SEVILLA.- Lucía, una niña murciana de 13 años, se quitó la vida hace unos días en su domicilio y la Policía investiga si su muerte fue consecuencia del trato vejatorio que venía sufriendo en la escuela por parte de algunos compañeros de su misma edad. Lucía fue víctima de acoso escolar en el colegio, al entrar en el instituto siguió siendo acosada por los mismos jóvenes; su familia la cambió de centro para evitar más humillaciones e insultos, pero estos le persiguieron hasta que ya no pudo soportarlo más. El acoso escolar ya no es un fenómeno que se circunscriba únicamente al aula o al colegio, ha adquirido una dimensión sin fronteras debido al uso que hacen los acosadores de las nuevas tecnologías (móviles y redes sociales principalmente).

Coincidiendo con este suceso, el Gobierno andaluz se ha apresurado a poner en marcha el nuevo protocolo contra el ciberacoso en la escuela, una variante del acoso escolar a través de Internet, móviles, redes sociales o cualquier plataforma tecnológica que se use para amedrentar, amenazar, humillar o acorralar a un alumno (dentro o fuera de la escuela). La Consejería de Educación va a remitir a todos los colegios e institutos de la comunidad este nuevo protocolo que las escuelas deberán integrar en sus reglamentos internos, y que incluye una medida drástica para “situaciones de urgencia”: los profesores podrán retirar temporalmente el móvil a los alumnos acosadores y también supervisar su contenido.

El protocolo andaluz contra el ciberacoso, al que ha tenido acceso Público, reseña una serie de conductas que se identifican como acoso puro y duro: “Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales; difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de desprestigiarla; etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona implicada a una posible escalada de observaciones y comentarios de terceros; publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red social, un chat o a través del teléfono móvil; grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de la web, teléfonos móviles, etc; suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un perfil, una red social, un foro de mensajes, un chat; incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual y difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales o páginas de difusión masiva sin el consentimiento de la víctima”.

El nuevo protocolo pone el foco en la prevención de los casos de ciberacoso y para ello describe las consecuencias y los síntomas que pueden identificar a la víctima, al agresor y a sus colaboradores

Las instrucciones que la consejería ha enviado a las escuelas distinguen dos formas de ciberacoso, la que sufre un menor a manos de un adulto, que utiliza las nuevas tecnologías para relacionarse con el niño “utilizando una identidad falsa y normalmente con una finalidad sexual explícita o implícita”; y la que se da entre alumnos de la misma edad. El nuevo protocolo pone el foco en la prevención de los casos de ciberacoso y para ello describe las consecuencias y los síntomas que pueden identificar a la víctima, al agresor y a sus colaboradores, para así facilitar al profesorado la detección del problema.

El ciberacoso, según el documento, presenta características específicas que agravan aún más las situaciones habituales de acoso escolar, por ejemplo “el anonimato y la ausencia de testigos directos cuando un joven amenaza, insulta o humilla a otro a través de las redes sociales”. La “intencionalidad” de hacer daño, la reiteración del acoso y el efecto multiplicador que provoca la difusión de ataques o actos humillantes a través de las redes sociales son también características del ciberacoso. Las víctimas del acoso escolar convencional suelen ser reacias a reconocer el problema, a veces por vergüenza, a veces por miedo a represalias del agresor. Con el ciberacoso se suma otra variante: “el temor a la retirada o la limitación en el uso del teléfono móvil, el acceso a internet o la participación en plataformas de juegos online”.

Retirar el móvil o llevar el caso a la Fiscalía

El protocolo introduce medidas cautelares contra el alumno supuestamente acosador, siendo la más llamativa la “supervisión o privación temporal del uso del móvil o de internet” en caso de urgencia

Las víctimas tienen miedo de que sus padres, para solucionar el problema, les quiten sus móviles, sus ordenadores o sus consolas de videojuegos. Para evitarlo, “muchos chavales acosados en la escuela han llegado incluso a borrar los mensajes y las imágenes vejatorias que podrían suponer una prueba para poner en marcha actuaciones contra los agresores”, dicen los expertos que han colaborado con Educación. El protocolo introduce medidas cautelares contra el alumno supuestamente acosador, siendo la más llamativa la “supervisión o privación temporal del uso del móvil o de internet” en caso de urgencia o extrema necesidad.

En caso de extrema gravedad, el maestro podrá “poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de la Policía y solicitar las oportunas medidas cautelares de protección”. No se trata de una medida que el centro deba adoptar de forma obligatoria, pero las instrucciones sí habilitan ahora a las escuelas para incluir esta iniciativa en su plan de convivencia y como parte de su reglamento interno de organización. Los profesores andaluces tienen ahora un asidero legal para retirar el móvil a sus alumnos sin su consentimiento ni el de sus padres, aunque la norma no especifica durante cuánto tiempo pueden privarle de sus celulares.

El resto de medidas son de carácter preventivo, por ejemplo, “recomendar al alumno acosado que evite las provocaciones que recibe en el móvil, y que conserve las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a bloquear al acosador, denunciando a los servicios de la red el comportamiento inapropiado”. El protocolo también introduce la figura del alumno “ciberayudante” para proporcionar apoyo, ayuda y seguridad a la víctima.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, no cree que la retirada del móvil al alumno acosador sea “radical”, defiende que es “necesario” que los colegios sepan que pueden contar con esta medida en casos extremos, porque en los últimos años se han multiplicado las situaciones de violencia escolar ejercida a través de redes sociales muy conocidas, como Facebook, Tuenti o Twitter. No obstante, De la Calle prefiere restar “alarmismo” a este fenómeno y recordar que los casos registrados de acoso escolar convencional representan sólo el 0,03%, es decir, 358 casos detectado en una población estudiantil de casi dos millones de alumnos.

La Junta de Andalucía, pionera en la lucha contra el ciberacoso

El protocolo andaluz contra el ciberacoso incluye la creación de un equipo provincial de seguimiento de los casos que se detecten, integrado por el jefe de orientación educativa, un inspector educativo, el gabinete de asesoramiento sobre la convivencia escolar y la igualdad y un representante del equipo de orientación especializado en atender a alumnos con trastornos graves de la conducta. Un grupo multidisciplinar de expertos ha trabajado en su diseño durante un año, integrado por representantes de distintas consejerías –Empleo, Empresa y Comercio; Igualdad y Políticas Sociales; Justicia e Interior y Educación– y especialistas de centros educativos, Instituto Andaluz de la Mujer, Instituto Andaluz de la Juventud, Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, Universidad de Sevilla o la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

El Gobierno andaluz se convierte así en el primero en abordar una estrategia específica contra esta forma de violencia escolar, para dar respuesta a la creciente utilización de las nuevas tecnologías por parte del alumnado y por las características de este tipo de conducta. El protocolo contra el ciberacoso será una herramienta nueva dentro del Plan de Convivencia Escolar que existe en las aulas andaluzas desde hace casi una década. En 2011, la Consejería de Educación publicó una orden que regulaba por primera vez un protocolo de actuación ante casos de acoso escolar, que ahora se actualizará con las instrucciones específicas para situaciones de ciberacoso.