El goteo cada vez más intenso de las remunicipalizaciones del agua

BARCELONA. Remunicipalización. Esta podría ser perfectamente una de las palabras del año que acaba de finalizar. En el 2016 se ha puesto sobre la mesa de un buen número de ayuntamientos catalanes el retorno a manos públicas de servicios que fueron privatizados en el pasado, con el agua como gran estrella, y con el caso de Terrassa, el más reciente y en primera línea.

Arenys de Munt, el Figaró-Montmany, la Granada, Alfés, Vilaba Sasserra, Santa Maria de Palautordera, Montornès del Vallès, Puigverd d'Agramunt, Foixá, Collbató, Vilagrassa y Olèrdola. Estos son los doce municipios catalanes que han remunicipalizado la gestión del agua desde el 2010, según el recuento de la plataforma Aigua és Vida. Una lista que puede crecer en los próximos meses.

El Ayuntamiento de Terrassa, gobernado en minoría por el PSC con apoyo externo de CiU, aprobó en diciembre pasado dar por terminada la concesión del servicio del agua a la ciudad, que estaba en manos de la empresa Mina -participada por Agbar en un treinta por ciento- desde 1941, y cuyo contrato ha caducado después de 75 años. El consistorio decretó la liquidación del contrato y una prórroga forzosa de la concesión por seis meses, para garantizar el servicio mientras se concreta el paso a manos públicas. Se trataría de la principal remunicipalización del servicio del agua en Catalunya, en la cuarta ciudad más poblada del país. Pero el proceso está lejos de cerrarse, y posiblemente acabará en los tribunales, después de que la empresa haya presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Terrassa decretó la liquidación del contrato y una prórroga de la concesión por seis meses, para garantizar ser servicio

El caso de Terrassa ha sido el más sonado hasta ahora, pero podría haber más, y de mayor envergadura. Entre este año y el próximo expiran las concesiones del servicio del agua en una treintena de municipios catalanes, entre los que se encuentra el de Sant Cugat, que el año pasado aprobó -por unanimidad de todos los grupos- estudiar la municipalización del servicio. A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó dos proposiciones -de BComú y de la CUP- que piden el inicio del camino hacia la gestión directa del servicio del agua en la capital catalana, con el objetivo de rebajar la factura un 10%, según señaló entonces el concejal de Agua y Energía, Eloi Badia.

El servicio de suministro de agua en Barcelona, de hecho, también se encuentra en los tribunales. Este servicio lo opera, en la capital y en 23 municipios metropolitanos, una empresa mixta con participación mayoritaria de Agbar (70%) y La Caixa (15%), y con sólo un 15% de capital público en manos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La concesión es muy reciente, de 2013. Pero podría acabarse antes de tiempo, ya que en marzo pasado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló el contrato, por haberse firmado sin el preceptivo concurso público previo. Todo ello, después de que en 2010 otra sentencia dejara clara la peculiar circunstancia de que Agbar, a pesar de proporcionar suministro de agua a la ciudad de Barcelona desde hace casi un siglo y medio, no tenía ningún tipo de contrato para hacerlo.

El portavoz de Aigua és Vida, Quim Pérez, considera que es justamente en esta sentencia de 2010 donde se encuentra el origen de la actual ola remunicipalizadora del servicio del agua, junto con el escándalo -también en manos de los tribunales- de la invalidada privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) por parte de la Generalitat, en 2012. Pérez señala, no obstante, que la tendencia es internacional, y que "la asamblea de la ONU declaró en 2010 el agua como derecho humano fundamental ".i

También se ve de esta manera en estudio del año pasado firmado por Emanuele Lobina, de la Universidad de Greenwich, que destaca que ha habido 180 remunicipalizaciones del servicio de agua en todo el mundo entre los años 2000 y 2014, con París, Berlín, Buenos Aires o Atlanta a la cabeza. El mismo estudio destaca el caso francés, "cuna de las principales multinacionales del agua", como Suez o Veolia, en donde se han registrado cerca de cuincuenta de estas remunicipalizaciones. El estudio argumenta que no es casual esta abundancia, porque "las autoridades locales francesas y la ciudadanía han experimentado directamente el modelo de gestión privada" durante las décadas anteriores.

Durante el primer año de gestión pública del agua en París las tarifas se rebajaron en un ocho por ciento 

El ejemplo de París es a menudo utilizado por los activistas favorables a la remunicipalización de servicios. En la capital francesa, durante el primer año de gestión pública se rebajó la tarifa en un 8%, y aun así se cerró el ejercicio con superávit. "La gestión pública es más económica y puede ser más eficiente", afirma Pérez, aludiendo al "dogma" de la mayor eficiencia del sector privado. Y pone el ejemplo concreto de las fugas de agua en la red, que en el caso del servicio público en Mataró, uno de los principales municipios de Catalunya con gestión municipal directa, registra "unas pérdidas del 8%, mientras que la media de Agbar es del 22% ". En este sentido, se suele poner como argumento a favor de la gestión directa una mayor inversión en infraestructuras, porque el ayuntamiento no necesita maximizar beneficios.

El coste para los usuarios es otro de los principales argumentos a favor de la gestión directa del agua. Un estudio de Aigua és Vida cifra en un 56% los sobrecostes en la factura del agua en el área metropolitana de Barcelona, que "nos podríamos ahorrar con una gestión pública". Además, el promedio de precios en los ayuntamientos catalanes con gestión privada es cerca de un 25% superior al de las poblaciones con gestión pública, según datos de la Agència Catalana de l'Aigua recopilados por la entidad.

La remunicipalización del servicio, sin embargo, no es siempre un camino de rosas. La batalla judicial en Terrassa puede servir de ejemplo de las dificultades del proceso. En la co-capital vallesana, la empresa concesionaria reclama una indemnización de 60 millones de euros en concepto de activos que pasarán a manos del Ayuntamiento, mientras que el consistorio sólo admite cerca de 1,5 millones. Hace pocos días, entidades patronales de la ciudad firmaron un manifiesto en el que se posicionaban en contra de la municipalización del servicio. Y el alcalde de la ciudad, el socialista Jordi Ballart, ha llevado a la Fiscalía las "amenazas" y el "chantaje" que dice haber sufrido por el proceso de remunicipalización.

Y es que los intereses económicos son enormes. El agua, como otros servicios de titularidad pública privatizados, es un mercado cautivo, en el que las leyes del mercado tienen poco valor -el usuario no puede cambiar de compañía, porque no hay competencia-, y sólo depende de las administraciones quien puede o no obtener beneficio. Por eso no son raros los casos de "puertas giratorias", según señala Pérez, que sitúa este fenómeno como clave de las privatizaciones de servicios durante las últimas décadas.

Los ayuntamientos que han decidido proceder a la remunicipalización también se encuentran con la dificultad añadida de tener que hacerse cargo de los trabajadores de la empresa concesionaria. Pero este proceso no es automático, y previamente estos deberían superar un nuevo proceso de selección para trabajar para el ayuntamiento. Lo que puede ocasionar conflictividad, en el caso de que no toda la antigua plantilla supere las pruebas, o incluso un agravio comparativo con personas en lista de espera tras superar un concurso público. Sin este punto concreto, los defensores de las remunicipalizaciones coinciden en que la situación de los trabajadores es siempre mejor con una gestión pública, porque es justamente con los sueldos con lo que los operadores privados obtienen parte de su beneficio. Y esta no es la única vía.

"Las empresas ganan mucho dinero en obras secundarias", señala Pérez. Explica que el procedimiento suele ser encargar obras de mantenimiento a empresas del mismo grupo, "con grandes márgenes de beneficio", a menudo ante la "falta de control" de los consistorios. Pérez añade que esta misma "dejadez" ha hecho que los ayuntamientos no hayan explotado la vía de rescindir las concesiones por incumplimiento de las condiciones contractuales. "Los ayuntamientos han tendido a no controlar, creo que, en muchos casos ni conocían muy bien los pliegos de condiciones", afirma. "Ahora hay una mayor conciencia y se están poniendo las pilas", concluye.