la realidad vienen a suplir una necesidad estructural (que no puntual) del organismo. Y ahí empezaron las represalias".

Este es el relato de Isabel García Calvo, una de las trabajadoras despedidas por el Instituto de la Mujer el pasado 31 de marzo junto al resto de sus compañeras. 

Varias de ellas llevaban más de 15 años trabajando ininterrumpidamente en este organismo, un ente autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, e Igualdad, que dirige Dolors Montserrat. La que menos tiempo llevaba, había encadenado contratos durante 6 años consecutivos.

"Durante todos esos años habíamos realizado tareas que estaban muy por encima de lo que estipulaba nuestro contrato y sueldo, pero esto es habitual en la Administración Pública. Eramos parte del equipo", afirma una de ellas. El cometido clave de este grupo de técnicas era el de gestionar los programas y los fondos Estructuales de la Unión Europea en materia de igualdad, una de las fuentes fundametales de financiación de esta institución.

Según su relato (Público se reunió con una representación de cuatro de las ocho trabajadoras despedidas), tres días después de presentada la demanda, las apartaron de sus funciones, les dijeron que dejaran de trabajar en los proyectos que estaban realizando, las cambiaron de ubicación apartándolas de sus compañeras, les negaron el acceso a archivos de los ordenadores, cancelaron los viajes ya programados o les prohibieron participar en cursos y reuniones externas que ya tenían comprometidas. "Así estuvimos un año, realizando funciones muy por debajo de nuestra capacidad y formación hasta que el pasado 3 de marzo nos entregaron una carta de despido", afirma una de ellas que prefiere no ser identificada.

"La reacción del Instituto de la Mujer con ellas fue espectacular, abrupta. No sé si por rabia o por pánico. No es una reacción muy distinta a otras demandas similares que he llevado contra la administración pública, pero en este caso me sorprendió porque esperaba una sensibilidad especial hacia estas mujeres que ejercían sus derechos en una institución que debería velar porque éstos se cumplan. Lo único que hacían estas mujeres era preguntar al tribunal si tenían razón y debían tener un contrato fijo y no uno temporal", afirma Juan Manuel Fernández Otero, el abogado que representa a las ocho despedidas.

Ante esta reacción de castigo y "humillación", como la definen las trabajadoras, el pasado 1 de diciembre decidieron ampliar sus demandas para denunciar este "acoso". Según su abogado esta ampliación se realizó en los ocho caso por la "violación de derechos fundamentales y de indemnidad" (la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener judicial o extrajudicialmente la tutela de sus derechos). Poco después, todas recibieron una carta de despido.

"El Instituto de la Mujer justifica nuestro despido aduciendo que ya no hay dinero, que se acabó el período de fondos Estructurales Europeos para el que estábamos contratadas y que nuestro contrato se extendía hasta finales de marzo. Pero hasta el momento en el que nos apartaron de nuestras funciones, estuvimos trabajando de lleno en la puesta en marcha del nuevo período [2014-2020] de programación del Fondo Social Europeo que ya se han concedido y que ascienden a unos 50 millones de euros para este período de siete años", afirma una de las técnicas ahora despedidas. "El desfase en las fechas se debe a que siempre estos períodos comienzan con retaso", añade.

"Otra de las violaciones de sus derechos fue que desde el momento de la primera demanda, sus puestos fueron llenados por empresas externas", afirma Fernández Otero. "Esto en sí no constituye una ilegalidad, pero si el Instituto de la Mujer contrata a otras personas o empresas para que realicen el trabajo que estas trabajadoras estaban desempeñando, significaría que estos puestos son aún necesarios". "En los próximos días vamos a presentar una demanda por despido nulo, puesto que la situación laboral ha cambiado", añade.

A lo largo de la última semana, este diario intentó en varias ocasiones recabar la posición del Instituto de la Mujer sobre estos despidos. Así mismo solicitamos información sobre la financiación de la institución, la cuantía de los Fondos Sociales Europeos que recibe y algún comentario sobre la veracidad de que el Instituto de la Mujer había comenzado a sustituir el trabajo de las técnicas, ahora despedidas, con la contratación de empresas externas. Sin embargo, tras varios correos electrónicos y llamadas de teléfono no hemos recibido ningún tipo de respuesta.

Según fuentes consultadas, el número total de técnicas despedidas puede ascender a diez y ello puede incidir de manera directa en su capacidad para gestionar y supervisar los proyectos.

"En los años que estuve al frente (del Instituto de la Mujer), el personal técnico era fundamental para el funcionamiento del organismo", afirma Rosa Peris, que dirigió esta institución entre 2004 y 2009. "Cuando hablamos de instituciones que no son muy grandes como el Instituto de la Mujer, las tareas no están completamente compartimentadas y el personal técnico, además de hacer el trabajo de gestión del Fondo Social Europeo, hacía muchísimas otras cosas dentro del organismo porque había que sacar el trabajo adelante".

Peris reconoce que la situación irregular de algunas de las técnicas ahora despedidas se remonta a su etapa al frente del Instituto, pero asegura que el tipo de contrato no fue entonces motivo de conflicto porque "no había distinción entre unos y otros. Trabajábamos como un solo equipo". Una idea refrendada también por muchas de las técnicas despedidas.

Según Peris, "si cada vez es más pequeña la plantilla de funcionarias y funcionarios porque se van jubilando, y estos puestos no se reponen, y si despides al equipo técnico que realiza un trabajo excelente, entonces tienes que hacer algo para sacar adelante todo ese trabajo. Probablemente están recurriendo al mecanismo de contratar a empresas externas. Para mí es un grave error porque no van a prestar el trabajo con la misma calidad que las técnicas que estaban en el instituto de la mujer y porque además, ese no era el espíritu detrás de la Ley de Igualdad".

"La sensación que tenemos es de desmantelamiento paulatino de la institución. La política de no amortizar los puestos de las personas que se jubilan, sumado a un vaciado progresivo de contenido, hace que los funcionarios se quieran marchar. Se está convirtiendo en un lugar de tránsito donde los funcionarios están dos o tres años para consolidar nivel y luego irse a otro destino. El Instituto se está convirtiendo en un mero gestor de fondos, pero cada vez más vacío de contenido. Cuando no quede nada, se cerrará", afirma otra de las despedidas que prefiere mantener su anonimato.