¿Tienen los alumnos más opciones de aprobar en junio si sólo les queda una asignatura? ¿Y si les quedan dos? ¿Qué pasa si las suspensas superan las tres? ¿Talleres de teatro? ¿Tareas relacionadas con el medio ambiente? ¿Excursiones? ¿Charlas? ¿Películas? Alumnos, familias y docentes de la mayoría de centros escolares de la Comunidad de Madrid se hacen preguntas como estas desde que hace unas semanas los institutos comenzaron a poner en práctica las medidas que conllevan el cambio de los exámenes de septiembre a junio.

El Plan Bolonia llevó hace varios cursos a algunas comunidades autónomas a adelantar las convocatorias de ESO y/o Bachillerato de las llamadas recuperaciones, que se venían haciendo en septiembre, al mes de junio. Baleares, Canarias, Castilla y León y Extremadura sólo lo aplican en segundo de Bachillerato. Cantabria, únicamente en la ESO. La Comunidad Valenciana, Euskadi, La Rioja y Navarra en ESO y Bachillerato. La Comunidad de Madrid se ha sumado este año tanto en ESO como en Bachillerato y todo parece ser un caos, principalmente por las dos semanas que quedan en el aire en el calendario desde que por estas fechas acaba el curso como tal hasta que a finales de mes tienen lugar los exámenes extraordinarios.

En esos días, los que han aprobado todo tienen que acudir a distintas actividades alternativas que no repercuten en la nota final; mientras, quienes hayan suspendido alguna materia afrontarán clases de refuerzo para tener opciones de recuperar las asignaturas. “No hay ninguna posibilidad de refuerzo y apoyo. En esos pocos días es prácticamente imposible lograr nada”, critica Camilo Jené, de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).

La realidad es que si antes aquellos que acababan junio con alguna materia pendiente tenían todo el verano para estudiar y prepararse con vistas a los exámenes en septiembre, ahora tienen apenas quince días, que parecen pocos si, además, las asignaturas a recuperar son varias. “Da la sensación de que en lo último que se piensa es en el alumnado”, lamenta la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos (FAPA).

La clave del cambio de fechas con respecto a los suspendidos parece residir en que no hay una evaluación continua durante el curso, según denuncian la mayoría de colectivos. “Eso supondría que hay una atención individualizada durante el año. El objetivo debe ser que todo el mundo pase, que nadie suspenda y para eso habría que empezar a principios de curso, no en junio”, abunda Jené. “Un calendario debe tener una visión global que dé respuesta a lo que sucede durante el mismo, para dar cumplimiento al currículo exigido, con los descansos necesarios, pudiendo hacer realidad la evaluación continua”, opina la FAPA.

Para Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en la comunidad, “lo que sucede es que en Madrid la política educativa está muy radicalizada”. “Hay elementos que para el PP son claves, y este es uno de ellos: la Lomce, que vinculan a su argumentario político. Por tanto, no quieren aplicar la evaluación continua”, agrega.

Medida sin consenso

La Consejería de Educación, liderada por Rafael van Grieken, decidió el cambio ya el año pasado. Según los sindicatos y las agrupaciones de padres y madres, no tomó en consideración al resto de partes implicadas, ni hubo ningún tipo de debate con los centros escolares, las familias o los profesores, que reclaman que se les tenga en cuenta por el bien de todos, pero sobre todo de los alumnos. Sin embargo, el director general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid, Juan José Nieto, rechaza esta acusación: “Llevamos año y medio hablando de este tema con sindicatos y colectivos de padres, porque el plan era poner en marcha este sistema en el curso 16/17”. Nieto asegura que el dictamen de la norma que rige este nuevo plan de actuación “quedó aprobado por unanimidad en mayo del año pasado”. No obstante, concede que el aspecto clave, que es el cambio de fecha, ya venía dado por la norma y no podía modificarse, aunque, según él, sí cabía introducir algunas reformas.

La consejería explicó en un comunicado hace un año que trató de “lograr el mayor consenso posible” y que, para ello, abrió “un período de diálogo con la comunidad educativa”. Además, recalcaban que el modelo “potencia la evaluación continua”. Asimismo, daban datos para reforzar sus tesis: “Las estadísticas del curso pasado [2016/17, por esas fechas] indican que hasta el 58% de los estudiantes de Bachillerato y el 49% de ESO de institutos con asignaturas suspensas no superó en los exámenes de septiembre ninguna materia pendiente en la convocatoria extraordinaria de este mes”.

Por su parte, Galvín denuncia lo contrario: “Lo impusieron sin consenso. El consejero manifestó desde el principio que él había decidido que había que cambiar los exámenes. Así que lo que está sucediendo era previsible, porque lo regularon por la puerta de atrás”.

Algunos colectivos de padres y gobiernos tanto de Madrid como de otras comunidades argumentan que uno de los principales beneficios del adelanto de los exámenes es que las familias ya no tienen que recurrir a profesores particulares en verano, que algunos no pueden permitirse. “Es verdad que quizás algunos que no podían hacer frente a academias en verano estaban abocados al fracaso. La mayoría de los que aprobaban en septiembre era gracias a las academias”, concede Jené. “Por lo general, no se necesitan clases particulares. Es un sistema educativo lógico y coherente que tiene unos puntos de apoyo bien establecidos, pese a los recortes, que permite que todo alumno pueda acabar con éxito sus estudios sin ayuda externa”, opina, por su parte, Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF.

"Muchos de los chicos más desfavorecidos no tienen posibilidades de academia. Y, probablemente, muchos de los que han suspendido todas las asignaturas sean ellos. Así que el cambio en la fecha responde sobre todo a ellos", defiende también Nieto. "Adelantando la fecha, tienen dos semanas de refuerzo y profundización con sus mismos profesores, por lo que así se refuerza la continuidad de la evaluación y, además, lo tienen mucho mas fresco que si es en septiembre", agrega.

Ciertos grupos han defendido también la tesis de que, con las pruebas en junio, los alumnos tienen el periodo estival libre para pasar tiempo con la familia. Por su parte, algunos expertos y asociaciones inciden en que se puede acabar con el efecto ‘castigo’ de dedicar el verano a estudiar, que siempre ha existido para quienes se dejan materias pendientes. “Al final, se acaba con esa automotivación para los alumnos”, reprocha Gutiérrez. Asimismo, habría también un beneficio para los centros educativos, que pueden organizarse con más tiempo al conocer meses antes del comienzo del curso con qué alumnos y profesores cuentan.

Los profesores, totalmente desbordados

Mientras, los chicos y chicas que han hecho los deberes llegados a estas fechas se encuentran con que tienen que acudir al centro educativo con las notas ya puestas y, en ocasiones, teniendo que compartir clases de refuerzo con los que suspendieron. La mayoría de institutos de la comunidad han ideado actividades de muy diverso cariz: desde talleres de literatura o de ciencia hasta excursiones. CCOO denuncia que este plan obligatorio para todos los centros lo comunicó la Consejería hace apenas unas semanas, ya a mediados de mayo, con muy poco margen.

Así, no parece que estas actividades vayan a tener mucho éxito: “En estas fechas ya hay alumnos perdiendo el tiempo en los centros. Y se prevé que muchos no vengan, porque las familias no quieren que sus hijos vayan para no hacer nada”, cuenta Camilo Jené. “Es muy complicado motivar a los buenos alumnos, que han aprobado, para que acudan. En Castilla-La Mancha [donde se aplica la modificación del calendario de manera experimental en algunos institutos] han dejado de ir de forma mayoritaria”, explica Mario Gutiérrez.

El alto cargo de la Comunidad de Madrid niega improvisación en este asunto: "Hemos trabajado en el consejo escolar junto a los sindicatos y colectivos y ya lo expliqué allí: no es verdad que los chicos no vayan a hacer nada. Desde el comienzo, al menos desde junio del año pasado, los centros saben que tienen que hacer estas actividades en esas fechas. Hasta se creo un grupo para hacer propuestas para esos planes que se llama Orienta 2".

“La Consejería se ha lavado las manos. Ha venido a decir: Tú te lo preparas como quieras, pero no voy a darte recursos alternativos”, lamenta Jené. Ahí está la otra gran pata de todo este caos: los profesores. Si ya la situación y recursos de muchos de ellos era de tensión máxima y de cargas de trabajo muy intensas por los recortes, estas nuevas directrices les desbordan por completo. Ahora se ven obligados a desdoblarse para atender a dos grupos de alumnos, y, probablemente, a ninguno de ellos con la atención que merecen. “El objetivo de la Consejería era que mejoraran los resultados de los alumnos, pero pensaban que se podía hacer a coste cero: sin más profesores”, critica la dirigente de CCOO, sindicato que demandó a la Comunidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) “por irregularidad normativa y por la inseguridad jurídica al no estar definidos ni los horarios, ni las actividades ni las funciones del profesorado”. Una demanda que planean interponer de nuevo el próximo curso porque “la Comunidad piensa hacerlo igual, sin escuchar a nadie”.

Denuncia el sindicato que a la necesidad desde este año de que los docentes atiendan a dos grupos de alumnos en los centros, se suman las reuniones de las juntas de evaluación en los mismos, pero también que algunos de ellos forman parte de tribunales de oposiciones y de selectividad, por lo que están exprimidos al máximo. Galvín calcula que sería necesario incorporar un porcentaje que podría llegar hasta el 10% de la plantilla, sobre todo en Secundaria, para que la medida implementada por el Gobierno de la Comunidad tuviera cierto éxito.

De nuevo, Juan José Nieto niega la mayor sobre esta acusación: "Yo no hago los horarios a los centros ni el plan de actividades, son autónomos. Los profesores ya tendrían esa carga de trabajo en circunstancias normales, en el anterior plan. Sólo cambiará en función del centro. El atracón de verdad para ellos era en septiembre porque tenían que examinar, evaluar y más cosas".

¿Qué sucedió en otras comunidades?

Algunas autonomías hicieron el camino contrario al del Ejecutivo de Ángel Garrido. Es el caso de Aragón, que llevó los exámenes a junio en 2003, pero regresó a septiembre en 2011, coincidiendo con el cambio de color en el Gobierno autonómico. Patricia Ciria, asesora de Comunicación de la Consejería de Educación de Aragón, sólo ofrece como explicación a la marcha atrás esta entrada del PP al mando. “Posteriormente, se hizo un estudio para comprobar si realmente tenía efectos sobre los resultados. Como no había una gran diferencia entre junio y septiembre, se decidió no tocarlos, salvo las convocatorias para Formación Profesional”, explica. Sólo se plantearían deshacer el camino otra vez si los datos dieran un vuelco: “Aunque ha habido debates en el consejo escolar, es un tema que, de momento, está parado”.

A la comunidad que en absoluto se le pasa por la cabeza regresar a las pruebas de septiembre es Euskadi, que lleva más de dos décadas evaluando a sus alumnos a finales de junio. Allí están encantados con el cambio, aunque reconocen las tensiones y el caos que tuvieron al principio, al igual que está sucediendo ahora en Madrid. “En su momento, fue un escándalo, pero hoy en día el sistema está bastante integrado; la experiencia es positiva en general”, comenta José Ángel Ayúcar, jefe de Inspección del Departamento de Educación del gobierno vasco.

En Euskadi, la clave del sistema reside, una vez más, en la evaluación continua, la medida que reclaman los colectivos en Madrid. “Cuando comenzamos con ello, con la entrada en vigor de la Logse, un alumno tenía que demostrar la adquisición de conocimientos, pero hoy, además, debe probar la adquisición de competencias que se demuestran a lo largo del curso con trabajos de equipo o con la manera en que se relacionan con los compañeros, entre otras cosas. Eso no se puede medir con exámenes”, explica.

“Lo que medimos no se puede recuperar en quince días. En Euskadi tenemos una evaluación extraordinaria en junio, a la que se presentan quienes no están conformes con su nota de evaluación continua. Y ahí se vuelven a examinar de todo lo que se ha dado durante el curso. La recuperación como tal, como está pensada en Madrid, sólo tiene sentido si se hace en un plazo de tres meses. Lo que nosotros llevamos a cabo es más una garantía jurídica, y lo normal es que no haya grandes variaciones en las notas”, abunda Ayúcar, que asevera tajante que el sistema no admite dudas: “La tasa de aprobados es muy alta, estamos en general por encima de la media. Volver a septiembre es algo implanteable, sería como regresar a la EGB. ¿Alguien se lo plantea? Nadie”.

De momento, la Comunidad de Madrid asegura que el plan inicial era implantar al menos dos años el nuevo sistema "y luego decidir". "El plan es beneficiar a los alumnos y alumnas. Cuando pase este curso, evaluaremos. Y, si lo mejor es esto, ¿por qué no? Si no da resultados, ya verá el consejero y ya lo consensuaremos", explica Nieto. Padres, madres y profesores no son tan optimistas. Galvín define el sentir de casi todos ellos: “No recordaba un final de curso así en muchos años; ha habido un aluvión de quejas de los docentes, que están muy enfadados. Es un caos y una auténtica barbaridad”.