Como cada 17 de mayo, este jueves se conmemoran 28 años desde la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un anacronismo que, lejos de acabar con la discriminación hacia el colectivo LGTBI, fue el primer paso para la conquista de una larga lista de derechos cercenados a las personas con diversa orientación sexual, identidad o expresión de género a lo largo de la historia.

Los derechos conseguidos hace más de una década en España en materia de protección legal, con el matrimonio entre las personas del mismo sexo, los derechos reproductivos o de adopción nos sitúan entre los países más avanzados.

Sin embargo, la caída desde el quinto al noveno puesto en el ranking de países europeos sobre la situación de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales –por detrás de Malta, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Francia, Dinamarca, Finlandia y Portugal- y el repunte de los últimos años en delitos de odio inquietan a la comunidad LGTBI.

Cartel de la marcha contra la LGTBIfobia.

En su informe del año pasado con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la asociación internacional ILGA daba un toque de atención a España respecto al discurso de odio que prevalece en determinados estamentos institucionales como la Iglesia Católica. Notorios han sido casos como el del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, cargando contra el matrimonio homosexual y la “ideología de género”, llegándolos a considerar como los principales problemas de España y de la Constitución. En el ámbito regional, también fueron reprobadas las afirmaciones de un director de un colegio católico de Alcorcón comparando la ley madrileña contra la LGTBfobia con el fanatismo terrorista.

En términos globales, ILGA Europa cuantifica en un 67% los derechos conquistados por el colectivo en España, obteniendo plena igualdad en ámbitos como la familia (igualdad en el matrimonio o en la adopción) y en espacios dentro de la sociedad civil (con total ausencia de leyes que atenten contra la libertad de expresión o de reunión del movimiento). No obstante, España tiene un largo camino por recorrer en materia de igualdad y no discriminación o en crímenes y discurso de odio.

En 2017 tomó impulso una iniciativa parlamentaria destinada a subsanar carencias presentes en nuestra legislación respecto a la libre determinación de la identidad de género, la despatologización de la transexualidad o la discriminación en el ámbito sanitario, educativo y laboral. La proposición de ley, originada e ideada por las asociaciones LGTBI, fue llevada al Congreso de los Diputados por Unidos Podemos y aprobada el pasado mes de septiembre. Desde entonces, el texto parlamentario se ha enfrentado a intentos de torpedear su tramitación, con la presentación de una ley alternativa por parte del Partido Popular -rechazada por el resto de grupos al ser considerada ofensiva para las víctimas- y el informe negativo de los letrados del Congreso al vulnerar una decena de artículos de la Constitución.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) considera que la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI situaría a España en el liderazgo mundial de derechos para la comunidad.

Aumentan un 36% los delitos de odio contra el colectivo LGTBI

Una de las cuestiones que más preocupan es el repunte de delitos de odio en los últimos años en España. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2016 aumentaron un 36% los incidentes por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género. Sin embargo, para el Observatorio español contra la LGBTIfobia los casos que acarrean denuncia son solo la punta del iceberg. “La propia población todavía no está sensibilizada con que tiene que denunciar cuando es objeto de una agresión. Hay toda una serie de amenazas o agresiones físicas y verbales que permanecen ocultas y que ciframos en nuestro informe anual en un 80% de los casos. No se denuncia por varios motivos: porque existe desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, que hace 30 años eran las mismas que te perseguían y te metían en prisión por tu condición sexual; por la victimización que sufren las víctimas cuando van a denunciar; y porque creen que no va a haber condena o que van a tener penas irrisorias”, señala a Público el director del observatorio Francisco Cabezas.

Por estos motivos, la jornada del jueves contra la LGTBIfobia estará marcada por la denuncia y la visibilización de los delitos de odio en la manifestación que a las 21 horas partirá de la madrileña Plaza de la Villa y llegará hasta la Plaza Pedro Zerolo. Desde Sección Invertida, movimiento de respuesta a los actos de odio hacia la diversidad sexual e identitaria, subrayan que, esta vez, “el movimiento LGTBI no saldrá con carrozas ni desfilando porque no tenemos nada que celebrar”.

La manifestación convocada por colectivos como RQTR, Sección Invertida, el Orgullo Crítico o la Comisión 8 de marzo denuncia “la patologización de las identidades trans, el acoso que sufren los menores LGTB en la escuela y en sus familias, la discriminación a la que se enfrentan en los puestos de trabajo, el aislamiento que provoca la amenaza de visibilizarse como persona LGTB y la precariedad a la que nos condena la dificultad para acceder al empleo siendo marica, bollera, trans o seropositivo”.