El polémico caso del almacén de gas Castor ha llegado hasta la Audiencia Nacional, donde este martes se ha presentado una querella criminal que acusa a cinco exministros (Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria) y a los empresarios Florentino Pérez (ACS) y Recaredo del Potro (Escal UGS) de un delito de prevaricación, fraude a la adminstración pública y malversación de caudales públicos.

La querella, presentada por varias plataformas, entre ellas el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet (que ya sentó a Rodrigo Rato en el banquillo por el caso de las tarjetas black) y el Institut de Drets Humans, incluye también entre los acusados al exsecretario general de Energía Ignasi Nieto y al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino. Ahora falta saber si la Audiencia Nacional la admitirá a trámite.

Aunque no es la primera vez que el caso del proyecto Castor llega a los tribunales, nunca hasta ahora se había señalado directamente a tantos altos cargos públicos y privados encargados de la gestión de esa infraestructura energética que tuvo que ser parada en 2013 por los centenares de microterremotos provocados por su actividad.

El caso Castor es especialmente polémico sobre todo por una excepcional cláusula en la concesión de explotación que obligó a indemnizar a la empresa propietaria incluso aunque el cierre se produjo por una negligencia en las operaciones. Esa indemnización, cifrada en 1.350 millones de euros —pero que ascienden a 2.419 millones con los intereses— se repercutió directamente sobre la factura del gas de los consumidores, hasta que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional la ha declarado ilegal. El Gobierno, no obstante, busca alternativas para cargar esa abultada factura sobre el bolsillo de los contribuyentes.

"La concatenación de los hechos descritos no puede responder a la causalidad o el azar. El dictado de tantas resoluciones administrativas arbitrarias con el corolario de la millonaria indemnización por RDL del 2014 siempre en contra del interés general y solo en provecho de un grupo empresarial, solo pueden ser comprendidas desde el concierto entre responsables públicos de la energía y las empresas denunciadas en los términos descritos en uno de los fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético español", señala el documento entregado ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia.

En una rueda de prensa celebrada este martes, Simona Levi, del proyecto Xnet, ha explicado que el objetivo principal de la querella es que no haya que pagar esa indemnización "sea cual sea el mecanismo utilizado", pero también denunciar "la connivencia y corrupción sistemática", la lucha para la modificación de la política energética y la promoción de un buzón anónimo puesto en marcha por la plataforma para recibir "información sensible que has ahora no haya visto la luz" por parte de particulares.

Los denunciantes han pasado más de cuatro años estudiando las particularidades del caso Castor para preparar la querella y, además de la cláusula que admite una indemnización por negligencia, han hallado otras "anomalías" en las que se basa su demanda: por ejemplo, en que la constructora (Escal UGS, participada en un 66% por ACS) es también concesionaria sin apenas competidores; en un incremento "vertiginoso" de los costes del proyecto; en la modificación "ad hoc" de los lindes del mar entre Catalunya —opuesta al almacén de Castor— y la Comunidad Valenciana, en ese momento presidida por Francisco Camps, para hacerlo posible; en anomalías de los informes de impacto ambiental y sísmico concedidos en 2009 por la exministra Elena Espinosa (PSOE); en la ampliación del plazo de renuncia de la concesión de 5 a 25 años por parte del exministro José Manuel Soria (PP); y que no se haya planteado ninguna distribución de los daños ni moratoria.

"No hay ninguna justificación para muchas de estas acciones", ha señalado por su parte el portavoz del Observatorio de la Deuda en la Globalización, Alfonso Pérez.