La cesión de uso, una alternativa de acceso a la vivienda que empieza a extenderse

BARCELONA. La Constitución española estipula que toda persona tiene derecho a una vivienda digna pero a día de hoy, este es uno de los derechos que más se ha vulnerado. Según el portal inmobiliario Idealista.com, en promedio, el precio del metro cuadrado de alquiler en Barcelona (17,4 euros) ya supera los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria. La capital catalana es la ciudad de todo el Estado español que sufre en mayor medida el efecto subida.

El acceso a la vivienda responde más a los intereses bancarios que a la realidad social. El boom de los precios de alquiler y compra, sumado a la alarmante cifra de paro juvenil, la congelación de los salarios, la temporalidad y la precariedad de los contratos, han dado como resultado que el 80% de los menores de 30 años no puedan dejar la casa de sus padres, tal como indica el Observatorio de Emancipación. Muchas personas se han visto obligadas a compartir piso hasta edades avanzadas o a reagruparse en la casa familiar. Si los hipotecados fueron los primeros en notar los estragos de la crisis, de un tiempo a esta parte, los inquilinos se han convertido en un colectivo igual de desprotegido o más.

La mayoría de los desahucios en Barcelona ya se producen por impago de alquiler y la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013 ha facilitado las condiciones para que muchos ciudadanos se conviertan en pequeños especuladores: no sólo ha reducido la duración mínima de los contratos de cinco a tres años sino que, además, brinda la posibilidad de inflar el precio de la vivienda año tras año, tanto como desee el propietario

Ante este escenario e incluso antes de que se hicieran evidentes los efectos nocivos del boom inmobiliario, en Catalunya surgieron las primeras cooperativas que proponen una alternativa de acceso a la vivienda, que prioriza su valor de uso por encima de su valor de cambio.

El régimen de cesión de uso consiste en que la propiedad del inmueble es colectiva y está en manos de la cooperativa. Sus habitantes pagan una entrada retornable, unas cuotas por debajo del precio de mercado y pueden hacer uso de una vivienda de por vida, si así lo desean. En este modelo, la especulación no tiene cabida, porque los inquilinos no pueden vender la casa ni tampoco alquilarla por un precio superior al que se ha establecido colectivamente.

En este modelo la especulación no tiene cabida, porque los vecinos no pueden vender la casa

En Catalunya, las cooperativas que promueven la cesión de uso son todavía anecdóticas, sobre todo porque no han ido acompañadas de una apuesta firme por parte de la Administración que facilite su consolidación. Por el contrario, este sistema está muy extendido en algunos países europeos, particularmente los escandinavos, pero también en Alemania, Holanda y en Uruguay o en Canadá. "Aquí todavía estamos en un proceso de germinación", explica Raúl Robert, fundador de Techo Cívico, la primera entidad que puso sobre la mesa la existencia de un método alternativo de acceso a la vivienda que tiene un potencial transformador.

La crisis económica ha puesto en cuestión los modelos clásicos de tenencia de los pisos, que están culturalmente muy arraigados. "Todo el mundo busca seguridad y sentir que la vivienda es algo suyo, pero esto no sólo se puede conseguir a través de la propiedad", comenta Robert, "sin estar hipotecado, el modelo de cesión de uso da estabilidad al inquilino, le da el control y la responsabilidad sobre el espacio ". Pero para un cambio de paradigma, a partir del cual este modelo se abra camino entre el alquiler y la compra, es necesario contar con el impulso de la administración.

La crisis económica ha puesto en cuestión los modelos clásicos de tenencia de los pisos, que están culturalmente muy arraigados

En Barcelona, el actual Ayuntamiento ha sacado a concurso público siete solares municipales para construir viviendas cooperativas y esto es "un paso importante", a criterio de Robert, pero no suficiente. Desde su punto de vista hay que adaptar las políticas a la realidad social, creando también una LAU más protectora, con topes a los precios de los alquileres y subvenciones retornables para las cooperativas que impulsan la cesión de uso, que ayuden, por ejemplo, a pagar las entradas de los inquilinos. "Sin esos cambios es difícil que el modelo se amplíe y que estos edificios integren a personas de diferentes estratos socioeconómicos", precisa.

En Catalunya, la Masía de Cal Casas, en el Bages, fue el precedente de cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso. Después, Techo Cívico consiguió la primera cesión de suelo municipal para rehabilitar un inmueble siguiendo el mismo modelo. La apuesta más reciente de un edificio de nueva construcción lo impulsa la cooperativa La Borda, en Can Batlló, en el barrio de la Bordeta. El Ajuntament de Barcelona cedió a la cooperativa un solar ubicado en el antiguo el complejo fabril para que se pudiera construir una vivienda a un precio más económico, blindado a la especulación, promoviendo la vida comunitaria, el reparto de las tareas de cuidado, el consumo colectivo y bajo el criterio de la sostenibilidad.

Joan Gual, miembro de La Borda, explica que desde el principio se planteó "como un proyecto que escapara de las fórmulas del alquiler y la compra" y que, además, fuera replicable y generara referencialidad. "Ha surgido la Fundación la Dinamo que sistematizará todos los conocimientos arquitectónicos, financieros, jurídicos, de comunicación de La Borda y con ello podrá asesorar a futuras promociones que quieran impulsar y poner en marcha promociones de cesión de uso".

El planteamiento del edificio incorpora 28 "unidades de convivencia" privadas y algunas zonas comunitarias, como el comedor, la sala de estar y la lavandería. Los pisos serán más reducidos de tamaño que los convencionales, porque no incluyen algunos espacios que se convertirán en comunitarios, pero habrá tres tamaños diferentes y los usuarios los ocuparán en función de sus necesidades.

Desde la perspectiva de Joan Gual, es importante que proyectos como La Borda, Techo Cívico, la Dinamo y otros que puedan surgir hagan un trabajo de movimiento social y de lobby "para protestar contra los abusos que se cometen en el ámbito de la vivienda ". "Debe aumentar el conflicto", continúa Gual, porque me parece que ahora mismo la contestación es muy baja ".

Para fortalecer la lucha, en Barcelona nacerá próximamente un Sindicato de Inquilinos. Esta figura, que existe en algunas de las principales ciudades europeas, se ha erigido como interlocutora de la administración y de los propietarios, para que a la hora de pactar los precios, haya negociación colectiva. En la capital catalana aún está en una fase muy embrionaria pero el Observatorio DESC, la entidad impulsora, tiene la voluntad de que esta herramienta sirva para presionar, para que se cree un mecanismo de control sobre el alquiler y para dar respuesta a los problemas cotidianos con los que se encuentran los arrendatarios.

A pesar de que las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso apuestan por unas cuotas y una entrada por debajo del precio de mercado, los efectos de la crisis económica han dejado a algunas personas fuera de la posibilidad de acceder incluso a estos viviendas. Para suplir esta brecha la Obra Social de la PAH apostó por la recuperación de bloques de vivienda que están en manos de la banca y por darles un uso social para familias que han sido desahuciadas o que no tienen ningún acceso a la vivienda por la vía mercantil o por medio de la Administración.

"Estamos acostumbrados a que la vivienda tenga un valor de cambio, un valor de mercado", explica su portavoz, Bernat Sorinas, "y lo que queremos es que cumpla la función social de ser un espacio de vida para la gente". La campaña ha recuperado 49 bloques en el Estado español, 24 en Catalunya, y ha realojado a más de 3.500 personas.

La campaña de la Obra Social de la PAH ha recuperado 49 bloques en el Estado y a realojado a más de 3.500 personas

Una de estas personas es la Dora Navarro, inquilina del Bloque 2 de Bages desde hace tres años. Este bloque, propiedad de la SAREB, fue cedido al ayuntamiento para que aplicara un alquiler social para los vecinos que lo necesitasen. "Le debo la vida a la PAH, porque si fuera por la Administración yo no tendría nada, me habría quedado en la calle", dice. Sin embargo, admite que a día de hoy todavía tiene la sensación de que "en cualquier momento me pueden echar fuera".

Los vecinos de este bloque están batallando para conseguir un alquiler social adecuado a cada vecino, en función de su situación, que incluya también los suministros básicos. "A día de hoy nos las podemos arreglar para pagar el arrendamiento pero aún no tenemos todos los vecinos los suministros garantizados", explica Navarro.