Thelma Aldana es una mujer influyente. Tanto que la revista Time la incluyó el año pasado en una lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Habla con tono decidido y aborda indistintamente en su discurso temas como la corrupción y su efecto en las democracias, como aquellos relacionados con los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Dos de sus temas preferidos. Y es que Aldana ha ocupado alguno de los cargos de más relieve de su país, Guatemala. Fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, órgano que también dirigió, y hasta hace unos pocos días era la Fiscal General del país, puesto para el que fue nombrada por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Desde este puesto llevó a cabo las investigaciones que permitieron desarticular numerosas estructuras criminales dentro de las instituciones del Estado, incluida la que llevó a la cárcel a los expresidetes Otto Pérez y Álvaro Colom a la carcel. 

Aldana es, además, una mujer comprometida con los derechos de las mujeres, pionera en introducir la perspectiva de género en la judicatura de su país y responsable de poner en marcha los Tribunales de Feminicidios. Con ella hemos conversado durante su paso por Madrid, donde participó en el ciclo de conferencias Mujeres contra la impunidad, organizado por La Casa Encendida y la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, para hablar del fortaleciendo la democracia: la lucha contra la impunidad y la corrupción.

¿Qué papel juegan las mujeres en este fortalecimiento de la democracia?

En Guatemala tenemos una cultura machista, patriarcal, que descalifica e invisibiliza a la mujer. No es fácil incursionar en puestos de poder y cuando lo hacemos, es difícil ejercer nuestro trabajo adecuadamente. Hay que reconocer que especialmente en el área política hace falta mucha participación de la mujer.

Usted es una mujer poderosa en su país por los puestos que ha ocupado. ¿Es usted una excepción? ¿No hay mucha representación de mujeres en puestos altos?

No. Por ejemplo el Congreso tiene 158 diputados y hay 20 mujeres. Ministras hay dos. Se da el fenómeno de la pirámide. Abajo en los puestos sencillos hay muchas mujeres, y cuando se va subiendo al poder, va desapareciendo la participación femenina.

¿Que hay que hacer para invertir esa pirámide o para equilibrarla?

En lo que respecta a los derechos humanos de las mujeres, pasa por la lucha contra la violencia que sufre la mujer y la niña, con diseñar políticas de igualdad, y en algunos casos, con leyes que vayan propiciando que la mujer pueda acceder a los órganos económicos, políticos y sociales. En conclusión, falta voluntad política.

La lucha contra la violencia de género es cuestión de gobiernos, parlamentos y leyes o de la sociedad civil. ¿De dónde vendrá el cambio?

Es de todos los sectores. Empezando por la educación, pasando por los gobiernos y la sociedad, que también debe luchar contra su cultura patriarcal. Es un problema que tiene muchas aristas y en el que deben involucrarse muchas personas. Pero el cambio tiene que partir de la educación a edades muy tempranas, a nivel primario, siguiendo por el secundario, la universidad y los procesos formativos a trabajadores y trabajadoras del Estado. Así se puede mejorar.

Usted acaba de dejar la Fiscalía General de Guatemala. ¿Qué cosas ha podido hacer desde ese puesto para mejorar la igualdad?

Yo seguí una política de igualdad y es la única institución del Estado en este momento que tiene prácticamente igualad de posiciones de hombres y mujeres en todos los niveles, incluidos los niveles más altos. Además, también propicié las condiciones para las denuncias que presentan las mujeres, un modelo de atención integral que las atiende con claridad y con rapidez. También pude crear una Fiscalía de Feminicidio.

Hay que recordar que Guatemala tiene dos sentencias en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una por el caso Véliz Franco, una niña de 15 años que fue asesinada, y otra por el caso Claudina, que con 16 años también fue asesinada. Las dos sufrieron estereotipos de género desde la escena del crimen por parte de fiscales, policías y hasta de los bomberos. Decían cosas como que la mataron porque fíjese la hora, la una de la madrugada y qué andaba haciendo ella en la calle. O miren cómo andaba vestida, será prostituta. Y el Estado guatemalteco fue condenado por esos dos casos, que me sirvieron para crear esta Fiscalía de Feminicidio. Funciona desde hace año y medio y tienen proceso formativos para que desde el escenario criminal los fiscales, los investigadores, todos los que forman la fiscalía tengan el enfoque de género.

Cuando tomé posesión como Fiscal General había siete fiscalías de mujer y ahora hay 23, que cubren todo el país con un presupuesto del Ministerio Público con enfoque de género real. Porque en muchos lugares, a veces esos presupuestos lo utilizan para clases de baile o ese tipo de cosas, pero tienen que servir para una atención verdadera a las necesidades de la mujer.

¿Que obstáculos tuvo que enfrentar para crear esta red de tribunales de feminicidio?

No tuve obstáculos. Tampoco por parte del Gobierno, porque éste tiene la obligación de dar un presupuesto y es uno el que decide cómo lo va a utilizar. Y el presupuesto del Ministerio Público tuvo enfoque de género porque yo tengo enfoque de género.

En España, a raíz de la sentencia de La Manada, se está exigiendo con fuerza incorporar la perspectiva de género en la justicia. ¿Cómo se ve a la distancia lo que está ocurriendo en España, un país que presume de tener algunas de las leyes más avanzadas en igualdad y contra la violencia?

Y que las tiene. Una sentencia de esa naturaleza causa preocupación, porque es una violación sexual y no puede ser tratada como algo mínimo, y menos por el órgano jurisdiccional. Lo que nos da claridad de que hace falta el enfoque de género. Hace unos años atrás, la violencia contra las mujeres se veía en Guatemala como una bagatela: las golpean porque dan lugar a eso (decían). Y ha costado mucho, pero hemos avanzado en ese reconocimiento de que la violencia contra la mujer no es natural. Y una sentencia como esta [la de la Manada], nos deja mal.

¿Esta sentencia ha tenido repercusión en Guatemala?

Siempre. Siempre lo que ocurre en España, especialmente en casos de violencia contra la mujer, llega a Guatemala y se toma como un ejemplo. Por ejemplo, acá en España se acusó en algunos momentos que las mujeres estaban abusando de las denuncias [denuncias falsas] y la justicia hizo un estudio. Y ese estudio determinó que del 100% de denuncias, en menos del 1% de los casos se abusaba de las denuncias. Ese estudio me sirvió a mí en Guatemala porque allá han empezado a decir lo mismo: que la mujer ahora no se puede ni ver porque todo lo denuncia, que abusa de la denuncia. Entonces les digo, miren, en España hicieron este estudio y este es el resultado, y en Guatemala ocurre lo mismo. De 56.000 denuncias que se presentan al año por violencia de género, asumamos que 1.000 son falsas, que son manipuladas, que sucede. Pero tenemos 54.000 que son reales y que merecen la atención y una respuesta adecuada del sistema de justicia.

Sí repercute, sí incide lo que ocurre en España. De hecho, diputadas de España de Guatemala y de México se unieron en el año 2007 contra la violencia de género, lo que dio lugar a que en Guatemala se aprobara la ley contra el feminicidio en 2008.

¿Y que ha supuesto esta ley?

Pues a partir de ahí, pudimos guiar un proceso de creación de juzgados y tribunales especializados en feminicidio y violencia contra la mujer, juzgados y tribunales con enfoque de género. Todo gracias a esa ley. Porque a partir de ahí, la violencia contra la mujer dejó de ser una lesión grave para convertirse en un delito la violencia física, la violencia sexual, violencia económica y se creó la figura del feminicidio, con penas severas de prisión.

¿Cómo es esa formación en enfoque de género, que características tiene?

Precisamente gracias al apoyo de la Cooperación española, creamos y pusimos en marcha módulos de capacitación que están instalados en la escuela de estudio judicial y que aspirantes a jueces de paz, a jueces de primera instancia, tienen que realizar. Pero además esta capacitación la tiene que realizar todo el personal que quiera ingresar a estos juzgados y tribunales especializados, no sólo los jueces y juezas. Todos deben recibir ese proceso formativo para ayudarles en su cultura machista a tener el enfoque de género. Se trata de una formación inicial, pero también es continua.

Tenemos que aprender de Guatemala

Si, es curioso porque nosotros hemos podido hacer mucho de todo esto gracias al apoyo de España a través de la Cooperación. Pero hay que tener en cuenta que nuestros tribunales con enfoque de género son penales, no de familia. Además diseñamos la transversalización de género en el poder judicial, también con el apoyo de la Cooperación Española, para que la judicatura recibiera formación en enfoque de género a todos los niveles.

Usted estuvo en primera línea del caso que llevó a la condena del expresidente Otto Pérez. ¿Cuál es la consecuencia de esos niveles de corrupción?

Hay un nexo muy grande entre corrupción y pobreza, entre control y falta de oportunidades. Porque se ha saqueado al Estado, se han desviado esos fondos. Millones de millones de dólares. Y esto lo digo con propiedad, en base a las investigaciones de algunos casos. Entonces me pregunto si esto no es de ahora. Esto no sucedió en el 2015. Desde cuando y cuánto, no lo sabemos.

¿Y esa lucha se gana?

Se puede ganar pero hay riesgo siempre de retroceso porque hay estructuras criminales poderosas en Guatemala, que se recomponen, que se resisten porque se les está afectando su statu quo. Y tienen nexos en todos los sectores, incluido el Gobierno.

Hemos iniciado esfuerzos en Guatemala en la lucha contra la corrupción, desde el ministerio público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, que no es una lucha fácil, pero creo que se puede vencer. En Guatemala la corrupción es la regla y no la excepción y tenemos que cambiar eso. Hay que meditar mucho, porque está bien la investigación, la sentencia, la sanción, pero hay que trabajar mucho en la prevención. Y corresponde al ejecutivo y al legislativo generar políticas de prevención, de acceso a la información pública, de rendición e cuentas de los funcionarios públicos y que la población se involucre más exigiendo a las y los funcionarios públicos transparencia y rendición de cuentas.

La corrupción es como un cáncer que se extiende con facilidad si no hay control y si no hay mecanismos para evitar la impunidad. Hay llegar a los intocables. Esto es fundamental.

Los procesos judiciales contra casos de corrupción son muy largos y en muchas ocasiones prescriben los delitos. En España tenemos varios ejemplos. Cuando se roba dinero público, ¿deberían prescribir los casos de corrupción?

No deberían de prescribir. No. Lo que sucede es que, salvo delitos de lesa humanidad, los demás prescriben todos. Es una regla del derecho. Y la corrupción no está en esta excepción. Al menos en Guatemala, para que prescriba el delito la pena debería ser el doble de la condena. Es decir, que si hay un delito que puede tener 12 años de cárcel, deberían pasar 24 años para que prescriba el delito. Es difícil que ocurra la prescripción.

Los procesos tan largos, en los que parece que no pasa nada, alienta a la corrupción. Porque si no pasa nada, no hay temor. Y se cumple aquello de que justicia tardía no es justicia. Tantos años es preocupante. Pero contra eso también hay que luchar porque, al menos en Guatemala, la institucionalidad del sistema de justicia ha sido una estrategia perversa. Que no funcionen los tribunales, que no funcione nada para que pueda florecer la corrupción. Y la impunidad con la corrupción van de la mano.

Usted ha sido promotora en Guatemala de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué importancia tiene la participación de las mujeres en la construcción de la paz?

Es fundamental. Guatemala sufrió un conflicto armado interno de más de 30 años. Uno de los más crueles de América. Tenemos casos de justicia de transición, como el de Sepur Zarco. Este es un caso que yo guié y que hemos logrado sentencias condenatorias en primera y segunda instancia, y que refleja el sufrimiento de la mujer durante el conflicto, porque fueron sometidas a esclavitud sexual y violaciones sexuales. Las sobrevivientes se atrevieron a romper el silencio y fueron ante el juez a relatar lo que vivieron hace 25 años. Y la resolución 1325 [del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que promueve la participación de las mujeres en los procesos de paz], nos da precisamente la posibilidad de rescatar a mujeres que han sufrido este conflicto armado interno y empoderarlas. En ese sentido hemos trabajado desde el Ministerio Público desde diversas líneas de apoyo al empoderamiento de la mujer

Reconocer a las víctimas, aunque sea de forma simbólica y tardía es fundamental. Porque son hechos sucedidos hace 30 años. Pero tenemos que luchar contra la impunidad del pasado también y la del presente. Es un trabajo muy grande el que hay que hacer para reconstruir el tejido social en Guatemala.

El juicio de Sepur Zarco supuso la primera vez que unas indígenas se sentaron ante un tribunal a contar lo que les había pasado, lo que le habían hecho.  Se trató de la primera sentencia en el mundo con estas características.

En ella fueron condenados paramilitares, dos o tres personas de formación militar a 90 y más de 200 años, porque los hechos sucedieron en un campamento militar, donde las mujeres de la población fueron secuestradas por los militares y llevadas a ese campamento y allí eran utilizadas como sirvientas de los militares. Pero no con un salario, sino como esclavas. Y hay relatos de algunas de ellas que dan escalofríos. Como que estaban lavando la ropa de los soldados en las pilas  (porque las ponían a lavarles la ropa y hacerles comida…) y pasaba un camión de soldados y las violaban. El camión completo de soldados violaba a las cuatro o cinco mujeres que estaban ahí. Estas mujeres sufrieron la esclavitud sexual. Es un caso crudo, pero es una sentencia importante, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y si en Guatemala llega a haber un conflicto armado interno, yo sé que esa sentencia va a servir para que los soldados y los que estén en el conflicto tengan presente que si se quieren enfrentar, que lo hagan entre ellos, y que la mujer no va al botín de guerra. 

Guatemala sigue siendo uno de los pocos países en el mundo que prohíben totalmente el aborto. Esto tiene consecuencias tremendas para las mujeres.

Lo peor lo sufren las niñas, especialmente las del área rural, que son violadas y obligadas a la maternidad y que son olvidadas por el Estado y repudiadas por la comunidad precisamente por ser madres solteras y haber sido violadas. Y hay indiferencia del estado guatemalteco ante esta situación de las niñas.

Especialmente las niñas indígenas. Si son violadas, por el padre, el hermano, el tío, el sobrino, el vecino… quién sea de su círculo familiar, no es justa esa indiferencia del Estado. Y me parece que debería flexibilizarse la legislación. Particularmente hacia esos casos.