MADRID.- El Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) tenía previsto ser inaugurado en 2009, pero no abrió hasta 2012. Además, su factura lleva sumando sobrecostes desde el primer año. Su gestión era público-privada —como la de los hospitales privatizados en la Comunidad de Madrid, el País Valencià y Galicia— pero su exdirector, Alain Verret, logró que el centro volviese a manos 100% públicas.

Por eso este hospital francés es el espejo en el que se mira el Hospital Universitario de Burgos. “El caso del CHSF es clavado al nuestro”, explica a Público María José Pereda, coordinadora sociosanitaria de la gerencia del Área de Burgos y presidenta del Comité de Ética Asistencial. Contactó con Verret porque “puso en marcha un proceso de recuperación de la infraestructura sanitaria de su centro y lo recuperó". "Y nosotros queremos que nos explique técnicamente el procedimiento para poder tomarlo como ejemplo y demostrar que recuperar un hospital es posible”, sentencia Pereda.

La Junta de Castilla y León tenía que pagar 30 millones de euros al año durante tres décadas por la construcción del hospital. Sin embargo, "la empresa encargada de dicha construcción ha inflado la factura hasta superar el doble de la cantidad fijada (de 236 millones a 436 millones aproximadamente), lo que implica que ahora la Administración tenga que abonar un sobrecoste de 75 millones al año", cuenta Pereda. Estas cifras han ido creciendo desde 2013, año en el que la factura de la empresa aumentó a 71 millones. "El principal problema de esta situación es que el ánimo de lucro de las empresas crece cada día”, insiste Pereda, que denuncia que este sistema no funciona porque "es insostenible desde el sistema público".

Para la Administración, sin embargo, es aparentemente más fácil contratar a una empresa privada que se encargue de la construcción de un hospital (paga poco a poco el dinero a través de un canon para que al cabo de 30 años este centro sea público), a pesar de que a la larga le salga más caro el pago de dicha infraestructura. "Este sistema facilita que la Administración no tenga que desembolsar mucho dinero al momento, pero después hay que desembolsarlo durante muchos años y esto hipoteca a las siguientes generaciones".

Sin embargo, la Junta de Castilla y León, cuenta Pereda, se justifica diciendo que "han aumentado las obras y han incrementado la superficie". Lo que ella no entiende es por qué un hospital que "sólo lleva dos años en funcionamiento tiene que estar continuamente en obras".

Pereda insiste en que las cosas no se hicieron bien desde el principio. "Hay muchos defectos de construcción porque no se tuvieron en cuenta las opiniones de los profesionales que estaban dentro del hospital; se empezó a construir y se detectaron otras necesidades, por lo que hubo que rehacer las obras". Y recalca que los accesos a la infraestructura son "totalmente inadecuados". "Sólo hay un ascensor y casualmente uno de los accesos del hospital se encuentra en una zona comercial", continúa. Tan malo ha sido el resultado que Pereda asegura que el consejero de Sanidad de Burgos no quiere volver a repetir esta situación.

Burgos se suma a los casos de Valencia, Madrid y Galicia

La provincia de Castilla y León no ha sido la primera en sufrir la privatización. Valencia fue la primera en estrenarse con el Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira. Fue el primer hospital público de España que contrató una empresa privada para su gestión, y "tuvo que ser rescatado por la comunidad", declara Pereda. El modelo Alzira se extendió por cinco hospitales más del País Valencià en 2014.

La Comunidad de Madrid experimentó la privatización de seis hospitales en 2013. El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les paga un canon durante 30 años sólo por la amortización de la construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP gallego, ha cedido la gestión de la sanidad pública de Galicia a multinacionales estadounidenses como General Electric, tal y como publica Nuevatribuna.es. El Nuevo Hospital de Vigo será gestionado por la empresa pública de gestión privada Galaria SA., tras el compromiso de la consellería gallega. Según el Consello de Contas, las cuentas de la empresa Galaria no son claras.

Con deseo de delegar en las empresas privadas, la Xunta de Galicia ha comprado a otra empresa estadounidense, Varian Medical Systems, 10 aceleradores lineales para los hospitales gallegos por 20 millones de euros. El hospital público de Lugo, el Centro Oncológico de Galicia en A Coruña y Galaria S.A. en Vigo, serán los beneficiados de los aceleradores.

A pesar de la expansión de este modelo (muy desarrollado también en Inglaterra, donde se han recuperado varios hospitales), Pereda sostiene que "no está demostrado que lo privado sea más eficiente que lo público". Cree que, por lógica, lo público será más eficiente "puesto que no tiene que generar ningún beneficio, mientras que la empresa privada genera el beneficio y quiere sacar el dinero".

La presidenta del Comité de Ética Asistencial de Burgos sostiene que el beneficio que buscan las empresas privadas en la sanidad pública "no se contempla porque en lo público se busca la atención a la población con los medios más adecuados". "Nosotros pedimos que vuelva el sistema público totalmente. Pero que se recupere, no que se rescate", concluye María José Pereda.