ZARAGOZA .- La asignatura de religión pierde presencia en los currículos educativos públicos en un proceso paralelo al desplome del número de creyentes y practicantes católicos que, de manera simultánea a un aumento de ateos e incrédulos, registra la sociedad española. El recorte de las horas de clase de Religión en escuelas e institutos es generalizada, tanto con gobiernos autonómicos de centro-derecha o de izquierdas.

En este sentido, según la información facilitada por el diputado de Chunta Aragonesista (Cha) Gregorio Briz, Castilla y León (PP) ha recortado de 9 a 7,5 horas las clases en los seis cursos de Primaria, Galicia (PP) ha bajado de 9 a 7 en esa etapa y de 5 a 4 en Secundaria, Euskadi (PNV) las ha reducido de una y media a una en ambas etapas y Canarias (Coca) y Cantabria (PRC) también ha rebajado su peso curricular. Por la izquierda, dos gobiernos del PSOE –Aragón y Asturias- han restado presencia a la Religión, otro como el de Baleares recorta en la ESO mientras y en Bachiller, mientras el de Andalucía deja a elección de los centros instaurar la segunda clase semanal.

El mínimo de 45 minutos semanales es el que el propio Ministerio de Educación estableció al elaborar los currículos derivados de la Lomce en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

El recorte aplicado por el Gobierno de Aragón, que el próximo curso eliminará una de las dos clases semanales de esa materia en Infantil y en Primaria para aumentar el tiempo de Educación Física –la iniciativa, de Podemos, fue apoyada por PSOE, C’s, Cha e IU-, ha provocado este martes un encendido debate en la Comisión de Comparecencias de las Cortes autonómicas, a la que acudieron tres representantes del sindicato Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece) para “manifestar el desacuerdo” por la posición de la cámara “contra la asignatura de religión y los derechos laborales de su profesorado”.

Los ateos ya superan a los católicos de misa semanal

José María Guardia calificó la iniciativa, incluida en el pacto de investidura PSOE-Podemos y que solo contó con el rechazo de PP y Par, de “atavismo decimonónico”, sostuvo que supone “una discriminación”, aseguró que conlleva “tirar por la borda años de convivencia entre creyentes y no creyentes” y al tiempo que, abogaba por “profundizar en la enseñanza de la religión desde un punto de vista laico”, acusaba a las Cortes de “tomar resoluciones contrarias” a la normativa.

Los recortes de la asignatura, sin embargo, discurren acordes a la evolución de la sociedad española en materia religiosa. En poco más de tres lustros, el porcentaje de ciudadanos que se declara católico ha caído más de quince puntos, del 84,4% al 68,7; y, dentro de estos, los de misa semanal se han reducido del 21,3% al 14,5%, con lo que han pasado de suponer algo más de la sexta parte de la población a menos del 10%, según señalan los estudios del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de los años 2000 y 2016.

Es ese mismo periodo casi se han duplicado los no creyentes, que han pasado del 8,4% al 16,3% de la población, y han estado cerca de triplicarse los ateos, que subieron del 3,9% al 10,2% y, por primera vez, superan a los católicos de misa semanal.

Tras la diatriba, que ocupó el grueso de su intervención y en la que destacó que una medida de ese tipo lleva una carga “ideológica”, Guardia se centró en el tema laboral: acusó al Gobierno de Aragón de crear “un problema laboral gratuito” y reclamó “soluciones”, ya que “los horarios de la asignatura de religión y los de sus profesores forman un todo”.

“En realidad exigimos mejoras laborales”

Los partidos de la izquierda y C’s coincidieron en diferenciar los dos planos de la intervención de Guardia: el laboral, con cuyas reclamaciones se mostraron comprensivos aunque sin obviar que quien habilita y selecciona a los profesores de religión son los obispados aunque cobren de la Administración, y el docente, en el que se inclinaron por primar la carga lectiva de otras materias. Otro representante del sindicato, Fernando García, admitió en la réplica que “por encima de todo somos trabajadores” y que, “en realidad, exigimos mejoras laborales”.

“La Lomce salió sin consenso, y de esos barros vienen estos lodos”, dijo el portavoz del PSOE, Darío Villagrasa, que recordó que la Ley Wert recortó otras materias como Economía, Historia del Arte y las enseñanzas artísticas. Carlos Gamarra, de Podemos, acusó al sindicato de “coger la Constitución con pinzas” para defender una postura laboral, puso de manifiesto su escasa combatividad cuando la crisis se llevó por delante cerca de 2.000 plazas de docentes en Aragón y apuntó que su problemática laboral “no debe resolverla la Administración. Debe buscar una solución la Conferencia Episcopal”.

Los portavoces de PP y Par, por su parte, se centraron en los aspectos ideológicos, con alusiones a “cruzadas” y a “reabrir heridas” por parte de la aragonesista Lucía Guillén mientras el conservador Fernando Gallve atribuía a la Consejería de Educación que dirige Mayte Pérez una actitud “abiertamente hostil con la escuela concertada y con la religión”.

La enseñanza de la religión cuesta 12 millones al año en la comunidad

La enseñanza de la religión en la comunidad le cuesta a las arcas públicas unos doce millones de euros al año. El Gobierno de Aragón asume una factura de 2,6 millones al año por los 66 profesores de los institutos, cuyo salario bruto anual es de 40.731 euros, según la información facilitada por el ejecutivo al parlamentario del partido morado. Esa partida supera, entre otras, a la del Programa de Cooperación al Desarrollo, lanzado este martes con una dotación de 2,5 millones.

Los casi nueve millones y medio restantes los asume el Ministerio de Educación, al ser Aragón una de las comunidades, junto con Andalucía, Canarias y Cantabria, que no aceptó la transferencia de los maestros de religión de Infantil y de Primaria. En la comunidad hay casi 300, que perciben un salario bruto anual de 32.500 euros.

La materia, sin embargo, la definen los obispos en aplicación de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano. Eso hace que entre los estándares evaluables se incluyan “la comprensión del padrenuestro” y, también, reconocer “que una persona no puede alcanzar por sí misma la felicidad” y que “la plenitud del ser humano está en la relación con Dios”.