El exconseller valenciano Rafael Blasco ingresa en la cárcel de Picassent

VALENCIA.- El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, ha ingresado este lunes, sobre las 09.00 de la mañana, en la prisión de Picassent (Valencia), para cumplir la pena impuesta de seis años y medio por malversar ayudas públicas al tercer mundo, han confirmado fuentes del centro.

El exdiputado autonómico y exportavoz parlamentario del entra en esta cárcel tras ser condenado por el Tribunal Supremo a la pena de seis años y seis meses por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad por el caso Cooperación, relativo a las irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

Además, Blasco tiene pendientes otras dos causas por el supuesto desvío de otras partidas destinadas también a iniciativas solidarias.

Blasco había sido citado este lunes por la secretaría de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que indicase la prisión en la que deseaba ingresar tras ser condenado.

Sin embargo, el pasado viernes (tres días antes de lo previsto) el exconseller acudió por sorpresa al tribunal valenciano y allí se acordó su ingreso voluntario en prisión, que se ha hecho efectivo este lunes en la prisión valenciana de Picassent, el centro elegido por el exdiputado popular para cumplir condena.

El Tribunal Supremo rebajó en año y medio la condena inicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al entender que no existió delito continuado, y mantuvo la pena de 20 años de inhabilitación para cargo público.

La sentencia relata cómo Blasco, en calidad de su puesto de trabajo como consejero de Solidaridad y Ciudadanía, convocó en marzo de 2008 la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional, convocatoria a la que concurrió otro de los condenados, Marcial López, en nombre de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales.

"En realidad, se trataba de una entidad prácticamente de su propiedad, que gestionaba de forma personal y directa como plataforma para obtener en su propio beneficio subvenciones y otro tipo de ventajas", relata.

La Conselleria concedió a esta fundación un total de 1,6 millones de euros supuestamente para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.

El Supremo considera probado que de este dinero que la Generalitat invirtió en estos dos proyectos apenas llegó a su destino la cantidad del 3 %, exactamente 47.953 euros.

El 97 % restante fue aprovechado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles en la ciudad de Valencia.

La Conselleria rechazó inicialmente los proyectos de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales por falta de experiencia previa, pero ante las presiones del exconseller, fueron adjudicados los fondos finalmente, según la sentencia.

El alto tribunal señala en su fallo que la conducta de los condenados supuso "pisotear nobles sentimientos del ciudadano que con agrado deseaba ver destinada una parte de su contribución del erario público a fines solidarios trasnacionales".