¿Qué va a pasar con las 629 personas rescatadas del Aquarius? Tras el anuncio de Pedro Sánchez de permitir la entrada en España de estos migrantes rescatados en el Mediterráneo, a los que Italia y Malta han negado el acceso a sus puertos, se han abierto varios interrogantes sobre la suerte que correrán una vez desembarquen en el puerto de València.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana adelantaron que está sobre la mesa la posibilidad de concederles el estatus de refugiado o de “personas en acogida", anunció el martes la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra tras la primera reunión para coordinar la llegada. Sin embargo, Valerio se ha mostrado prudente este miércoles. “Hay que ver en qué situación están, si están en peligro en sus países y si es así, entonces se les daría la condición de refugiado", ha explicado este lunes.

Pero obtener la condición de refugiado no es tarea fácil. El año pasado, España sólo otorgó 626 estatutos de refugiado y tiene pendiente de resolver 43.000 solicitudes. No obstante, entre las 629 personas que actualmente se dirigen a Valencia hay 26 nacionalidades diferentes. En concreto, hay personas de Afganistán, Argelia, Camerún, Chat, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Malí, Marruecos, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Bangladesh, República Democrática del Congo, Liberia, Somalia, Sudán del Sur, Togo y las Islas Comores, han detallado a Público fuentes de Médicos Sin Fronteras, una de las ONG que trabaja con el barco de rescate.

Situación de excepcionalidad por razones humanitarias

Aunque no se ha confirmado de manera oficial, parece que con los rescatados del Aquarius no se va a seguir el procedimiento habitual de Extranjería que se aplica a los migrantes que llegan en patera a las costas españolas. Lo normal, tras la primera atención de la Cruz Roja, es que pasen a disposición policial para ser identificados. Muchos de ellos acaban siendo expulsados o devueltos a su países —sobre todo las personas de Marruecos y Argelia, con cuyos Gobiernos España tiene acuerdos de repatriación—, aunque también pueden acabar en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se intenta proceder a la expulsión.

Otros, sobre todo si son de origen subsahariano, acaban siendo inexpulsables por imposibilidad de filiación policial y, tras 72 horas en dependencias policiales, son puestos en libertad cuando hay pocas plazas en los CIE, muchas veces sin orientación ni recursos de acogida y con un expediente de expulsión abierto.

De todas las personas que llegan por mar a territorio español, a las únicas a las que no se les abre un proceso de devolución son aquellas que solicitan protección internacional y se les admite a trámite, que es la fórmula que está sobre la mesa. Pero según diferentes fuentes consultadas, no todas personas del Aquarius reunirán los requisitos.

Tampoco son susceptibles de expulsión los menores de edad y las personas en una situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres embarazadas o las potenciales víctimas de trata.

Lo mediático de este caso parece haber envuelto a los rescatados por el Aquarius en un halo de excepcionalidad que, sin embargo, no confirman ni el Ministerio del Interior, ni el de Trabajo y Migraciones ni desde la Vicepresidencia del Gobierno. La vicepresidenta, Carmen Calvo, viajará este jueves a València y ofrecerá una rueda de prensa a las 13.30 horas junto al presidente valenciano, Ximo Puig, en el que aclararán algunas de esta dudas.

"Lo normal sería que se les autorice la entrada por razones humanitarias previstas en la ley de Extranjería para no aplicar procedimientos de devolución, garantizar el acceso al procedimiento de asilo y luego, que el Ministerio del Interior haga el estudio de los casos individuales, sus necesidades, así como las circunstancias de su país de origen", explica Paloma Favieres, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Fórmulas de protección internacional

La condición de refugiado, según establece el convenido internacional, la recibe una personas que "debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular" no pueden retornar a su país de origen. Las personas que huyen de un conflicto bélico pueden obtener una protección subsidiaria.

En caso de que se admita a trámite la solicitud, pasarán a centros del sistema de acogida estatal, cuyos recursos son bastante limitados, en opinión de numerosas ONG. No obstante, los ofrecimientos de decenas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para participar en la acogida paliarán este déficit.

En el caso de que no se acepte a trámite la solicitud de asilo o que, directamente, decidan no solicitarlo, pasarían a ser inmigrantes irregulares. El hecho de que éste se considere un caso excepcional por razones humanitarias posibilita que no se aplique la Ley de Extranjería, sino que los migrantes pasen al programa de Ayuda Humanitaria del Ministerio de Trabajo y Migraciones, que cuenta también con escasos recursos en todo el país y son gestionados por diferentes ONG como la Cruz Roja.

Sin embargo, este escenario no está confirmado por el Gobierno central. Tampoco saben exactamente a qué situaciones se van a enfrentar los abogados del Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio Oficial de Abogados de Valencia, que se encargarán de prestar asistencia letrada a las personas que desembarquen en Valencia. Según fuentes del Consejo, hay 70 letrados del turno de oficio de Extranjería preparados para la llegada durante el fin de semana. Pero todo son dudas entre los abogados, que entienden que el trato dependerá de muchos factores, como la nacionalidad y no pueden descartar que haya procedimientos de expulsión

Más de cien menores solos

Más clara parece la situación de los niños y adolescentes del barco. A bordo del Aquarius hay 123 personas que son o manifiestan ser menores de edad que han emprendido solos su proyecto migratorio. Al llegar a Valencia pasarán a ser considerados menores extranjeros no acompañados y su tutela recaerá en la Comunidad Autónoma.

Uno de los mayores temores de las ONG de protección de la infancia es que se les realicen pruebas oseométricas para determinar la edad. Se trata de radiografías, generalmente de la muñeca, con las que la Fiscalía decreta si una persona es mayor o menor de edad. Son pruebas con un margen de error de varios años, pero a pesar de ello, en muchos casos tienen más validez que los documentos de identidad que porte el supuesto menor. Este protocolo ha dejado en un limbo jurídico a cientos menores que han sido convertidos en mayores edad por decreto del fiscal y han quedado desprotegidos por el sistema.

Sin embargo, el desembarco es sólo la primera fase de un proceso que se alargará en el tiempo. Muchas organizaciones han mostrado su preocupación sobre el destino de estos migrantes cuando el Aquarius desaparezca de los medios de comunicación y, sobre todo, piden que este gesto del Gobierno sea un “cambio de tendencia” en materia de acogida y en políticas migratorias. “Esperamos que las personas que llegan cada día a nuestra costas puedan recibir este mismo tratamiento, que se les dé información adecuada, se les facilite el acceso a la protección internacional y no se solicite directamente el ingreso en los CIE”, destaca Favieres, de CEAR.