La Comunidad de Madrid prepara en la sombra recortes en la lucha contra la violencia machista

MADRID.- El suelo, las señales de tráfico y las fachadas que rodean a la sede de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid, aparecieron esta semana invadidos de pintadas machistas. "Stop Feminazis", "Juzgados Feminazis"...  Los funcionarios y trabajadores sociales que asisten a las víctimas de la violencia de género se quedaron sorprendidos. "Es ofensivo", denuncian varios especialistas en la lucha contra este fenómeno delictivo.

Las pintadas se producen después de las Marchas del 7-N contra la violencia sexista, convocadas en protesta por el aumento de este tipo de delitos. Sólo en esta semana que concluye, cuatro mujeres y un hombre han sido asesinado en nuestro país debido a la violencia machista. En lo que va de año, 44 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.

En los juzgados de la Violencia de la Mujer de Madrid, rodeados de pintadas, los especialistas denuncian futuros recortes y una falta de recursos humanos y económicos que les impiden la correcta atención a las mujeres afectadas por la violencia machista.

Estos especialistas denuncian una grave "falta de recursos humanos y económicos", que vinculan con el reciente aumento de las víctimas mortales por violencia de género. Al mismo tiempo, expresan su temor sobre el futuro de la atención a las mujeres maltratadas, en especial ante posibles recortes que pudiera realizar el próximo Gobierno que surja de las elecciones generales del 20 de diciembre.

En declaraciones a Público, fuentes judiciales confirman la celebración de entrevistas personales llevadas a cabo por personal técnico de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid en las que las trabajadoras sociales y las psicólogas han sido avisadas de una futura ‘reestructuración’ en los juzgados de Violencia Sobre la Mujer.

La intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid es reducir los equipos técnicos de psicólogos y trabajadores sociales que asisten a 11 juzgados que ahora tratan la violencia machista, para desplazar a dos o tres de esos equipos a otras sedes judiciales diferentes.

En el año 2014, sólo en la Comunidad de Madrid los juzgados registraron un total de 19.700 denuncias de malos tratos y se adoptaron 5.312 órdenes de protección, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Las fuentes consultadas han asegurado que “estas medidas no van a solucionar nada” y denuncian una reducción del presupuesto destinado a la violencia de género dentro de los Presupuesto Generales del Estado. Así, partidos como el PSOE han denunciado una disminución del 17% del presupuesto del Estado para 2016 frente al año 2011, cuando alcanzaron los 30 millones.

Según las fuentes consultadas, “hacen falta muchos recursos, tanto humanos como económicos” para mejorar la atención y el asesoramiento de las mujeres maltratadas, y “mover parte del equipo de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, no es la solución adecuada”.

El establecimiento de guardias mejoraría el asesoramiento y la atención a mujeres maltratadas

Psicólogos y trabajadores sociales especializados en este fenómeno delictivo reclaman el establecimiento de guardias en los juzgados para que el asesoramiento y la atención a mujeres que se deciden a denunciar sea mayor. “Si llega una mujer con una crisis emocional, las guardias son limitadas, no hay psicólogos para atenderlas, sólo hay médicos, a los que se recurre en cualquier situación, sin que ellos tengan el poder para derivar a casas de acogida o al SAMUR social los casos de las mujeres maltratadas”, han asegurado fuentes de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer.

Dichas fuentes han recalcado la necesidad de las guardias, ya que se corre el riesgo de que “una mujer que se decide a denunciar a su pareja después de varios años de maltrato, finalmente se arrepienta debido a la falta de medios para su ayuda o asesoramiento”.

La valoración forense del riesgo de la víctima y de su supuesto agresor es un requisito de la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004. Sin embargo, los jueces deben adoptar medidas cautelares sólo con el apoyo de una valoración policial de la víctima, ya que no es posible todavía una valoración integral dada la falta de recursos.

Otra de las reivindicaciones de las trabajadoras sociales y psicólogas del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, es una “necesaria especialización”. Desde que se crearon estos juzgados, en 2004, “la Comunidad de Madrid no ha dedicado recursos para la especialización del personal”, y ha sido los propios trabajadores los que han tenido que “formarse para una especialización en violencia sobre la mujer, valoración de situaciones de riesgo, etc…”.

“Lo que no puede hacer la Comunidad es decir que le preocupa la violencia machista, cuando no dedican recursos para combatirla”, han afirmado los especialistas consultados.

A juicio de varios trabajadores del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, la legislación española en cuanto a violencia de género, aunque se puede mejorar, es buena en líneas generales. Pero el problema está en su aplicación: “La falta de recursos humanos y económicos limita enormemente la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

Otro de los aspectos a mejorar en la mencionada ley, es la actuación sobre las causas, y no enfocar únicamente las consecuencias. “Para una disminución del número de asesinadas y maltratadas, es imprescindible trabajar desde la base por la igualdad. Lo ideal es prevenir y luego resolver”, han asegurado fuentes del Juzgado sobre la violencia sexista.

Las mismas fuentes han remarcado que la igualdad “hay que fomentarla desde la educación”. “Entre jóvenes, la violencia machista está aumentando, dato que demuestra que no es que estemos saliendo de una cultura ancestral, sino que el problema de la violencia de género es estructural”, han denunciado desde el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer.

Aunque parezca mentira, hay sectores de la sociedad española actual, a los que no les interesan políticas de igualdad que intenten acabar con la violencia de género: “Hay personas que, basándose en unos esquemas y unos valores del siglo XIX, entienden que hacer políticas para erradicar la violencia de género va contra los hombres, y ni mucho menos es así”, han dicho las fuentes consultadas.

“El propio Tribunal Constitucional reconoce, en una de sus sentencias relativas a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que la realidad social es que matan a muchas más mujeres que a hombres y mientras la sociedad no se equilibre, la ley no puede ser abstracta, tiene que ajustarse a la realidad social”, explican estas fuentes.

Desde los juzgados de Violencia Sobre la Mujer también han remarcado la importancia de su papel para el beneficio de las mujeres maltratadas: “No puede ser que tras la denuncia en comisaría por parte de una víctima, sea un programa informático el que, a través de preguntas tipo, determine la peligrosidad del agresor y de la situación”.

Este programa es el que utiliza la policía y la guardia civil para elaborar su evaluación del riesgo. Pero no aborda el análisis psicológico y social de la víctima, sus hijos y de sus supuesto agresor. De tal manera, no se abordan otros riesgos potenciales, como puede ser el anuncio de la separación, la venta del piso u otras decisiones de la mujer que pueden poner en peligro su vida cuando el agresor se siente contrariado.

Otro aspecto fundamental en la labor de las trabajadoras sociales reside en valorar la situación de los menores de edad afectados por la violencia masculina contra las mujeres. Los menores que son testigos de malos tratos tienden a reproducir en el futuro los modelos de conducta que viven con sus padres. También crecen los menores víctimas de la violencia de género extendida, que es la forma de maltratar a la mujer a través de sus hijos. 

Por ello, el trabajo de las trabajadoras sociales y las psicólogas de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer se antoja clave para valorar si el entorno de los menores es el adecuado o si por el contrario dicho entorno les perjudica y conviene aconsejar medidas de protección sobre los niños.

En este sentido, los especialistas colaboran mano a mano con el Área de Protección del Menor y la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid, que es el que debe decidir si los menores vuelven a su domicilio o si se buscan otras soluciones (por ejemplo, familia de acogida).

Han pasado siete días desde que aparecieran las primeras pintadas en los juzgados de violencia sobre la mujer de la calle Manuel Tovar de Madrid. Los especialistas presentaron una denuncia ante la policía nacional. Pero nadie ha acudido allí a borrarlas todavía. Ellos sienten que simbolizan la expresión plástica de una involución en la lucha contra la violencia de género.

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.