Cinco organizaciones de derechos humanos han presentado una querella ante el juzgado de instrucción de Melilla para que vuelvan a investigarse los hechos del 24 de junio del año pasado en la frontera de la ciudad autónoma, cuando murieron al menos 23 personas migrantes, según las cifras oficiales facilitadas por Marruecos.

A pocos días del aniversario de la mayor tragedia en una frontera terrestre española, la Coordinadora de Barrios, Caminando Fronteras, Extranjeristas en Red, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Associació Lab 38 han reclamado este viernes al juzgado una "investigación exhaustiva y pormenorizada bajo el amparo del derecho internacional de los derechos humanos".

En un comunicado conjunto, las organizaciones recuerdan que aquellos hechos, en los que intervinieron las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, "son lo suficientemente graves como para iniciar este proceso judicial".

La querella aún no ha sido admitida a trámite y, según explican las organizaciones, no busca acusar a nadie, sino que se esclarezcan los sucesos y que las víctimas puedan tener el acceso la justicia que se les ha negado durante todo este tiempo.

Investigación "insuficiente"

Consideran que la investigación iniciada por la Fiscalía española "ha sido insuficiente para conocer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas aquel día". Además, acusan al Ministerio Público de no cumplir con "los estándares de justicia, verdad y reparación a los que tienen derecho las víctimas y sus familias".

Según estos colectivos y otras organizaciones internacionales y marroquíes, fueron al menos 37 las personas fallecidas durante la avalancha humana y la violenta represión de las fuerzas de seguridad en el paso fronterizo de Melilla. Añaden que al menos otras tres personas herida murieron días después. 77 siguen desaparecidas casi un año después de la tragedia, mientras que solo uno de los cadáveres recogidos por Marruecos ha sido correctamente identificado y enterrado por sus familiares. 

Según una exhaustiva investigación periodística, coordinada por el consorcio internacional Lighthouse Reports, en la que participaron El País, Le Monde, Der Spiegel y el marroquí ENASS, quedaba probado que al menos uno de los fallecidos murió en territorio español, lo que contradecía la versión del Ministro del Interior. Sin embargo, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido su negativa tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo.

La Fiscalía archivó su investigación medio año después de la tragedia. Según el decreto de archivo de diligencias, no se apreciaron indicios de delito en la actuación de los agentes españoles. Ni por homicidio imprudente ni por omisión del deber de socorro.

470 devoluciones 

Tampoco consideró ilegales las 470 devoluciones de potenciales refugiados que lograron cruzar el paso fronterizo del Barrio Chino y entrar totalmente a territorio español. Sin embargo, la fiscal sí dio por hecho que los devueltos eran con toda probabilidad merecedores de protección internacional. No obstante, aseguraba, los agentes españoles siguieron el procedimiento del "rechazo en frontera" que contempla la ley ya que no era responsabilidad suya valorar esta situación.

El Defensor del Pueblo, en cambio, discrepa con la Fiscalía sobre la legalidad de estos retornos. Al igual que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Ambos ven las devoluciones contrarias a la legalidad nacional e internacional.

Entre los retornados, Público recogió en Marruecos testimonios de personas heridas y de menores de edad que fueron entregados a los agentes marroquíes que, después, los subirían a autobuses que los alejaron a cientos de kilómetros de la frontera y los dejaron en total desamparo.

"Esta querella es la única opción que les queda a los sobrevivientes, a las víctimas y a sus familiares para conocer la verdad, para obtener justicia y reparación y para que sus voces y testimonios sean escuchados", asegura Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras.

"Confiamos en que la Justicia va a realizar una investigación independiente e imparcial por los hechos denunciados en la querella, en la que se identifiquen los responsables de las actuaciones que produjeron tan graves consecuencias y se depuren responsabilidades", considera Sonia Ros, de Associació Lab 38. "Como organizaciones de la sociedad civil esperamos que la justicia colabore en garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos", añade.