El número de licencias y autorizaciones concedidas en España para la tenencia y uso de armas ha aumentado un 38% en un año, según los últimos datos del Ministerio de Interior, correspondientes a 2021.

El incremento más llamativo es el de las licencias para armas cortas -revólveres y pistolas- otorgadas a particulares, que por primera vez pasan de las 3.000 en un solo año, suben un 53% y ya son cerca de 9.000.

Este ascenso se produce mientras el tercer partido con más diputados en el Congreso, Vox, propone legalizar el uso de armas de fuego en legítima defensa.

En España no se pueden portar ni poseer armas de fuego sin la correspondiente licencia o autorización expedida por las autoridades correspondientes, una labor de la que se encarga, en buena parte, la Guardia Civil.

Hay cinco tipos de licencias, en función del tamaño del arma y del uso al que esté destinada: vigilancia, caza, tiro deportivo o particular. Y para obtenerla, las personas interesadas deben acreditar unas aptitudes psíquicas y físicas adecuadas, así como unos conocimientos sobre conservación, mantenimiento y manejo de las armas.

El recuento de todos esos permisos aprobados en 2021 refleja un cambio en la tendencia de los últimos cinco años en las estadísticas de Interior. El número de licencias y autorizaciones concedidas en un año superó por primera vez, y con creces, la barrera de las 300.000, hasta llegar a sumar 363.406. Es decir, en torno a 100.000 más que las aprobadas en 2020, en 2019 ó 2017, años en los que en ningún caso pasaron de las 270.000.

El mayor número de permisos concedidos en 2021 fue para armas largas rayadas de calibre 5,6 milímetros destinadas a tiro deportivo y para escopetas de caza: un total de 219.664, que representan 57.631 más que los otorgados el año anterior.

Además, se aprobaron 105.020 para armas largas rayadas de caza mayor -30.560 más-, y 15.865 para concurso de tiro deportivo -5.648 más que en 2020-. La estadística incluye también las solicitudes denegadas, 3.948 el ejercicio pasado, y las bajas, 12.048.

Sin embargo, el dato que llama más la atención es el de las autorizaciones a particulares para la tenencia de armas cortas, que el año pasado llegaron a 3.750, un 53% más que las que se habían concedido en 2020 y un 33% más que las de 2019, año previo a la pandemia que paralizó la movilidad y la actividad en todo el país. En este tipo de licencias, se denegaron 243 solicitudes y se registraron 181 bajas.

Según la estadística de Interior, a fecha del pasado 31 de diciembre había en España casi 9.000 licencias y autorizaciones a particulares para tenencia de pistolas y revólveres, concretamente 8.950.

En total, al finalizar el año había en vigor 1.492.571 permisos para un total de 2.705.429 armas de fuego, de los cuales la mayoría -896.669- eran para armas largas para tiro deportivo y escopetas, a las que siguieron en número las de caza mayor -394.357-, las de avancarga, antiguas o históricas -38.847-, las de concurso de tiro deportivo -37.136- y las de personal de vigilancia o seguridad -32.659-, a quienes se ampara el uso, pero no la tenencia.

Vox pide legalizar el uso de armas en defensa propia

Este incremento del número de licencias se produce en un contexto político en el que, por primera vez, un grupo parlamentario defiende abiertamente en España el uso de armas de fuego como medio de defensa ante agresiones. La tercera fuerza parlamentaria del país, que representan los 52 diputados de Vox, plantea una reforma del Código Penal que permita el uso de armas en el hogar o en el trabajo para defenderse de una agresión.

El pasado mes de septiembre, el partido de ultraderecha defendió en el Congreso una proposición de ley –rechazada por el resto de los grupos- para tratar de garantizar la exención de "total responsabilidad cuando se realiza una acción en legítima defensa".

Se encargó de defenderla su entonces secretario de Organización, Javier Ortega Smith, quien dijo que había llegado la hora de "empatizar", "ponerse en la piel" de personas que han estado en la cárcel por plantar cara a individuos que han entrado en sus casas y actualizar leyes que se han quedado "obsoletas".

"Dramáticamente, muchos españoles han tenido que pasar por situaciones que en sí eran trágicas, pero la ley las ha hecho doblemente trágicas", dijo Smith desde la tribuna de la Cámara.

En la campaña previa a las últimas elecciones generales, las que dieron más de 50 diputados a la formación de ultraderecha, Vox defendió a través de las redes sociales que los españoles "sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales" tenían derecho a disponer de un arma en su casa para "usarla en situaciones de amenaza real sin tener que enfrentarse a la cárcel o a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes".

"Esto es especialmente importante en zonas más despobladas, donde la Policía tarda más en llegar en caso de emergencia. Tenemos unas leyes que tratan a los delincuentes como víctimas y a los ciudadanos honrados como delincuentes. El español honrado siempre está bajo sospecha para el consenso progre", añadía la formación de ultraderecha en su cuenta de Twitter.

Lejos de las cifras de otros países

España, pese a todo, sigue siendo un país poco armado, en comparación con otros de Europa y América. Según un estudio de la organización internacional Small Arms Survey en el que se manejan datos de 2017, nuestro país se encuentra aún muy lejos de los 25 que encabezan la clasificación mundial de armas de fuego por cada 100 habitantes, en la que EEUU está al frente, con una ratio de 120, mientras que la de Portugal es de 21, y la de Francia y Alemania, de casi 20.

El informe refleja que de los aproximadamente mil millones de armas de fuego que había en circulación a partir de ese año en el mundo, el 85% se encontraba en manos de civiles, el 13% en arsenales militares y el 2% restante pertenecía a los cuerpos de seguridad encargados de hacer cumplir la ley en cada país.

De acuerdo con sus estimaciones, las reservas mundiales de armas habían aumentado sobre todo por las que se encontraban en manos de civiles, que habían pasado de 650 millones en 2006 a 857 millones una década después.

La estadística del Ministerio de Interior incluye también las guías de pertenencia de armas particulares de profesionales con licencia de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad del Estado y autonómicos y Vigilancia Aduanera, que suman un total de 178.755, de las cuales el 39% son de integrantes de la Guardia Civil, que tienen el doble que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Por su uso irregular o por carencia de autorización, el año pasado se intervinieron y decomisaron en toda España 246.952 armas, la mayoría de ellas escopetas -117.799-, a las que siguieron en número de incautaciones 47.704 armas blancas, 40.741 pistolas, 16.713 revólveres, 10.516 rifles y 10.464 carabinas, según los datos de Interior.

De todas las armas intervenidas, 51.717 se encontraban a final de año pendientes de ser convertidas en chatarra y 21.802 de una subasta.