El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha dado este miércoles su visto bueno a la reapertura de la central nuclear de Garoña. Aunque su futuro está todavía en manos del Ministerio de Industria, que es el que tiene la última palabra, la decisión ha levantado un aluvión de críticas por parte de partidos políticos, sociedad y organizaciones ecologistas, que no encuentran sentido en mantener activo al reactor: Garoña es la central más vieja y más pequeña de todas las que hay en España. El proceso para su reapertura, además, se ha convertido en un laberinto de idas y venidas entre su operador, Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola) y el Gobierno que ha dejado muchas dudas sobre la transparencia e independencia del caso. Estas son las razones por las que Garoña se ha convertido, además, en la central nuclear más polémica.

La inseguridad

La central de Garoña, hermana gemela de la accidentada Fukushima, es la más antigua de todas las que existen en España. El Pleno del CSN ha dado su visto bueno a la reapertura a pesar de que la empresa propietaria, Nuclenor, no ha terminado las reformas que estaba obligada a hacer (relacionadas con el sistema de tratamiento de gases o la protección contra la caída del techo del edificio de la turbina, entre otras). Técnicos de seguridad del propio CSN han advertido de que dar la autorización a Garoña sin conocer los resultados de las reformas “supone asumir unos riesgos de forma no justificada y sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad”.

Las asociaciones ecologistas como Ecologistas en Acción han alertado de que la central se encuentra “en muy malas condiciones de seguridad” y que supone “un riesgo inaceptable al estar en la cabecera del río Ebro”. “Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo, porque Nuclenor no ha hecho su parte y porque en el Congreso así se lo han pedido”, señala por su parte Raquel Montón, de Greenpeace.

Prolongar la vida del resto de centrales

Si el Gobierno da el visto bueno para reabrir Garoña sería la primera vez que una central podría estar en funcionamiento hasta los 60 años.

Las centrales nucleares españolas fueron diseñadas para una vida útil de 40 años, aunque no existe ninguna normativa que estipule por ley cuánto tiempo pueden estar funcionando. Siempre que se cumpla con los requisitos de seguridad, avalados por el CSN, los operadores pueden solicitar una prórroga tras otra, que hasta ahora tenían una validez máxima de 10 años. El nuevo permiso del CSN para Garoña le daría vía libre para seguir operando hasta 2031, cuando su anterior licencia expiró en 2013, es decir, la licencia casi duplica a las anteriores. Garoña cumplió en 2011 los 40 años.

Ecologistas en acción asegura que esto “sienta un precedente grave” que puede ser aprovechado por el resto del parque nuclear español. En la misma línea, PSOE, Ciudadanos y PNV han manifestado que el informe positivo del CSN busca sentar un precedente para que otras centrales alarguen también su funcionamiento.

Escaso aporte eléctrico a la red

El cierre de Garoña no tiene en realidad grandes consecuencias para la oferta energética del país. En los años que lleva parada la central, España ha seguido registrando excesos de potencia instalada. Lo cierto es que la aportación a la red de la central burgalesa es muy escasa: apenas 446 megavatios, la mitad que el resto de centrales activas. En 2012, su último año en funcionamiento, sólo generó el 6% de toda la energía nuclear española.

Oposición política

La decisión cuenta con la oposición de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios y partidos políticos. PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV o EHBildu han tachado la decisión de “auténtica infamia” y han pedido al Gobierno que rechace el permiso. En la pasada legislatura, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, UPyD y CiU, firmaron una declaración en la que se comprometían a cerrar definitivamente Garoña en caso de llegar al poder.

Posible indemnización a Nuclenor

La resolución del CSN es preceptiva, pero no vinculante, es decir, que aunque el Pleno del Consejo haya dado su visto bueno a la reapertura de la central, la decisión final la tiene el Ministerio de Industria. Sin embargo, si tras el informe positivo del CSN el Gobierno decidiera no dar permiso a la reapertura, sus propietarias (Endesa e Iberdrola), podrían reclamar una indemnización por el lucro cesante.

Dudas sobre la independencia del proceso

El CSN es un órgano en principio independiente, pero técnicos del mismo y organizaciones ecologistas han venido denunciando la presión del Gobierno y las eléctricas para que se pronuncie a favor de los intereses de las mismas. Numerosas organizaciones y partidos políticos ven en la decisión del CSN un intento de “favorecer los intereses de la industria nuclear”, en connivencia con el Gobierno. La diputada socialista Ester Peña ha acusado directamente al PP de “hacer un traje a medida de las eléctricas”.

El Pleno del CSN está formado por cuatro consejeros nombrados por los partidos políticos. Ahora mismo hay tres designados por el PP y uno del PSOE. El último consejero en incorporarse, Javier Díes Llovera, vinculado directamente al PP en Barcelona, fue nombrado por el partido conservador el pasado verano de manera unilateral y sin apoyo del Congreso. El informe positivo emitido este miércoles por el organismo para la reapertura de Garoña ha sido aprobado, precisamente, por tres votos a favor y uno en contra.