En 2019 se produjo el mayor brote de listeriosis en España, el cual acabó con la vida de cuatro personas, y provocó que se declarase la alerta sanitaria en agosto de ese mismo año. La Fiscalía ha pedido diez años de prisión para los dueños de la empresa sevillana Magrudis.

El escrito del Ministerio Público afirma que los hechos constituyen un delito contra la salud pública por imprudencia grave, con cuatro delitos de homicidio, siete de lesiones al feto y 235 de lesiones, además de otros de defraudación del fluido eléctrico y falsedad en documento oficial. Las intoxicaciones se registraron en diferentes comunidades autónomas, causadas por una bacteria denominada "listeria monocytogenes" y asociada al consumo de carne mechada de la marca "La Mechá".

La Fiscalía pide para los dueños de Magrudis cuatro años de prisión y una multa de 1.620 euros por el delito contra la salud pública, además de seis años por homicidio por imprudencia grave, con una consiguiente inhabilitación para comerciar con productos cárnicos durante ocho años.

Por el delito de falsedad documental oficial pide un año y medio de cárcel adicional y una multa de 1.620 euros para dos de los principales acusados y un arquitecto contratado por la empresa, además de otra sanción de 1.440 euros por defraudación eléctrica. En concepto de responsabilidad civil, los acusados -a excepción del arquitecto-, deberán indemnizar al Ayuntamiento de Sevilla con 141.040 euros y a la Junta de Andalucía con 800.000 euros.

La Fiscalía también genera responsabilidad de tipo civil al Ayuntamiento de Sevilla, por la falta de control sanitario y de autorizaciones que le competen, junto a la compañía de seguros AXA, según el Ministerio Público. 

Una ocultación deliberada

Los acusados eran conscientes de que el proceso de elaboración de la carne tenía "deficiencias sanitarias", y riesgo "grave o muy grave" para los consumidores. No pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias, ni al Ayuntamiento de Sevilla ni a la Junta de Andalucía, por lo que lo "ocultaron de forma deliberada", lo que implicó que se causasen daños graves, "eludiendo todas las obligaciones legales para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes".