Medio ambienteLas eléctricas deberán responder por las miles de aves electrocutadas cada año

Las comunidades autónomas podrán exigir a las compañías eléctricas que se hagan cargo de los tendidos peligrosos para las aves.

Una sentencia pionera en España ha sentado un precedente al obligar a Iberdrola al pago de una multa de 100.001 euros y a una indemnización de 41.920 euros más por una “Infracción muy grave” al electrocutarse un águila imperial ibérica —una especie en peligro de extinción— en uno de los postes que la empresa tiene en el municipio de La Herrera (Albacete). Iberdrola debía haber subsanado los problemas de la instalación —ubicada en una Zona de Protección de Avifauna— para evitar este tipo de sucesos, pero nunca lo hizo. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la ha condenado ahora por el impacto que recibió el ave en 2014 y que le impidió volver a volar.

“Hasta ahora todas las muertes de aves por electrocución en tendidos eléctricos no eran sufragadas por nadie. El mensaje que han mandado las eléctricas es que eso no era su responsabilidad”, señala en conversación con Público David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO Birdlife, que ha dado a conocer la sentencia.

El problema de los tendidos eléctricos para las aves no es menor. Según un reciente estudio del Ministerio de Medio Ambiente, al menos 33.000 rapaces mueren electrocutadas cada año en los 240.000 postes obsoletos y peligrosos que las compañías mantienen en el territorio nacional. La investigación reveló además que los cables de alta tensión eran la principal causa de muerte de especies en peligro de extinción como el águila imperial o el águila perdicera. Y eso sin tener en cuenta otras aves y sin poder aportar datos de todas las comunidades autónomas, por lo que se estima que las cifras son en realidad mucho mayores.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2008 un Real Decreto para evitar el daño que estos tendidos estaban causando a las aves y que daba a las comunidades autónomas un año de plazo para localizar los postes de mayor riesgo en su territorio, y a las empresas propietarias, por su parte, otro año más para presentar los proyectos de reparación de esos tendidos. La ejecución del proyecto, sin embargo, quedaba supeditada a la disponibilidad de financiación pública, porque el Estado asumía los costes.

Esto es a lo que se han agarrado las compañías eléctricas durante todos estos años para no llevar a cabo las reparaciones en los tendidos. Ni siquiera para presentar sus proyectos, como tampoco había hecho Iberdrola con el poste de La Herrera a pesar de que el Gobierno manchego así se lo requirió. El fallo dictado ahora por el TSJ de Castilla-La Mancha interpreta esto como “una omisión negligente de una obligación en la ley” y ratifica la multa impuesta por la Junta.

“El fallo judicial abre la puerta a nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías, independientemente de si hay fondos públicos o no, para corregir los tendidos”, dice De la Bodega. “Evidencia que se puede y se debe exigir a las empresas eléctricas la corrección de los apoyos y la señalización de vanos en los que se tenga constancia de la electrocución o colisión de aves”, añade.

El Real Decreto de Zapatero tuvo escaso cumplimiento. En 2014, seis años después de su aprobación, sólo 11 de las 17 comunidades autónomas habían presentado sus inventarios de postes defectuosos. Tampoco las compañías presentaron sus proyectos.

Según ha anunciado Seo Birdlife un día después de publicarse la sentencia, Iberdrola no recurrirá el fallo y activará un plan para adaptar 200.000 tendidos eléctricos hasta 2025.