El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocado una "asamblea masiva" este sábado para estudiar nueva vía de acción ante el fondo de inversión Blackstone. El objetivo es reunir y organizar al mayor número posible de inquilinos que residan en viviendas propiedad de fondo buitre, considerado el mayor casero de España.

Según los activistas, este fondo estadounidense acumula al menos 2.300 viviendas de alquiler en Catalunya. Denuncian que, durante las "difíciles y frustradas" negociaciones ha mantenido con la compañía para negociar alquileres sociales y permanencias en viviendas, sus representantes han asegurado que la intención del fondo pasa por no renovar más contratos de alquiler en los próximos años si la ley no les obliga a ello.

Esta decisión, advierten, podría producir en los próximos meses cientos o miles de "desahucios invisibles". Es decir, inquilinos que tienen que abandonar las viviendas en las que llevan años ante la imposibilidad de renovar contratos.

Público no ha podido recabar la versión de ninguna de las diferentes comercializadoras de los inmuebles de Blackstone en Catalunya. Sin embargo, al Sindicat se han acercado recientemente inquilinos de varios bloques del fondo que aseguran que el gigante inmobiliario les ha comunicado su intención de extinguir los contratos. Según estos residentes, Blackstone tendría intención de poner a la venta las casas en las que ellos residen de alquiler. En concreto, son alrededor de 60 vecinos de dos de fincas de Badalona, a los que se suman una docena de afiliados al sindicato con los que llevan meses de negociación infructuosa.

De cara a esta asamblea, miembros del movimiento por la vivienda de Catalunya han recorrido casi puerta por puerta los inmuebles de Blackstone para informar a sus inquilinos de esta situación y de la próxima asamblea.

De alquiler a venta ante los cambios en materia de vivienda

Desde 2021, son varias las informaciones de medios económicos que hablan abiertamente del cambio de estrategia de Blackstone y citan entre sus fuentes a "los hombres de Blackstone en España". La nueva línea de negocio pasa por priorizar la venta de activos y abandonar el hasta ahora muy rentable mercado de alquiler, donde irrumpieron con enorme fuerza tras la crisis financiera de 2008.

Entre las razones esgrimidas por los llamados "hombres de Blackstone" para este giro estratégico estarían los recientes y futuros cambios normativos en materia de vivienda en el país. Entre ellos, la ley catalana que regula los precios del alquiler, la inminente ley de vivienda estatal que el Gobierno de coalición no es capaz de sacar adelante y, sobre todo, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019. Esta reforma sucedió a la anterior, del Gobierno de Rajoy (PP), y ampliaba por ley la vigencia de los contratos de alquiler, pasando de tres a siete años cuando el propietario sea una persona jurídica, es decir, una empresa y no un particular.

Los activistas consideran esta actitud como un chantaje ante cualquier regulación, por pequeña que sea, que entienda la vivienda como un derecho en lugar de como un negocio. Según puntualizan, si Blacstone renueva ahora un contrato en Catalunya, tendría que hacerlo por siete años y no podría aumentar el precio de la renta o, incluso, tendría que bajarlo siguiendo el índice de precios regional.

Tras la crisis hipotecaria de España, que dio pie a la reforma de la LAU de Rajoy y a la legalización de socimis y otras deducciones fiscales en el sector del alquiler, Blackstone y otros grandes fondos de inversión vieron su gran oportunidad de negocio.

En pocos años, este fondo buitre se hizo a precios de saldo con hasta 30.000 millones de euros en activos procedentes de los bancos, muchos de ellos, rescatados. Aunque también adquirió grandes lotes de viviendas sociales como los del antiguo IVIMA madrileño (ahora revertida en los tribunales por ilegal) o la Empresa Municipal de Vivienda in Suelo de Madrid. No es fácil saber el número exacto de viviendas que Blackstone acumula en el país, aunque en el útimo año se ha desprendidos de decenas de miles en manos de sus filiales Aliseda, Anticipa, Albirana, Fidere y otras.

En Catalunya, según denuncia el Sindicat, Blackstone se hizo con la mayoría de propiedades de Catalunya Caixa a través de la "cartera Hércules". Son más de 500 viviendas dispersas por la comarca del Barcelonés, donde ya contaba con otras diez fincas de propiedad vertical que sumaban otras 500 casas.

Blackstone, parapetado detrás de empresas inmobiliarias y SOCIMIS españolas, ha llevado a cabo drásticos aumentos de los precios del alquiler en los últimos años y ha sido un nombre habitual en los conflictos por el derecho a la vivienda que se han dado en Madrid y Catalunya. Algunos colectivos sociales han logrado, tras negociaciones de años, conseguir acuerdos con la empresa para renovar contratos sin subidas abusivas de los precios.