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El constitucionalista Francisco Bastida cree que sería "razonable" cobrar a los negacionistas que ingresen por covid

A juicio del catedrático, que una persona se niegue a recibir una vacuna es un gesto de "insolidaridad manifiesta", sobre todo desde el momento en el que hay evidencia científica de que las dosis frenan drásticamente el virus.

Negacionistas se manifiestan contra las restricciones impuestas para evitar los contagios por coronavirus, a 4 de septiembre de 2021, en Irun, Euskadi.
Negacionistas se manifiestan contra las restricciones impuestas para evitar los contagios por coronavirus, a 4 de septiembre de 2021, en Irun, Euskadi. Europa Press

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida considera que la actitud de personas que, por sus ideas o creencias, no quieren vacunarse contra la covid-19, los conocidos como negacionistas, no ha de poner en peligro la vida o la integridad física de los demás.

Por esto, Bastida plantea que "entraría dentro de lo razonable" exigir a un negacionista, en las actuales circunstancias de pandemia y de presión hospitalaria, el pago a la Seguridad Social por la atención médica recibida si es que ha tenido que ser ingresado por contraer la covid-19.

"Si uno quiere escalar una montaña sin el equipo adecuado y con previas advertencias del riesgo que corre y luego se cae, el helicóptero de rescate no tiene por qué salirle gratis, o sea, pagado por todos los demás; el Estado no puede ser un seguro universal y menos para gente irresponsable", ha argumentado el experto en Derecho, a preguntas de Europa Press.

Bastida cree que también encajaría en la Constitución la vacunación obligatoria como "último recurso"

A juicio de Francisco Bastida, en el momento de que hay evidencia científica de que la vacuna frena drásticamente el virus SaRS-CoV-2, negarse a poner la vacuna es un gesto de "insolidaridad manifiesta". "Estamos hablando de derechos específicos, del derecho a la vida y del derecho a la integridad física de las personas", ha añadido.

Así, si bien un estado democrático ha de respetar en la medida de lo posible la decisión de unas personas que en base a sus ideas o creencias no quieran vacunarse, también tiene todo el derecho a imponer, si fuera necesario, a los no vacunados las restricciones que se consideren indispensables "para preservar la vida o la integridad física de los demás". Es en este contexto, donde está justificado y tiene encaje legal el certificado covid.

Incluso encajaría en la Constitución Española, ha dicho Francisco Bastida, imponer la obligación de vacunarse. No obstante, eso sería ya el "último recurso" y no está justificado con las actuales porcentajes de vacunación y de presión hospitalaria. "Creo que medidas como el pasaporte covid son suficientemente disuasorias para inducir a la vacunación de los que aún no lo han hecho pudiendo hacerlo", ha considerado.

A juicio de Bastida, los negacionistas y los antivacunas son personas que, ejerciendo su opción y su libertad, perjudican a los demás. "No son como el testigo de Jehová que, en razón de sus creencias, se niega a hacerse una transfusión de sangre. La decisión de los antivacunas y negacionistas de la covid repercute en los demás", sostiene el catedrático de Derecho Constitucional.

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