España no piensa ‘en verde’: Rajoy ni se plantea la tributación ecológica

El presidente del Gobierno nunca ha sido un entusiasta de las teorías para combatir el cambio climático. Su primo el físico de la Universidad de Sevilla así se lo aconseja desde hace más de un decenio. Y no va a cambiar ahora. Sólo porque haya varios grandes tratados internacionales para tratar de reducir el calentamiento global … ¡en varios grados, dentro de varios años! Mariano Rajoy nunca ha sido un político de ciencia ficción.

El problema es que España, por inacción u omisión, puede adquirir un déficit de prosperidad notable respecto a los países de su entorno. Porque la tributación verde es un estimulante necesario para reducir la presión fiscal en áreas como las rentas personales, la fiscalidad empresarial o las cotizaciones a la Seguridad Social.

Al tiempo que actúa como catalizador de innovación en industrias y sectores productivos y de acicate para reconvertir el mix energético nacional y dotar de mayor peso a las energías limpias y renovables. Demasiada modernidad. Los entusiastas de la fiscalidad verde proceden de latitudes que llevan décadas imponiendo sus gravámenes en sus mapas fiscales.

En especial, los escandinavos -pioneros en el castigo fiscal a actividades contaminantes-, pero también los socios europeos del Este -últimos en acceder al club comunitario-, que se han incorporado con cierta euforia y sin demasiadas contemplaciones a los regímenes tributarios con cuotas ecológicas.

Aunque también mercados emergentes del calibre de Turquía o naciones en desarrollo del Caribe (República Dominicana), Centroamérica, como Honduras, u otras con una indiscutible vitola de economía sostenible como Costa Rica. Pero, quizás, el más emblemático de todos sea Dinamarca.

Dinamarca grava la canalización de las aguas para reducir su gasto; el PVC para crear plantas de energía combinadas, las emisiones de CO2 desde 1996, el excesivo consumo energético o el mal uso del reciclaje

Su modelo impositivo grava, desde 1994, por la canalización de las aguas, una iniciativa socialdemócrata dirigida a recudir el gasto y el consumo de este servicio público; penaliza el uso de pesticidas en labores agrícolas; el PVC, desde 2000, para favorecer la instalación de plantas combinadas de agua y electricidad; sobre el CO2 ya desde mediados de los años noventa (1996) y que ha logrado recortar las emisiones más de un 20% o sobre el gasto energético y el mal uso del reciclaje.

Una de sus últimas medidas ha sido la entrada en vigor de un mínimo gravamen por la adquisición (primero) y el uso después (pago anual) de vehículos energéticamente eficientes. Desde 2007. Y que ha sido causa esencial de los descensos continuados en la circulación de coches con motores de gasolina y diésel.

La apuesta por la tributación ecológica parecería, pues, una necesidad imperiosa para un país como España, con unas condiciones geográficas y climatológicas especialmente aptas para el consumo de energía renovable, y que ha llegado a casi significar la mitad del mix de generación eléctrica, en un periodo de extraordinaria carestía del recibo de la luz en plena crisis económica.

Según datos de Red Eléctrica Española, en 2016 representó el 47,2%: un 21,8% eólica, un 17,8% hidroeléctrica, un 2,4%, solar; un 2,4% termo-solar y un 1,8% procedente de otras fuentes. Pero que aún registra un alto porcentaje de consumo nuclear (23,2%) y de carbón, con un 10,5% en las facturas de la electricidad. Y, sobre todo, que mantiene una especial crudo-dependencia.

El 98% de los combustibles fósiles -en especial, el petróleo, aunque también el gas y el carbón- se compraron del exterior en 2015; nada menos que diecisiete puntos más que hace un cuarto de siglo. Lo cual revela que la adicción está lejos de remitir, a pesar de que cada vez supone más gasto para los ciudadanos.

El ahorro por uso de renovables entre 2005 y 2015 fue de 49.694 millones de euros y las emisiones de CO2, en otros 3.823 millones

También desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) se llama la atención sobre las bondades de las energías limpias. El balance del decenio 2005-2015 es muy explícito. El ahorro por el uso de renovables ascendió a 49.694 millones de euros, mientras la adquisición desde el exterior de combustibles fósil se redujo en 23.733 millones y las emisiones de CO2 en 3.823 millones.

La patronal lo expresa, también, en otros términos: si las primas percibidas por las fuentes renovables fueron de 44.386 millones -en los años subvencionados por la política energética del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero-, por cada euro que costaron las renovables, los consumidores y la economía ganaron 1,74 euros, debido a la reducción de los gastos por emisiones, importaciones de combustibles fósiles y rebajas de la luz.

En cambio, España, lejos de aproximarse a estos estándares ecológicos, navega con un rumbo alternativo. Tanto, que parece costarle un mundo quitarse también el lastre del carbón. Porque las centrales térmicas españolas todavía queman millones de toneladas de este mineral de muy alta toxicidad para producir electricidad. Hasta el 20% de la generación eléctrica en varios meses de los últimos años. Sin prestar sensibilización alguna a que su combustión emita muy elevadas cantidades de gases de efecto invernadero.

Greenpeace denuncia que España fue el país del mundo en el que más creció en uso de carbón en 2015,ya que el 98% de sus combustibles fósiles los compra de fuera

Según Greenpeace, España fue el país en el que más creció en uso de carbón en 2015. Esta dura radiografía de situación es la que lleva a algunos expertos a sentenciar que la política climática de España es la peor de toda Europa, ya que mientras en nuestro entorno las emisiones se estancaron en 2015 y creció el consumo de renovables, en España aumentan la polución y se contrae la demanda de renovables.

Sin que parezca que tengan remedio ni las advertencias del Tribunal de Justicia de la UE por la creciente contaminación, ni los avisos por déficit excesivo de las autoridades económicas de la Comisión (la tributación verde añadiría ingresos y reduciría la presión fiscal sobre otras cargas tributarias), ni los datos europeos.

Cada vez más contundentes. Eurostat, la oficina estadística de la UE, España está claramente en el furgón de cola en ingresos por fiscalidad ecológica. Del total de ingresos por impuestos ecológicos en 2014 en el conjunto de la UE (343.600 millones de euros, el 2,5% del PIB), España es, junto a Eslovaquia y Lituania, los únicos que suministran a las arcas de sus Haciendas nacionales una porción inferior al 2% por estos conceptos tributarios.

A pesar de que, entre 2002 y 2014, su recaudación creció a ritmos del 2,2% anuales a precios corrientes. En términos cuantitativos, 79.000 millones de euros más que en 2002. Y de que en tres países (Eslovenia, Croacia y Grecia) significará más de uno de cada diez euros de ingresos.

Por áreas de tributación, los gravámenes sobre la energía, que incluyen la fiscalidad sobre los carburantes, totalizaron el 76,5% de los ingresos, frente al 19,9% de la imposición al transporte y el 3,6% sobre las emisiones de CO2.

El diagnóstico español que revela Eurostat es, si cabe, más contundente. No sólo porque se aleje de los dictados de instituciones multilaterales como la OCDE o la Agencia Internacional de la Energía (AIE), sino porque la distancia empieza a ser un serio obstáculo para la modernización social y económica del país; es decir, que la brecha hacia la creación de un verdadero espacio de dinamización económica, pleno empleo, desarrollo sostenible y digitalización de los negocios es ya, casi, un imposible.

En España, los ingresos por impuestos medioambientales han pasado de recaudar 16.857 millones de euros en 2004, a 19.251 en 2014. Un mínimo incremento que, en el conjunto de los recursos impositivos, supone, de facto, un retroceso en términos relativos. Porque, en porcentaje sobre el total de la balanza fiscal del país, España se ha dejado, en este periodo, dos décimas, al pasar de significar el 5,7% al 5,5%. Y lo que es peor. Justifica que la factura de la luz, por ejemplo, no haya dejado de crecer.

La fiscalidad sobre la energía supera cualquier cota europea, el 83,6%, lejos del 12,9% que supone la tributación sobre el transporte y del escaso 3,5% que registra la imposición sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.No por casualidad, la OCDE y la AIE inciden en que España tienen un amplio margen de maniobra para consolidar su ecosistema tributario.

El business as usual -dice la OCDE- en la configuración de los climas regulatorios y fiscales para hacer negocios “tendrá serios impactos no sólo sobre los recursos naturales, sino también sobre la prosperidad y la corrección de desigualdades”. Una pauta que también marca para España la AIE.

España redujo dos décimas entre 2004 y 2014, la recaudación verde en relación al total de tributos

Entre sus últimas recomendaciones en política de energía, cita la revisión del modelo impositivo hacia la eco-tributación e incluyendo incentivos para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia energética. Que España llega tarde a la fiscalidad verde es un hecho evidente. Queda casi en el pleistoceno los primeros gravámenes sobre el excesivo gasto energético en los hogares de Holanda, en los años setenta, en plena crisis del petróleo.

O las pioneras cargas tributarias sobre el diésel o las aguas contaminadas, incluso sobre emisiones, también de esos años, en Dinamarca, Suecia o los propios Países Bajos. Pero lo que ya no parece tan de recibo es que no se observe en el espejo de naciones como Noruega, una economía solvente por su elevada producción de crudo, de alto poder adquisitivo y conciencia medioambiental que acaba de ponerse como meta acabar con los coches diésel y gasolina en 2025, a razón de 100.000 subvenciones anuales para la compra de coches eléctricos con supresión del 25% del IVA.

La lista de espera para adquirir este tipo de vehículos crece como la espuma. Tanto de alta como de baja gama. De ahí que Oslo sea la capital del mundo por la que más Teslas circulan. Mientras su gobierno empuja al país hacia la plena digitalización, derivando parte de su fiscalidad directa a ciudadanos y empresas, tanto en trabajo como en capital, e indirecta hacia la preservación del medio ambiente.

En línea con la Agencia Europea Medioambiental (EEA, según sus siglas en inglés) que asegura que los tributos verdes han demostrado su efectividad a medida que van ganando adeptos entre las sociedades civiles.