"En Melilla hay una serie de niños no escolarizados, yo soy una de ellas. Queremos ir todos al colegio, pero no nos dejan", relata una niña de unos 10 años en un vídeo en el que la asociación Pro Derecho de la Infancia (Prodein) denuncia que por tercer año consecutivo cerca de un centenar de niños y niñas en edad escolar no podrán acudir a clase el próximo curso 2020-2021. Todo ello por trabas burocráticas que rezuman racismo institucional, critica José Palazón, presidente de esta entidad.

"Yo he nacido en Melilla. ¿Por qué no me dejan estudiar? Si fuera de Marruecos estaría estudiando en un colegio de Marruecos, pero soy de Melilla: me tenéis que dejar", reclama otro niño en el mismo vídeo tras conocer que el próximo curso tampoco podrá ir a clase. El pasado 19 de junio la Dirección Provincial de Educación publicó el listado definitivo de los alumnos que deben completar la documentación para acceder a la escolarización y su nombre aparecía en él.

En estos momentos, la Dirección Provincial de Educación en la ciudad autónoma se encuentra inmersa en la puesta en marcha del próximo curso con medidas de prevención contra el coronavirus con numerosos retos, el principal de ellos: reducir la ratio de 27 alumnos por aula a 15 o 20 y definir instalaciones para darles cabida y profesores para cubrirlas.

Familias afectadas entienden la importancia de este protocolo, pero no por qué se olvidan de ellos. No comprenden por qué sus hijos son invisibles a los ojos de la Administración, que vulnera el derecho a la educación con una serie de trabas documentales que les impiden la escolarización en cualquier centro escolar público en Melilla.

Requisitos discriminatorios

Estos niños han heredado el problema documental de sus padres, muchos de ellos de origen marroquí, que no cuentan con documentos regularizados pese a llevar muchos años residiendo en la ciudad (o incluso habiendo nacido también en ella), con capacidad de demostrar el arraigo social y sobreviviendo con trabajos precarios, sin contrato ni Seguridad Social. Los padres tampoco pueden volver a Marruecos porque ese Estado no los reconoce, son apátridas.

Hasta ahora, para matricularse en algún centro escolar de la ciudad, los niños deben estar empadronados en Melilla, pero para inscribirse en el padrón deben tener el permiso de residencia y para tener este permiso deben haberse empadronado previamente. Un círculo vicioso que imposibilita de forma efectiva la escolarización de estos menores. Estos requisitos son exclusivos en ambas ciudades autónomas, fronterizas con marruecos. De hecho, desde el Partido Popular siempre han hecho campaña en contra de la escolarización de estos niños por considerar que "es el inicio de la marroquinización de Melilla" y "genera un efecto llamada".

En un intento de facilitar este trámite, a inicios del pasado mes de marzo el Ministerio de Educación publicó en el Boletín Oficial del Estado dos nuevas disposiciones sobre la escolarización de menores en centros públicos y concertados en las ciudad. La primera remarca la necesidad de demostrar la residencia en la ciudad a través del empadronamiento de los padres. La segunda indica que, en caso de no ser posible, "se podrá acreditar a través de un certificado expedido por servicios sociales o aquel otro documento acordado por órganos competentes en admisión de alumnos".

"Hay familias que han tratado de acreditar su residencia mediante informe de arraigo y facturas de la vivienda y, en la práctica, no se las han admitido", alerta Palazón. Prodein cuenta con el apoyo de la Asociación de Abogados Extranjeristas que en estos momentos lleva la causa a siete de las familias afectadas y tienen la próxima vista en los juzgados prevista para el 30 de julio.

José Luis Rodríguez, abogado de esta asociación, es claro y rotundo: "Exigir el padrón y la residencia para la escolarización es ilegal. El artículo 9 de la Ley de Extranjería garantiza la escolarización de los menores independientemente de la situación de regularidad administrativa". Rodríguez coincide con Palazón y asegura que a la hora de la verdad la Administración no está admitiendo facturas de suministros como prueba de residencia para la matriculación. A ello añade: "El único requisito para estar escolarizado en España es tener la edad para ello".

Por su parte, el director provincial de Educación en Melilla, Juan Ángel Berbel, señala a Público que "desde el pasado 20 de junio se abrió el plazo de matriculación extraordinario" para subsanar errores en la documentación aportada o adjuntar la que falte. En los primeros días de septiembre se reunirá la Subcomisión Permanente de Escolarización para atender las solicitudes fuera de plazo acumuladas desde el 25 de junio hasta inicio de curso, así como de "aquellas familias que presenten documentación regulada en la Orden de Admisión que acrediten fehacientemente su residencia en la ciudad", apunta Berbel, sin responder a la cuestión sobre las trabas que encuentran estas familias.

Sin repercusión social

El presidente de Prodein alerta de la falta de repercusión que esta cuestión tiene en los medios de comunicación tanto a nivel local como nacional, pero en especial a la falta de interés por parte de la sociedad. "Si en Melilla se suprime un derecho universal como lo es el acceso a la Educación y no hay una respuesta social, en unos años puede darse esta situación en otras zonas de España", alerta Palazón. Este activista asegura que "la mordaza es un cáncer que sufre y recorta los derechos y la democracia".

Desde la Asociación de Abogados Extranjeristas recuerdan que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha emitido hasta siete resoluciones exigiendo la inmediata escolarización de menores "y lo están incumpliendo", apunta Rodríguez. Esta entidad redoblará esfuerzos y recursos para defender a las familias afectadas y luchar por garantizar el acceso a la educación de estos niños.

El mismo Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, intervino el pasado 25 de junio en el Congreso de los Diputados para denunciar el "racismo y exclusión que sufren 100 niños en Melilla que siguen sin escolarizar" y exigió medidas para solucionar esta situación de cara al próximo curso. El 12 de junio fue el Comité de Derechos del Niño el que emitió un comunicado reiterando a España la obligación de "adoptar medidas urgentes para permitir el acceso inmediato de los menores al sistema público de educación primaria en Melilla".

En febrero, la ONU instó a España a escolarizar a una menor que contaba con la documentación requerida, pero el sistema seguía rechazándola. Finalmente la admitió en abril, en plena pandemia de coronavirus, cuando las clases eran virtuales. La hemeroteca destapa casos que se remontan hasta 2014. Prodein y la Asociación de Abogados Extranjeristas trabajan para evitar que esta discriminación se prolongue más en el tiempo.