Este artículo se publicó hace 7 años.
La incompetencia de la Comunidad de Madrid devolvió a la calle a los menores tutelados desaparecidos
Tras meses viviendo en un parque, una asociación los llevó a uno de sus pisos tutelados. Allí estuvieron casi un mes, pero esta fórmula de acogida estaba fuera de la normativa, así que la ONG tuvo que devolverlos a los centros de menores de los que ya se habían fugado
-Actualizado a
MADRID.- Problemas burocráticos derivados de una mala decisión devolvieron a las calles a los cinco menores marroquíes desaparecidos que estaban bajo tutela de la Comunidad de Madrid. Se trata de niños de entre 11 y 14 años que vivían en la calle, en un parque del barrio de Hortaleza cercano a los centros de acogida de la Comunidad de los que se escapan continuamente por diferentes razones, entre ellas, denuncias de malos tratos y vejaciones por parte del personal.
Voluntarios de la Fundación Raíces, una organización que trabaja y está en contacto directo con estos niños, los vio por última vez el 29 de diciembre y, tras días sin volver a aparecer por el parque, dieron la voz de alarma junto a Save The Children. La consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid ha confirmado la desaparición y ha informado de que la Guardia Civil vio a varios de ellos por última vez en Ávila la noche del 29 al 30 de diciembre, pero que tras llevarlos a un centro de menores local, volvieron a escaparse. Según ha poido saber Público, ningún cuerpo de seguridad del Estado tiene orden expresa de buscarlos.
Cuando se cumple una semana desde que personal de las ONGs los vieran en el parque de Hortaleza, sigue sin conocerse su paradero. Fuentes de la consejería y las ONGs barajan la posibilidad de que hayan emprendido un viaje hacia el norte de Europa, a países como Francia o Alemania, pero nada puede afirmase sobre ellos. Están perdidos geográficamente, aunque antes lo estuvieron burocráticamente.
Varios de los menores desaparecidos fueron trasladados a la localidad de Rivas a finales de noviembre. Acabaron en un piso tutelado que gestiona la Asociación Mundo Justo, una entidad que proporciona ayuda y cobijo a adictos en proceso de desintoxicación, a migrantes y a varios colectivos sociales en riego de exclusión desde 1999. Pero la decisión de llevarlos allí no fue nada ortodoxa, aunque sí estaba resultado efectiva, afirman varias fuentes.
Según ha explicado a Público Javier García Ugarte, director de Mundo Justo, él mismo recogió el 24 de noviembre con la furgoneta de su asociación a nueve de estos niños (dos de ellos de 18 años) en el Parque Isabel Clara Eugenia. Allí llevaban varios meses malviviendo entre colchones y cartones, vagabundeando, a veces delinquiendo e inhalando disolvente para sobrellevar las bajas temperaturas, el hambre y la persecución de la Policía. "Fue una iniciativa personal de Alberto [San Juan Llorente, Director General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid]. Me trasladó su preocupación por estos niños que no quieren estar en los centros y le comenté que tenía disponible un piso en Rivas. Le pareció bien para evitar que siguieran en la calle y en peligro", asegura García.
La decisión San Juan se tomó a la ligera, "con buena intención", asegura García, pero llegaba después de que la situación de estos niños y los problemas derivados de ella aparecieran en varios medios de comunicación y causaran cierto malestar en el vecindario, un barrio humilde de Madrid.
La situación de estos menores tutelados fue denunciada en noviembre por la Fundación Raíces y Save the Children. Según explican, los niños se niegan a permanecer en los centros de primera acogida porque "el sistema no los protege, los discrimina y no les proporciona los cuidados que debería". De hecho, hay en curso querellas por agresiones contra varios trabajadores de los centros Isabel Clara Eugenia y Hortaleza. Algunos de estos menores relataron que, en los centros de protección, se ven sometidos como castigo a condiciones de aislamiento, insultos y agresiones.
Pero la Comunidad de Madrid y sus servicios de protección "en lugar de ir a buscarlos, ponen trabas para tratar de volver a integrarles en el sistema", afirmaban las dos organizaciones denunciantes. Niños en un país que no es el suyo, sin apenas hablar el idioma, sin rutina, sin tutores, sin plan de inserción más allá que la mano dura de los vigilantes de los centros y de la Policía, sin dinero y sin expectativas, colocados con pegamento y al abrigo de cartones. Los problemas en el barrio no tardaron en llegar. "No es un asunto de seguridad o de convivencia, son niños de apenas 13 años que requieren protección de manera urgente", asegura Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, que critica la dejadez del gobierno nacional de Cifuentes con ellos.
"Se quisieron venir sin ningún problema. Ni se lo pensaron. Allí estaban felices", afirma García
García, de Mundo Justo, acomodó a nueve niños en un piso tutelado de 190 metros cuadrados, seis habitaciones y dos salones. Seis voluntarios de esa asociación estaban con ellos las 24 horas del día y, según asegura este voluntario, el cambio de actitud de los chavales fue evidente. "Se quisieron venir sin ningún problema. Ni se lo pensaron. Allí estaban felices, bien alimentados, cuidados y vigilados por los voluntarios de nuestra asociación", explica. Le secunda Reyzábal, de la Fundación Raíces, cuyo personal voluntario pasó por el piso a visitarlos y conocer de primera mano su situación en varias ocasiones. "Se les veía felices, iban a empezar a ir al colegio y habían dejado de inhalar disolvente, no habían vuelto al parque y habían dejado de delinquir", relata a Público.
El problema que la Comunidad no había podido, querido o sabido resolver lo estaba atajando, como ocurre muchas veces, una organización sin ánimo de lucro y sin apenas recursos. De hecho, Mundo Justo está en graves problemas económicos, sobre todo después de los recortes sociales que empezaron en 2010, lamenta García. "Antes éramos trabajadores de la asociación. Ahora sólo somos voluntarios", remarca.
El cambio de actitud no le sorprendió. "Son niños de los mismos barrios de Marruecos que llegan aquí debajo de un camión o colándose en un barco. Les meten en un centro de menores con mucha gente de otros países y lo que quieren es estar con gente de su tierra, que habla su idioma y sentirse seguros", argumenta el voluntario.
Pero esa situación no duró ni un mes. El ayuntamiento de Rivas, gobernado por Izquierda Unida, denunció la situación y amenazó a la Consejería de Políticas Sociales y Familia con ir a los tribunales. Según el comunicado que hizo público el consistorio ripense, titulado "Menores tutelados: la Comunidad incumple", la Consejería de Cifuentes trasladó al piso de Mundo Justo "a siete menores sin que en ningún momento la Consejería de Políticas Sociales y Familia informara ni a los Servicios Sociales ni a la Policía Local de Rivas".
El consistorio envió al piso a personal local del servicio de atención a menores y familia para "supervisar las condiciones en las que se encuentran los menores". Concluyeron que "el centro no pertenece a la red regional de protección del menor y que, por tanto, no se trata del recurso adecuado para atender a estos chicos". "Si comprobamos que no se ha respetado el protocolo que se exige en estas situaciones nos planteamos emprender acciones legales contra la Consejería de Políticas Sociales y Familia por vulnerar los derechos de estos chicos", añadía en la nota Pedro del Cura, alcalde de Rivas. El Ayuntamiento, preguntado por Público, alega que no es una "decisión de perfil político, sino técnico". Algo que no comparten ni Reyzábal ni García y que los niños que allí vivían nunca comprenderán.
Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman que, en efecto, no se cumplía el protocolo y que el piso de Rivas estaba fuera la red de tutela de menores. Así se lo trasladó también al gobierno de Cifuentes la Fiscalía de Menores madrileña. Los niños debían volver al centro de primera acogida que les correspondía.
Todas la fuentes aseguran que hubo varias reuniones entre la Consejería de Políticas Sociales y Familia, el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Mundo Justo para evitar que los menores volvieran a la calle. "Estaban muy mal ahí, súper colocados con pegamento, congelados y pasando hambre. Pero preferían eso que ir al centro de menores", asegura la presidenta de Raíces, que critica que las administraciones "se pasaron la pelota de unas a otras" y que a ninguna administración le preocupaban realmente los niños, sino evitar titulares incómodos.
Lo mismo opina Javier García, de Mundo Justo. "Cuando nos comunicaron que los críos tenían que irse se nos rompió el alma. A los voluntarios y a los niños. No obligaron a devolverlos a los centros y allí los llevé, pero no se quedaron en ellos", explica. "Nos dijeron que el piso no era adecuado, que se necesitaban ocho personas contratadas por Mundo Justo para atenderlos y que no teníamos proyecto educativo para ellos. Les dije que haría el proyecto educativo y que me dieran recursos para adaptar el piso al protocolo, porque nosotros somos voluntarios, pero no nos los dieron", prosigue. En su lugar, el Ayuntamiento de Madrid aseguró que enviaría educadores de calle al parque para convencer a los menores de regresar a los centros. Al perecer, no funcionó.
"No entendemos por qué no podían quedarse en el piso de Rivas, vigilados y cuidados mientras que la Comunidad de Madrid está dejando a menores tutelados en habitaciones de hostal del centro de la ciudad y les da vales para que coman en kebabs, sin vigilancia ni tutores ni orientadores de ningún tipo", critica Reyzábal.
"Yo los acogí voluntariamente, como una labor humanitaria necesaria y porque soy vecino de Hortaleza, conozco esta problemática y tenía los recursos para hacerlo", explica el presidente de Mundo Justo. "Las razones por las que los niños están desaparecidos son políticas, porque conmigo estaban bien", lamenta.
Mientras tanto, nadie sabe nada de su paradero. Pero desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid recuerda que en la región "hay más de 130 MENAS" (Menores Extranjeros no Acompañados), que no todos se escapan de los centros, que "el sistema funciona aunque estos niños en concreto no lo hayan aceptado", que "es un tema muy complicado".
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