Lo que parecía un problema menor ha ido engordando como una bola de nieve hasta adquirir la categoría de un desastre que empeora con cada medida improvisada del Ministerio del Interior para parchearlo.

La salas de viajeros inadmitidos y para solicitantes de asilo del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, se han convertido en cuestión de meses en espacios insalubres donde permanecen atrapadas y hacinadas –durante más de una semana en muchos casos– hasta 400 personas que quieren solicitar protección internacional en España, según las últimas cifras, del pasado lunes.

La mayoría son ciudadanos africanos, sobre todo de Somalia, aunque en los últimos meses se han sumado senegaleses y marroquíes, además de los perfiles latinos habituales. La llegada de ciudadanos africanos a estos puntos sorprendió a la Policía y las ONG que les dan asistencia legal y psicosocial.

Necesitan un visado para poder embarcar hacia España o a casi cualquier país desarrollado –al contrario de lo que sucede a la inversa–, pero conseguirlo no es ni fácil, ni rápido, ni barato. De hecho es prácticamente imposible para la población africana, y esa es una de las razones por las que crecen exponencialmente las redes dedicadas al tráfico clandestino de personas.

Ante la falta de vías legales, la brecha que aprovechan estas personas para intentar quedarse en Europa y pedir protección internacional sin tener que recurrir a las arriesgadas rutas en patera o cayuco es la de las escalas en Barajas que efectúan sus vuelos. 

Los aeropuertos son uno de los puntos donde se puede pedir asilo de forma exprés, mediante el llamado procedimiento en frontera, que no es el cauce habitual. El proceso de registro de la petición y su admisión a trámite o rechazo por parte de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de Interior, no debería superar en estos casos los cuatro o cinco días si todo va bien. Aunque las denegaciones pueden recurrirse y ampliar los plazos otros ocho días.

Sin embargo, el retraso actual solo para poder registrar la solicitud es de cuatro o cinco días, lo que está demorando los procesos entre diez y 15 días en los que los solicitantes no pueden abandonar las reducidas salas habilitadas para ello. Están físicamente en España, pero el suelo que pisan aún no es oficialmente español.

Se han vivido picos momentáneos en el pasado con escenas similares, pero el repunte repentino de solicitantes de asilo que aterrizan en Barajas desde el pasado verano ha hecho insostenible la situación, y las ONG que asisten a estos migrantes creen que este cambio de tendencia ha venido para quedarse.

Quejas desde verano

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), cuyos equipos jurídicos suelen asistir a las personas que acaban en esta trastienda aeroportuaria, elevó una queja ante los tres juzgados de control de Madrid el pasado julio, después de que hubiera hacinadas 250 personas, incluidas familias con menores, en condiciones deplorables durante tiempo indefinido.

Los tres jueces y el Defensor del Pueblo visitaron las instalaciones y corroboraron el motivo de la queja. No dudaron en requerir el pasado diciembre al Ministerio del Interior y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que adoptaran "con carácter urgente" medidas "precisas para poner fin a la situación de hacinamiento", que no cumple las directivas europeas en materia de asilo.

Más de seis meses después de la queja de CEAR, Interior ha añadido una sala extra en la Terminal 2 a las ya operativas en la T1 y la T4; además ha asumido las labores de limpieza y ha ampliado personal. Pero la situación ha continuado deteriorándose y el número de personas con intención de pedir asilo sigue creciendo.

Cruz Roja deja su labor por el caos

Tanto es así que este martes la Cruz Roja ha decidido suspender temporalmente el servicio que lleva más de una década prestando a estas personas en Barajas con subvención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Las actuales condiciones no nos permiten hacer nuestro trabajo con normalidad y eficacia", explica a Público José Javier Sánchez, director del Área de Migraciones de la ONG.

El personal de Cruz Roja se encargaba de la asistencia psicosocial para los solicitantes de asilo, de la orientación en los trámites, de gestionar sus traslados cuando finalmente se les permite acceder a territorio español y de identificar posibles vulnerabilidades como casos de trata, entre otras funciones. "Llevamos tiempo comunicando que la situación es difícil e impide nuestro trabajo y ayer [lunes] informamos a Interior de esta decisión. Sabemos que hacen lo posible para que se resuelva lo antes posible y confiamos en poder regresar cuanto antes", añade Sánchez.

La limpieza también corría a cargo de la ONG, aunque por medio de una subcontrata. Pero los trabajadores se negaron a seguir limpiando en estas condiciones hace días, desde que se extendió una plaga de chinches.

Se hacía imposible mantener las mínimas condiciones de higiene en espacios tan reducidos, con tanto hacinamiento, colchones, maletas y personas en el suelo. Las escasas habitaciones con literas se quedaron pequeñas hace meses, las zonas comunes se transformaron en dormitorios comunales y los pocos cuartos de baño eran insalubres.

Fugas y críticas de sindicatos policiales 

El malestar también ha cundido entre los agentes de Policía destinados allí. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya denunció las deplorables condiciones en las que vivían cientos de personas y también la falta de personal policial dedicado a tramitar las solicitudes de asilo, que es la principal razón del colapso, y al mantenimiento de la seguridad.

Hace dos semanas se produjeron dos fugas de estas dependencias. En total fueron 26 ciudadanos marroquíes los que escaparon del aeropuerto rompiendo una ventana tras más de 20 días esperando una repuesta a su petición de asilo.

La situación alarma incluso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuya oficina en España lleva "tiempo preocupada por el hacinamiento y la falta de higiene". También se lo ha señalado a las autoridades y actualmente trabaja en buscar soluciones para agilizar el paso de los migrantes por este limbo caótico y sucio.

ACNUR asegura que está proporcionando intérpretes, indispensables para la realización de entrevistas de los solicitantes de asilo con el personal de Interior y con sus propios abogados. Según CEAR, la falta de traductores lastra también el avance de los trámites.

Para descongestionar un poco las salas de Barajas, Interior decidió trasladar a algunos de los solicitantes al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. El juez llegó a autorizar el ingreso de 50 personas en unas instalaciones semicarcelarias destinadas para extranjeros en situación irregular a los que se quiere expulsar del país.

La alerta tuvo que darla la Fiscalía, que recurrió la medida por basarse en una aplicación indebida de la Ley de Extranjería –errores legales en los que el ministro y juez Marlaska suele incurrir sin consecuencias políticas– y obligó al juez a revocar las órdenes de internamiento.

Visados para hacer escala en España

La estrategia que se baraja, y que ya ha empleado Interior para reducir las llegadas de posibles refugiados a Barajas, ha sido restringir aún más sus ya escasos movimientos legales y seguros.

Lo hace a través de una herramienta llamada "visado de tránsito", que básicamente consiste en pedir permiso a España para hacer escala en sus aeropuertos. Se lo exigió a los refugiados sirios en 2011, a los palestinos procedentes de Líbano en 2020, a los yemeníes en 2021 y a los haitianos en 2023. El año pasado hizo lo propio con ciudadanos turcos y burkineses.

Ante la crisis actual, desde el pasado sábado Interior lo hizo obligatorio para los kenianos después de detectar no pocos casos de somalíes refugiados en Kenia que compran o falsifican pasaportes kenianos. A diferencia del de Somalia, el documento de Kenia permite viajar sin visado a países de Latinoamérica y hacer escala en Madrid-Barajas.

Fuentes de Interior apuntan que se está estudiando extender el "visado de tránsito" para los senegaleses, lo que supone, además de tensión diplomática, una condena a embarcarse en una patera para los pocos que pueden optar por la vía segura del vuelo a Europa. Y se baraja en el año en el que más de 6.000 migrantes han muerto intentando alcanzar las costas españolas y con récord histórico de llegadas de cayucos y pateras al país, con casi 77.000 supervivientes, un 82% más que en 2022.

Permiso de entrada pro razones humanitarias

Tanto Cruz Roja como CEAR consideran que la implantación de los "visados de tránsito" dificulta aún más el precario acceso a la protección internacional para miles de personas que la necesitan.

Las ONG abogan por que Interior permita el acceso "excepcional" y por razones humanitaria de estas personas a territorio español y por darles cita para pedir asilo por los cauces regulares. Sin embargo, el colapso en el sistema de acogida es general, y conseguir esta cita para iniciar los trámites puede costar hasta nueve meses, según los propios refugiados y las ONG.

"Si no puede cumplir la normativa europea en cuanto a condiciones y plazos de asilo, los solicitantes deben poder entrar en España con una autorización extraordinaria para que tengan una acogida digna mientras se tramita su solicitud", resume Elena Muñoz, coordinadora estatal del Área Jurídica de CEAR.

El caso de Barajas es, en opinión de varios expertos, un indicador más de la limitación del sistema de asilo español, que ha visto cómo se han multiplicado las llegadas de refugiados de manera exponencial en la ultima década sin una redimensión pareja de los recursos humanos, tecnológicos y de acogida.

El año 2023 cerró con más de 163.000 solicitantes registrados, frente a los 118.000 de 2022, que también supuso el récord histórico desde que la OAR se puso en marcha en 1992.