El número de plazas disponibles para entrar en una residencia de mayores es bastante limitado, si se compara con el grupo progresivo de personas que las requieren. Muestra de ello son las largas listas de espera para la dependencia, paso previo para acceder a uno de estos centros de mayores. Aunque los últimos datos publicados por el IMSERSO parecen reflejar una expansión del sector residencial, dicho despliegue no crece al ritmo que lo hace la población mayor de 65 años.

El último estudio publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, debido al incremento de población de avanzada edad y en situaciones de necesidad de cuidados de larga duración.

Es más, para compensar la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 30.000 plazas residenciales para las personas con dependencia severa (grado II) o grandes dependientes (grado III), según la organización de Directoras y Gerentes.

71.776 personas en espera y 61.721 pendientes de valorar

Al cierre de 2023, había 71.776 personas con grado II y III esperando a ingresar en una residencia, mientras que otras 61.721 estaban pendientes de valorar, si bien previsiblemente obtendrán uno de esos grados. Esto supone que el número "real" en espera asciende a 133.497 mayores, de acuerdo con los datos recogidos por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En base a esto, la asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calcula que un 26,3% de los futuros grados III y un 16,3% de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o una prestación económica vinculada a ese servicio. "De ahí la estimación de que serían necesarias unas 30.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia", afirman.

Andalucía y País Valencià, los terriorio con mayor déficit

Por territorios, al igual que ocurre con el resto de competencias transferidas como sanidad o educación, la situación de los centros de mayores es muy desigual. Mientras las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y País Valencià, con 32.670 y 24.843 respectivamente; en otras seis autonomías sigue habiendo un exceso
de plazas, destacando Castilla y León (con 17.234). Navarra, Cantabria y La Rioja son las que reflejan un mayor equilibrio a nivel oferta y demanda.

El informe constata que la gran mayoría de estas plazas residenciales (67,9%) están financiadas por fondos públicos, ya sean centros 100% públicos, plazas concertadas en centros privados o plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio: 270.702, frente a las 127.873 exclusivamente privadas. 

"Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado ligeramente desde 2015, hasta alcanzar 2,79 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha", destacan las Directoras y Gerentes.

Promover al ayuda a domicilio para desatascar

A fin de compensar estas demoras, el Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 una estrategia de desinstitucionalización que consistía en favorecer que las personas pudieran vivir cuanto más tiempo mejor en sus casas, aun necesitando ayuda por si situación de dependencia. Un plan que, además, iría en consonancia con uno de los grandes objetivos sobre el actual modelo de residencias que es fomentar una mayor humanización.

Sin embargo, las Directoras y Gerentes señalan que "todavía no se han dado pasos decididos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria". En 2022, de hecho, este servicio sólo alcanzaba una cobertura del 5,5%, tan solo seis décimas más que en el año previo a la pandemia.