Cinco obstáculos para el pacto educativo

Después de más de un año de trabajos previos y de escuchar a más de 80 comparecientes, la subcomisión para el pacto educativo ya tiene un guión elaborado. A partir de este martes, los portavoces de los grupos parlamentarios debatirán sobre 15 puntos para cerrar un documento en mayo e intentar alcanzar el primer acuerdo educativo de la democracia.

Los partidos siempre han coincidido en la necesidad de un acuerdo educativo, pero al final todo se ha quedado en palabras. Ángel Gabilondo, ministro de Educación con Zapatero, estuvo muy cerca de lograr el soñado pacto en 2010, pero el PP se bajó del barco en el último momento. "No es que haga falta buena voluntad para llegar a un pacto nacional, es que hace falta mala voluntad para no llegar a un pacto nacional", resumía el ahora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

En los 15 puntos que debatirá la subcomisión están los escollos de siempre: la formación de los profesores, la escuela concertada, la religión, la financiación... pero ¿cuál será la principal fuente de choque entre los partidos? Según el pedagogo y filósofo José Antonio Marina, las cuestiones ideológicas son siempre el mayor lastre. "Mientras no se acaben los resentimientos, seguirá habiendo dos modelos educativos: el neoliberal, de la derecha —que prioriza la excelencia por encima la equidad y defiende la elección de centros por parte de los padres, la gestión privada y la religión en las aulas— y la progresista, de la izquierda —que prioriza la equidad por encima de la excelencia y defiende la gestión pública y la educación laica—", explicaba recientemente a Público.

Estos son los principales obstáculos que tendrá que sortear la subcomisión:

1. La financiación

El gasto educativo en España supone un 4% del total, por debajo de la media de la OCDE. A pesar de que este presupuesto ha disminuido en 8.000 millones de euros durante la crisis, la previsión del Gobierno es bajar el porcentaje de inversión al 3,8%, según el plan presupuestario para 2018 que el Gobierno ha mandado a Bruselas. Los partidos tendrán que ponerse de acuerdo y decidir cuál es la aportación del Estado en la financiación educativa, asumida casi en un 80% por las comunidades autónomas.

2. El apoyo a la educación concertada

La Administración aporta el 57% de los ingresos de los colegios concertados, eso es, seis de cada diez euros. ¿La educación privada y concertada va a seguir financiándose con fondos provenientes de las arcas públicas? Jurjo Torres, catedrático de Didáctica en la Universidad de Santiago de Compostela, duda que eso cambie. "No me creo que la ideología no entorpezca el debate, es muy complicado llegar a un pacto partiendo de una política conservadora, sesgada, intervencionista y que ha premiado a los creadores de la LOMCE con puestos en la OCDE", argumenta.

Para que el supuesto pacto logre algún cambio en la legislación educativa, indica el catedrático, deberá dejar "cierta ambigüedad en la mayoría de cuestiones" parar lograr luego "una norma de mínimos con un articulado pequeño". Sin embargo, Torres advierte del peligro posterior: "Es en el desarrollo de los decretos ley donde se sueltan las verdaderas bombas".

3. La religión, ¿dentro o fuera de las aulas?

Los acuerdos firmados entre el Gobierno español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 incumplen varios artículos de la Constitución aprobada un mes antes, el 6 de diciembre de 1978, que declara España como aconfesional. Sin embargo, ni el PSOE ni el PP se han planteado la posibilidad de revisar estos acuerdos, que dan privilegios a la Iglesia en ámbitos como la Educación, la Jusitica, el Ejército y los Presupuestos. "La religión tiene que ser una cuestión privada y no puede formar parte de los currículos de la educación pública. Ninguna ideología debe estar presente en la escuela y menos aún financiada por el Gobierno", opina Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga y portavoz del Foro Sevilla por Otra Política Educativa. Este colectivo redactó un Documento de bases para una nueva Ley de Educación que recibió el apoyo de sindicatos, estudiantes, padres, colectivos sociales y partidos políticos (Unidos Podemos, PSOE, ERC y Bildu).

A partir de ahora, la subcomisión deberá responder a las eternas preguntas sobre esta cuestión: ¿La nota en la asignatura de Religión contará para pasar de curso?, ¿puntuará para acceder a becas?, ¿se seguirán financiando con dinero público los centros religiosos que segregan por razón de sexo? En definitiva, ¿la ideología se quedará, por fin, al margen de la educación?

4. ¿La educación es para todos?

El Gobierno ha dado marcha atrás con las reválidas —las evaluaciones finales de Primaria y ESO serán muestrales y de diagnóstico y la de Bachillerato será similar a la Selectividad—, pero ¿hasta qué punto cederá en otros ámbitos? Rafael Feito, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, ve "muy difícil que el PP se apee del dogmatismo con el que impulsó la LOMCE". "Si PP y Ciudadanos no entienden que un joven sin Bachillerato o sin una formación en Grado Medio lo va a tener muy difícil en la vida, un pacto no servirá de nada", argumenta Feito, que sostiene que "los conservadores en general piensan que la educación no es para todos".

Un ejemplo de este pensamiento —que prefiere la excelencia a la equidad— son los llamados itinerarios tempranos, que expulsan a parte del alumnado del sistema porque lo mandan a diferentes niveles de formación a partir de 3º de la ESO. "Los partidos conservadores apuestan por segregar a partir de la Primaria y partiendo de esa base es muy difícil llegar a un buen acuerdo".

5. Las competencias de las comunidades

Aunque la creación de un espacio de diálogo en el Congreso ha sido muy bien recibido por la mayoría de partidos, sindicatos de profesores, alumnos y padres, no ha sido celebrado del mismo modo por todas las comunidades autónomas. Aunque la mayoría ha acogido de buen grado la creación de la subcomisión y la consiguiente paralización de las reválidas, Catalunya, Navarra y Euskadi siguen descontentas porque consideran que se siguen invadiendo sus competencias.

Las comunidades no gobernadas por el PP se han puesto en pie de guerra durante el desarrollo de la LOMCE y algunas de ellas incluso han incumplido los decretos ley marcados por la norma. ¿Será posible llegar ahora a un consenso tras tantos años de desencuentros?