El próximo 22 de diciembre miles de niños iniciarán las vacaciones de Navidad en la Comunidad de Madrid. Dos semanas de descanso que algunos esperan con ilusión, pero que las familias más vulnerables afrontan con incertidumbre y preocupación. Con los comedores de los colegios cerrados y un sistema de ayudas "insuficiente" e "ineficaz", nada ni nadie les garantiza una comida al día completa para sus hijos.

Según los últimos datos recogidos por Unicef, hasta un 48% de niños madrileños vive en hogares con dificultades para llegar a final de mes y hasta un 8,7% sufre pobreza material severa. A lo largo del período lectivo, algunos de estos niños matriculados en los centros educativos pueden hacer uso del servicio de comedor escolar que está parcialmente subvencionado por un sistema de ayudas.

Becas, que en realidad son una especie de copago, ya de por sí resultan limitadas. De hecho, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apenas ofrece la gratuidad total del comedor escolar a 5.500 niños de los 130.000 alumnos que pertenecen a familias con rentas por debajo del umbral de pobreza.

Unos hogares que con las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano se quedan desamparados, pues la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades no garantiza la continuidad del servicio en estas semanas o meses no lectivos, sino que relega en los Ayuntamientos de las localidades la gestión de programas de apertura especiales.

Es decir, nada asegura a las familias en contextos socioeconómicos críticos que sus niños vayan a poder comer, como hacen el resto del curso.

El 95% del presupuesto se queda sin ejecutar

El procedimiento es el siguiente: cuando se acerca la fecha, primero, las familias deben dirigirse a la escuela en la que estén matriculados sus hijos, o bien al Ayuntamiento del municipio en el que se encuentran empadronados para informar sobre la necesidad de disponer de comedor, en este caso, durante la Navidad. Luego, los Ayuntamientos pueden solicitar las ayudas que ofrece la Comunidad para financiar este servicio.

"El problema es que el dinero es insuficiente y el sistema ineficaz. En 2016, el presupuesto para estas ayudas era de dos millones de euros, mientras que en 2017 baja a 1,4 euros. Esto supuso un recorte de un 30% de un derecho básico para los menores. Y lo grave no es la inversión, sino la ejecución", ha denunciado Lorena Morales, diputada del PSOE-Madrid.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, en el curso 2021/22 el presupuesto de la convocatoria ascendió a 1.393.349 euros, siendo el total ejecutado de 72.893 euros, y el número de beneficiarios 550, cuando el alumnado con precio reducido era más de 80.000.

"Hay solo un 5,23% del presupuesto que se invirtió en abrir los comedores. Una tendencia a la baja que se viene observando desde antes de la pandemia. Así, en 2019 el porcentaje de ejecución fue de 5,3% y, en 2018, del 5,75%", ha criticado Morales.

La necesidad de abrir los comedores en épocas vacacionales ha sido un reclamo de las asociaciones de familias durante años y no fue hasta 2015 cuando el Gobierno autonómico se decidió a implementar este sistema "que ha resultado ser un completo fracaso", ha señalado en la misma línea Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos.

"Nadie comprende ese desenganche entre el período lectivo y el no lectivo cuando la necesidad es la misma. La Consejería debería saber que no todos los ayuntamientos pueden tener una infraestructura potente como para poder organizar ni adelantar ese dinero. Puede darse el caso de no poder hacer uso del comedor por no haberlo gestionado el Gobierno municipal correspondiente", lamenta Morillas.

También desde CCOO-Madrid se han mostrado críticos con la situación: "Es una política más que abandona a su suerte al que más lo necesita.
Provoca desigualdad e inequidad", ha afirmado Isabel Galvín, responsable de la Sección de Enseñanza.

Requisitos restrictivos y que estigmatizan

Ese supuesto del que advierte Morillas es, precisamente, lo que ocurre en la práctica: la mayoría de los ayuntamientos no solicitan las ayudas por eso no llegan a las familias.

"¿Por qué ocurre esto? Pues porque, por un lado, los requisitos son muy restrictivos. Y, por otro, porque los ayuntamientos optan en muchos casos por apoyar a las familias con el campamento urbano completo, para que los niños de familias vulnerables disfruten de un poco de ocio", argumenta Morales.

"El que estos niños con menos recursos lleguen en el momento de la comida, cuando el resto lleva toda la mañana disfrutando de las actividades del campamento, supone en cierto modo una estigmatización", apunta la socialista. El problema, asegura, está en la convocatoria de subvenciones: "Ni resultan atractivas ni son suficientes para que se concedan al número de personas que lo necesitan", termina.