Los colegios concertados de Aragón apuran el diagnóstico de alumnos superdotados para poder rechazar a niños con discapacidades

El Gobierno de Aragón ha atajado la asombrosa eclosión de niños superdotados registrada desde primeros de año en los colegios concertados de Zaragoza, un brote que ha resultado ser un globo plagado de irregularidades administrativas, y que ha aflorado en vísperas del primer proceso de escolarización en el que la escuela privada sostenida con fondos autonómicos va a tener que asumir una parte de los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo (Acneae) que ahora absorbe prácticamente en exclusiva la pública.

Los registros eran normales hasta el mes de febrero. Sin embargo, “a partir de ahí hubo un incremento de 500 alumnos con necesidades especiales” diagnosticados en centros concertados, explica la consejera aragonesa de Educación, Mayte Pérez, que matiza que “es una cosa aislada de la ciudad de Zaragoza, y que no se da en todos los centros concertados sino solo en una veintena de ellos”.

Los datos que maneja el diputado de Podemos Carlos Gamarra indican que 14 de los 52 colegios concertados de la ciudad concentran 372 de los 533 nuevos diagnósticos, en algunos casos con progresiones asombrosas como las de La Salle Montemolín, que los multiplica por más de diez y pasa de 4 a 51, o Calasancios, que los sextuplica (de 2 a 14), mientras al menos otros tres superan la treintena de nuevos Acneaes y uno más, el Santo Domingo de Silos, ronda el medio centenar. Los catorce centros están gestionados por entidades religiosas.

Buena parte de esos supuestos nuevos Acneae estaban formalmente catalogados como niños con altas capacidades, que han estado cerca de duplicarse en la concertada al aumentar un 86% en unas semanas, y como alumnos con déficit de atención, con o sin hiperactividad, que han crecido un 56%. Es decir, chavales ‘superdotados’ y/o dispersos, más que niños con discapacidades o trastornos y patologías.

Casi 200 niños con altas capacidades en dos meses

La eclosión de niños con necesidades espaciales, concentrada en el tramo final del segundo semestre, llama más la atención cuando el alumnado de la concertada había disminuido un 1,6% este curso mientras el de la pública aumentaba ligeramente, tendencias que no parecían casar del todo con el incremento del 61,2% de Acneae en la primera, que pasaba de 870 a 1.403, mientras en la segunda crecía un 16,4% (de 2.240 a 2.611). En los catorce colegios que llamaron la atención de la Inspección su presencia estuvo cerca de triplicarse al subir de 214 a 586.

Sobre el papel, la presencia de superdotados en la escuela concertada cuadruplicara a la de la privada

Esos datos hacían, sobre el papel, que la presencia de superdotados en la escuela concertada cuadruplicara a la de la privada, un 6,9% frente a un 27,9%: 180 por 391, con un aumento de 180 en apenas dos meses.

Eran “datos muy sospechosos”, señaló Pérez en una comparecencia en las Cortes de Aragón a petición de Gamarra, lo que llevó a la Inspección y al Servicio Provincial de Educación de Zaragoza a abrir sendas investigaciones que iniciaron por los centros con un “incremento desmesurado” de Acneae.

Un programa de superdotados sin superdotados

Las pesquisas han llevado a revocar “más de cien” expedientes en las tres primeras semanas por diversas irregularidades, entre las que destaca un colegio en el que “los alumnos el programa de desarrollo de capacidades no son de altas capacidades, y sin embargo se habían incorporado, y tampoco todos los alumnos de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) y sin embargo se habían incorporado”. En otros casos, las familias no habían sido informadas de los diagnósticos, que solo eran conocidos por los centros.

El globo de niños con altas capacidades intelectuales, en el que la consejera admitió la existencia de “mala praxis de profesionales con una intención” y una “interpretación errónea” de las normas sobre escolarización por parte de la escuela concertada, ha aflorado cuando el Gobierno de Aragón comienza a acatar las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para distribuir a los niños con necesidades educativas especiales entre todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos, lo que obliga a la concertada a disponer de una reserva de plazas para ellos.

Gamarra, vincula el volumen de diagnósticos de la concertada con la previsión de que así “la reserva de plazas sea menor”

“Cuantos más haya menos reserva habrá que hacer” en el próximo curso, señaló Gamarra, que vinculó el volumen de diagnósticos de la concertada con la previsión de que así “la reserva de plazas sea menor”. Eso, advirtió, “tiene un efecto perverso porque ya no solo bloquean su reserva, sino que se la endosan al resto de concertados”.

Ha habido “disfunciones claras en el diagnóstico que están conllevando la revisión de expedientes” y “defectos en la tramitación formal”, apuntó la consejera, que recalcó que la Inspección “recupera el control” en la supervisión de los diagnósticos.

Privatizar el diagnóstico

No obstante, una medida adoptada en 2014 por el Gobierno PP-Par, similar a la que PP y Ciudadanos plantean para Madrid y que hoy no aplica ninguna otra comunidad, permitió a las escuelas concertadas crear sus propios equipos de Orientación, que son los encargados de diagnosticar las necesidades educativas de los niños y que, pese a financiarse mediante subvenciones, pasaron a operar sin supervisión de los de la consejería que hasta entonces se encargaban de esa labor.

“A mí lo que me interesa es garantizar la equidad y un reparto equilibrado de los alumnos con necesidades especiales. Ese es nuestro objetivo”, aseguró Pérez, mientras Gamarra insistía en que “me quedaré tranquilo si me dice que van a investigar y que no van a permitir engaños” y reclamaba que esa labor diagnóstica regrese a la esfera pública.

Pérez, que anunció que la eclosión de superdotados no va a afectar a la distribución de los alumnos con necesidades especiales para el próximo curso, ya que las reservas se calcularán con los datos anteriores a ella, criticó otras medidas del ejecutivo PP-Par, como la eliminación de “algunos equipos de atención temprana” que diagnosticaban a los niños antes incluso de su acceso a la escuela. Eso, dijo, ha resultado clave para que el pasado curso tuvieran que repetir primero de Primaria un 5% de los alumnos y para que la tasa de idoneidad se quedara en el 97% en tercero, de los peores resultados del país en ambos casos.