El Defensor del Pueblo urge a los municipios a fijar zonas de bajas emisiones

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, considera "injustificados" los argumentos de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que aún no han implantado Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y urge este jueves en un comunicado a los que todavía no lo han hecho a que lo hagan "cuanto antes".

De acuerdo a la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, dichas zonas de bajas emisiones en todos los municipios a partir de esos niveles de población deberían haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2023.

El Defensor del Pueblo considera que ninguno de los argumentos ofrecidos por los ayuntamientos consultados justifica el retraso en el establecimiento de estas zonas, cuyo fin es la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire de las ciudades. También recuerda que algunos de ellos han recibido ayudas económicas para su implementación.

Insta además a que los municipios que ya hayan establecido una Zona de Baja Emisión (ZBE) en su territorio se abstengan de adoptar cualquier medida que suponga una regresión.

El objetivo es reducir las emisiones de CO₂

El Defensor del Pueblo ha enviado 11 recomendaciones a 33 ayuntamientos e insta a todos aquellos municipios obligados a establecer las ZBE, cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO₂ causantes del cambio climático y las emisiones de gases contaminantes perjudiciales para la salud, "a hacerlo cuanto antes y a evitar más retrasos y dilaciones".

El Defensor del Pueblo solicitó información a 18 municipios que en noviembre de 2023 aún no habían iniciado la tramitación de la ZBE: Aranjuez, Arganda del Rey, Arona, Barakaldo, Calviá, Cerdanyola del Vallés, Coslada, Ferrol, Granadilla de Abona, Mijas, Motril, Orihuela, Puerto de Santa María, San Cristóbal de La Laguna, Sanlúcar de Barrameda, Telde, Tres Cantos y Valdemoro.

Asimismo, se dirigió a siete municipios que habían comenzado la tramitación de la ZBE, pero que su implementación iba con retraso: Alicante, Bilbao, Córdoba, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria.

La institución también requirió explicaciones a ocho municipios en los que se había ralentizado o suspendido la implantación de ZBE: Badalona, Castelló, Elche, Gijón, Lorca, Majadahonda, València y Valladolid.

El Defensor del Pueblo ha recibido los informes solicitados de todos los ayuntamientos con los que se iniciaron actuaciones en noviembre de 2023, salvo los de Arona, El Puerto de Santa María y Murcia, a pesar de estar obligados por ley a responder los requerimientos de la institución como Alto Comisionado de las Cortes Generales.

Las razones del retraso

Las razones aportadas para justificar el retraso en la implantación de las ZBE son muy variadas. En síntesis, los municipios alegan la falta de plazo suficiente para la aprobación de la ZBE, la complejidad técnica de su instalación, la asistencia de personal especializado para acometerla o la falta de recursos financieros suficientes para llevarla a cabo.

Asimismo, algunos ayuntamientos argumentan que han apostado por la conveniencia de emprender otras actuaciones en materia de movilidad o contaminación, o han alegado el bajo nivel de contaminación existente en su municipio o la especial geografía urbana de la población.

A juicio del Defensor del Pueblo, ninguno de los argumentos ofrecidos en sus respuestas por los ayuntamientos consultados justifica el retraso en el establecimiento de las ZBE, que resulta obligado de acuerdo con la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, y para cuya implantación algunos ya han recibido ayuda económica.