Un santiagués se suicida un año después de ser desahuciado

Un miembro de la plataforma antidesahucios de Santiago, Carlos Midón, se suicidó ayer, un año después de ser víctima de un desahucio. "Stop Desahucios Compostela lamenta profundamente que la voracidad de unos pocos, su guerra económica contra las personas de abajo (no es una crisis) y las nefastas condiciones psicológicas y de vida a las que está sometida la mayoría social siga llevándose vidas por delante", reza un comunicado de la plataforma difundido a través de Facebook.

Stop Desahucios ha mostrado su apoyo a su esposa, hijos, familia y amistades, al tiempo que ha denunciado que "mientras que el desempleo, la miseria y los desahucios existan, habrá muertes", por lo que considera que "los responsables tienen nombre propio".

Carlos Midón, vecino de la parroquia compostelana de Aríns, lamentó el pasado febrero que cuatro encausados por intentar paralizar el desahucio tuvieran que enfrentarse a la justicia, acusados de faltas de desobediencia y resistencia a la autoridad. Midón, que fue llamado a declarar como testigo, se quejó de que tenía que vivir en casa de un amigo y de que tras el desahucio no había sido ayudado por las administraciones. "Encima de que vienen a ayudar a una familia, tienen que pasar por esto", dijo sobre los cuatro activistas que intentaron paralizar el desalojo el 19 de septiembre de 2014, poco después de haber conseguido un aplazamiento.

"Eso es que no hay ley, sólo para proteger a los de siempre: bancos y estafadores", lamentó en declaraciones a EP Carlos Midón, que en ese momento buscaba trabajo en la zona de Santiago. Tanto él como su mujer, con dos hijos y un mayor a su cargo, estaban desempleados.

La familia denunció en su día que, tras no poder pagar la hipoteca que habían pedido para terminar de construir su casa, se vieron obligados a solicitar un préstamo a un particular, pero fue engañada. La hipoteca ascendía a 35.000 euros, aunque los intereses aumentaron la deuda hasta los 68.000 euros, según Stop Desahucios, lo que motivó que recurriera a un particular. Éste, mediante supuestos engaños, se hizo con la vivienda y posteriormente exigió 150.000 euros para devolvérsela a la familia, que finalmente fue desalojada por antidisturbios.