Sólo cuatro mujeres se sentarán este jueves en la primera reunión de la comisión que estudiará la posible reforma de los delitos a la libertad sexual en el Código Penal, encargada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, poco después de conocerse la sentencia de La Manada. Lo harán de forma excepcional, puesto que esta comisión no tiene mujer entre sus miembros. Los otros 19 integrantes que se pondrán a la tarea son todos hombres, miembros permanentes de dicha comisión.

La solución propuesta por el ministro, tras saltar la polémica de que la reforma se había encargado a un órgano sin representación de mujeres, fue invitar a seis catedráticas de derecho penal a formar parte de la comisión de forma temporal y sólo para este cometido. Sin embargo, esta iniciativa levantó aún más ampollas. Incluso dentro de las filas de la propia comisión, inactiva desde hace años y sin cometidos importantes. Uno de sus miembros, el catedrático de derecho penal Francisco Muñoz Conde presentó su dimisión por considerar que su convocatoria responde a una "demagogia punitiva".

Una carta firmada por 25 catedráticas de derecho penal de universidades públicas de toda España, y dirigida al presidente y a los vocales de la Comisión General de Codificación, denunciaba la "escandalosa exclusión de todas las mujeres académicas y otras profesionales" de dicha comisión, y pedían "la inmediata renuncia de todos los miembros de la mencionada comisión, con el fin de que este órgano se reconstruya conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género".

En su manifiesto rechazaban, también, la elección de seis penalistas al azar, sin ningún aparente criterio y con el único fin de "acallar la protesta social". 

De hecho, de las seis penalistas 'invitadas', tan sólo dos han aceptado sentarse a la mesa. Se trata de Carmen Lamarca, de la Universidad Carlos III y de Avelina Alonso de Escamilla, de la Ceu San Pablo. Las otra cuatro declinado su participación. Una de ella es Mirentxu Corcoy (catedrática del departamento de derecho penal de la Universidad de Barcelona y firmante también del manifiesto) , que rechazó ser un "parche" tras constatar que se trataba de una invitación puntual y no una forma de subsanar la desigualdad que existe en la comisión.

Las otras dos mujeres en la comisión son Blanca Hernández Oliver, por su puesto de letrada de las Cortes, y Victoria Ortega, vocal de la comisión por ser la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Pero no sólo las formas y la composición de la comisión han levantado las críticas. Penalistas y juristas consultadas por Público critican también el fondo. 

"Lo que proponemos es la creación de una comisión paritaria que analice estos delitos. Ni más ni menos. Porque es importante analizar y debatir con calma esta posible reforma. A lo mejor llegamos a la conclusión de que no hace falta cambiar la letra de la ley, sino la mentalidad de los miembros de la legislatura y que la mejor medida sería fomentar cursos y formación para los miembros de la judicatura. O tal vez lleguemos a la conclusión de que sí hay que cambiar la ley y adaptar el Código Penal a lo dispuesto en el Convenio de Estambul", afirma María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, otra de las firmantes del manifiesto.

Sosegada es la palabra repetida por varias expertas frente a la aparente reforma express que parece buscar el ministro de Justicia. Catalá ha dado un mes como máximo a la comisión para tener sobre la mesa una propuesta. Para decidir si se modifica la norma y en qué sentido.

"Un mes, que es como decir pasado mañana. Un proyecto de reforma de una parte del Código Penal que trata de un delito de violación, que es el corazón de los delitos contra las personas, no se pude tomar en unos 20 días", comenta Acale.

De la misma opinión es María Angeles Jaime de Pablo, portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Según esta letrada, "es necesario hacer una reflexión seria y reposada sobre este tema, no de forma express". Aboga por una comisión ad hoc paritaria que analice la necesidad de un cambio legal y que incorpore tanto a expertas como a representantes de la sociedad civil. Recuerda que hace menos de un año se debatió un pacto de Estado contra las violencias machistas, que ya proponía varias reformas legales. "El pacto todavía no se ha implementado. Creemos que es importante poner en marcha este acuerdo en primer lugar e iniciar una reflexión dentro de su seno, en la que si hay participación de asociaciones de mujeres y donde se puede tener una visión más global que vaya más allá de La Manada, incluso más allá del tema de la libertad sexual y de la defensa corporativa", afirma De Pablo.

La sentencia de la Manada ha puesto en el foco de mira la denominación de la violencia sexual en el Código Penal, pero el problema es más de fondo. "Lo que se plantea es un cambio legislativo puntual sobre la violencia sexual, pero nuestro ordenamiento y nuestros tribunales carecen de perspectiva de género en muchos aspectos, no sólo el de la libertad sexual", afirma Acale.

Además, señala, España tiene que adaptar su legislación a lo dispuesto en el convenio de Estambul y en el de la CEDAW de Naciones Unidas, lo que significa hacer compatibles dos legislaciones que en este momento no casan. Según explica esta experta, el código español pone en valor los conceptos de violencia e intimidación para decretar que ha habido violación, mientras que el convenio de Estambul, aprobado y ratificado por España en 2014, pone el acento en la falta de consentimiento de la mujer.

Este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en la cámara baja, tanto el Partido Socialista, como Unidos Podemos, exigieron al ministro de Justicia que modificara la comisión encargada de hacer la propuesta de reforma. Irene Montero, portavoz de la formación morada, le pidió que a Catalá que rectificara o que dimitiera. Ni una cosa, ni la otra va a suceder. Este jueves arranca la comisión con la polémica servida.