El Gobierno está dispuesto a todo para facilitar a las centrales nucleares una prórroga de su vida útil. Incluso si es necesario cambiar la normativa, y hacerlo de manera urgente. Que las centrales sigan funcionando más allá de los 40 años (el periodo para el que fueron diseñadas) es un objetivo clave de las eléctricas y el PP, el único partido que defiende abiertamente esa posibilidad.

Así se deduce de la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que este martes ha dado luz verde, con el voto en contra de la consejera Cristina Narbona, a una petición del Gobierno para modificar por la vía de urgencia las órdenes ministeriales que regulan las renovaciones de autorización de explotación de las centrales españolas.

La actual normativa establece que una central nuclear debe solicitar la renovación de la licencia al menos tres años antes de que expire el permiso vigente. Ahora, el Gobierno quiere acortar esos plazos, tal y como Iberdrola, propietaria de varias centrales en España, solicitó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en una carta a principios de mayo. La compañía eléctrica argumenta que necesita más tiempo para saber si será rentable mantener sus centrales abiertas.

España está obligada por Bruselas a diseñar un nuevo plan de Energía y Clima de cara a cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero adquiridos en el Acuerdo de París de 2015. Es decir, dicho plan deberá establecer cuál será la apuesta del Gobierno en materia energética y qué papel van a jugar las nucleares en el futuro energético del país. Por eso, empresas como Iberdrola dicen no saber si estará garantizada la viabilidad de las nucleares.

Pero el plan de Energía y Clima no se hará público hasta enero de 2018, como pronto; y algunas de las centrales, como la de Almaraz (Cáceres), tienen que decidir ya si van a pedir o no una renovación de su licencia. En concreto, el plazo para este reactor, operado por Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, expira en una semana, el 8 de junio. De ahí la urgencia del proceso.

Con el cambio normativo que hoy ha aprobado el CSN, el Gobierno permite que las centrales puedan esperar hasta que se apruebe el plan de Energía para solicitar la nueva autorización. Podrán pedirlo hasta dos meses después, “o, en su caso, en la fecha en que el titular ha de presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central, en el supuesto de que el referido Plan no hubiera sido aprobado dos meses antes de dicha fecha", según consta en el texto con la propuesta del Ministerio.

Recelo de los técnicos

Los técnicos de seguridad nuclear y protección radiológica del CSN ven con recelo el cambio de normativa y advierten de que, en la práctica, supone “que se puedan realizar evaluaciones de la documentación para la renovación de los permisos de explotación de las centrales nucleares sin que haya una solicitud previa; con lo cual, si finalmente se decidiera no presentar solicitud por razones de cualquier índole, el CSN habría llevado a cabo un trabajo ingente absolutamente inútil, con el consecuente despilfarro de recursos públicos.

La propuesta del Ministerio incluye también una revisión de la guía de seguridad GS-1.10 que elimina el requisito por que el la vigencia de los permisos de explotación están ligados a las revisiones periódicas de seguridad, “abriendo subrepticiamente la puerta a alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años”, señala la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), en un comunicado.

"Estamos ante una decisión gravísima del CSN, porque permite que las empresas eléctricas sigan especulando con las centrales nucleares durante dos años más", ha señalado el coportavoz de Equo y miembro de la ponencia nuclear en el Congreso, Juantxo López de Uralde, que ha denunciado que el cambio se haga sin debate social y político.

El diputado de En Comú Podem y portavoz de energía, Josep Vendrell, por su parte, ha considerado que la decisión está tomada "a medida de los interesese de las grandes eléctricas, que pretenden alargar la vida útil de las nucleares en las mejores condiciones económicas para garantizar os altos beneficios que generan dichas centrales para el oligopolio.

El lunes, la Junta de Portavoces solicitó a la Mesa del Congreso, con el rechazo de PP y Ciudadanos, que desestimara el veto del Gobierno a la Proposición de Ley presentada por el Grupo Confederal UP-EC-EM para el  cierre de las centrales nucleares.