El Ministerio del Interior tiene previsto expulsar a Marruecos a una persona migrante internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca (Barcelona) que, además, es solicitante de asilo, según han denunciado  la plataforma Tanquem els CIE y el colectivo de personas migrantes y refugiados que mantienen un encierro desde hace más de un mes en una edificio público de Barcelona, que también destacan que su solicitud de asilo aún se está aún estudiando en la Audiencia Nacional.

En un comunicado, los denunciantes afirman que entre este jueves y viernes está previsto el vuelo de deportación después de que "las autoridades han agotado prácticamente la estancia permitida en el CIE para expulsarlo". Según fuentes jurídicas de Tanquem els CIE, esta persona lleva 57 días internado de los 60 que posibilita la ley. Apuntan que el solicitante de asilo llegó a España en 2016 por Melilla, donde formuló su primera petición de asilo, que fue rechazada. Posteriormente volvió a solicitarlo pero no fue admitido, por lo que presentó un recurso en la Audiencia nacional para que se reexaminara el caso y que aún está pendiente de resolución, apuntan las misma fuentes.

Las organizaciones critican que el Gobierno está "obviando la grave situación en la que se encuentra si es deportado", ya que el hombre ha expresado su temor a sufrir represalias en su país de origen, donde la homosexualidad está perseguida judicial (el Código Penal alauí castiga con cárcel las relaciones sexuales entre personas del mismo género) y socialmente (se han registrado casos de linchamientos públicos a parejas homosexuales que, después de ser agredidos, han sido juzgados por un tribunal). De hecho, según este abogado, el solicitante de asilo ha manifestado que ya sufrió represión en el pasado, razón por la que decidió salir del país y pedir refugio en España.

El abogado de la plataforma contra los CIE se ha presentado en el centro este jueves para entrevistarse con el afectado y evaluar la situación. Actualmente se encuentra trabajando en el caso para que el abogado del interno pueda paralizar la expulsión. Su intención es solicitar "medida cautelarísimas" en el juzgado par que se paralice la deportación mientras aún se está estudiando su recurso. "No tiene sentido que se ejecute expulsión de una persona que tiene pendiente la resolución sobre petición asilo en un juzgado", apostillan estas fuentes, que también añaden que esta estrategia tiene un "margen limitado" dado que los plazos de tiempo son muy ajustados.

Los denunciantes hacen un llamamiento para detener esta deportación y este jueves se han concentrado a las 11.00 horas en las inmediaciones del CIE. También se han convocado concentraciones para esta tarde en Barcelona, frente a la subdelegación del Gobierno a las 17.00 horas,  y en otras ciudades del país.

Cumplir el Derecho Internacional

Exigen a las instituciones españolas en materia de inmigración y asilo que "cumplan el Derecho Internacional", ya que estarían vulnerando el principio de no devolución que recoge la Convención de Ginebra desde 1951 como garantía imprescindible del derecho de asilo: “Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.

En caso de ser expulsado forzosamente a Marruecos, este solicitante de asilo podría enfrentarse a una condena de hasta tres años de prisión por su orientación sexual, según las leyes del régimen marroquí. Fuentes del Tanquem els CIE también apuntan al "coste y repercusiones que su deportación podría tener en la comunidad".