El Ayuntamiento de Madrid está inmerso en negociaciones con los portales de alquiler de apartamentos vacacionales como Airbnb, HomeAway y otros para intentar regular este fenómeno que crece cada año de forma exponencial y que genera estragos en el centro de las ciudades y supone todo un negocio que esquiva impuestos y normativas.

Ante la acuciante turistificación, que dispara el precio de los alquileres y saca del mercado de alquiler residencial cientos de viviendas de los centros urbanos, el consisitorio ha dado un paso decisivo para aplicar ciertas normas que ya operan en otras ciudades, al tiempo que aumenta su presión sobre la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias para regular el mercado de alquiler de vivienda turística. De hecho, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio, José Manuel Calvo, ha planteado este jueves a la Comunidad de Madrid que delegue las competencias para regular las viviendas turísticas, siguiendo la estela de la Generalitat de Catalunya con el Ayuntamiento de Barcelona.

A su juicio, la Administración de la presidenta, Cristina Cifuentes, se caracteriza por la "inacción" y por colocarse de perfil ante un fenómeno que tiene en pie de guerra no sólo a vecinos del centro, sino al gremio hotelero de la región, sometido a fuertes regulaciones y que ha visto en pocos años como los particulares y empresas camufladas de particulares se comían un parte importante del pastel turístico.

"Nosotros estamos comprometidos a abordar este problema. No queremos ponernos de perfil. Si la Comunidad no quiere regular o asumir ese compromiso, el Ayuntamiento tiende la mano para actuar y regular en materia de vivienda turística", ha declarado Calvo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Las medidas para frenar el "efecto Airbnb'

Mientras llega y no una ley regional clara, el Ayuntamiento ha iniciado las conversaciones con estos portales para alcanlzar un acuerdo basado en tres pilares: la limitación de días de alquiler al año, una tasa turística y evitar que proliferen "hoteles encubiertos" exigiendo cierta documentación a quien anuncia un piso en los portales.

Según ha adelantado Calvo, el consistorio plantea un tope de 60 días de alquiler al año. Una vez que se superasen los días pactados, "inmediatamente la vivienda se cae de la oferta" de la web hasta el siguiente año. El delegado cree que el plazo es "bastante razonable", aunque matiza que aún no ha abordado con los portales. Otras ciudades ya introducen este tope, aunque varían en el número de días.

Al mismo tiempo, aboga por una tasa para que "una parte del rendimiento económico que obtiene el usuario vaya al Ayuntamiento". Por el momento no hay un cifra o un porcentaje sobre la mesa, pero en ciudades como Ámsterdan lleva tiempo funcionando y es de un euro. Sin embargo, no es una medida que haya frenado el llamado "efecto Airbnb" por el que desaparecen viviendas del parque de alquiler residencial y dispara los precios, además de suponer una competencia desleal para los hoteles. "Los hoteles y apartamentos turísticos pagan muchos impuestos, están muy regulados y fiscalizados pero la vivienda turística no está pagando impuestos", ha argumentado Calvo. La tasa serviría para financiar la sobredemanda de servicios de limpieza, equipamientos, transporte e incluso para ejercer la disciplina urbanística.

Por otra parte, el Ayuntamiento es partidario de garantizar que sólo el propietario que resida en una vivienda pueda ofrecerla en alquiler, y poner coto a la proliferación de "hoteles encubiertos", es decir, bloques enteros de viviendas turísticas que no tienen licencia porque, directamente, se ofertan como su fueran de particulares. Esto, ha apuntado el delegado, sería tan simple como que el portal exigiera al anunciante un certificado de empadronamiento.

Presión para que la Comunidad "se moje"

El titular de Desarrollo Urbano Sostenible ha aclarado que la posibilidad de firmar acuerdos de entendimiento con las plataformas no implica que el Ayuntamiento vaya a cejar en su exigencia a la Comunidad para "que se moje, tome posición y que ejerza sus competencias regulando las viviendas turísticas".

"Si no quiere hacerlo, como parece que es la situación de la Comunidad, que delegue las competencias al Ayuntamiento, como la Generalitat hizo en Barcelona, porque nosotros estamos comprometidos a abordar este problema, no queremos ponernos de perfil. Si la Comunidad no quiere regular o asumir ese compromiso, el Ayuntamiento tiende la mano para actuar y regular en materia de vivienda turística", ha indicado el concejal.

El Ayuntamiento "tiene competencia para firmar un memorándum de entendimiento con un actor privado y en ese marco establecer las condiciones, que cumplan la ley", ha explicado Calvo para justificar medidas como la tasa turística. "Si fijamos que un porcentaje del importe del alquiler turístico revierta en la Administración o en los sistemas de control que pueda definir la Administración no hay nada que lo impida. No es tanto una tasa, sino un acuerdo", ha matizado.

Airbnb quiere ser "buen socio"

Por su parte, Airbnb afirmó ayer a través de un comunicado que quiere ser un "buen socio" de Madrid con una modalidad de alojamiento que el año pasado generó 447 millones de euros en la ciudad, pero también echa en falta "reglas claras". "Airbnb siempre recuerda a los anfitriones que verifiquen si cumplen con las normativas locales" aunque reconocen que "las reglas para compartir el propio hogar son confusas". "Madrid necesita reglas claras", reclamaban.

La Comunidad de Madrid, a su vez, contestó ayer que trabaja en una ley para regular la vivienda turística pero "sin llegar a la prohibición" ni a las tasas. En esta línea, el Gobierno regional criticó lo que entiende que es un "carácter prohibicionista de la actitud de Podemos en Barcelona y Madrid".